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| La foto presentada como evidencia del caso Curuguaty. La Fiscalía sostiene que muestra a Rubén Villalba apuntando al subcomisario Erven Lovera. |
¿Quién inició los disparos que cobraron 17 vidas y tumbaron
a un Gobierno? ¿Hubo ejecuciones extrajudiciales? ¿Cuáles son las
responsabilidades de los campesinos y cuáles las del Estado? La politización
del caso Curuguaty impide conocer toda la verdad. El controvertido y sospechado
juicio sigue pendiente.
#CrónicasDeLaMemoria
Por Andrés Colmán Gutiérrez | @andrescolman
El hombre de la camisa roja aparece en la foto apuntando un
objeto no identificado hacia otro hombre vestido con un uniforme de policía,
con la inscripción GEO en la espalda.
Alrededor hay policías y campesinos apostados en el camino
de tierra y entre la vegetación, en una escena confusa, pero que revela mucha
tensión.
La foto es borrosa, desenfocada, aparentemente por haber
sido tomada a distancia, pero se alcanza a divisar que uno de los campesinos
tiene un machete en la mano, otro tiene un garrote de madera y más al fondo
están otros apuntando lo que parecen algunas escopetas. También se aprecia que
la mayoría de los campesinos tienen el rostro cubierto por pañuelos blancos.
La fotografía captada por un policía en la mañana del
viernes 15 de junio de 2012, fue presentada por el fiscal Jalil Rachid y por el
equipo a cargo de la investigación como una de las principales evidencias de la
acusación del Ministerio Público sobre el denominado Caso Curuguaty.
La versión oficial sostiene que el hombre de la camisa roja
en la foto es Rubén Villalba, principal líder de los campesinos ocupantes, y lo
que tiene en las manos es un revólver que apunta a la cabeza del subcomisario
Erven Lovera Ortíz, jefe del Grupo Especial de Operaciones (GEO) de la jefatura
policial del Alto Paraná, que esa mañana encabezó al primer grupo que ingresó
junto a los campesinos.
"El primer disparo vino de los ocupantes, los policías
no tenían armas. El grupo negociador (de la policía) no tenía armas", dice
Rachid, quien refiere que ese primer disparo provino probablemente del revólver
de Villalba, causando la muerte de Lovera, y que otros campesinos también
dispararon, asesinando además a otros cinco policías (Osvaldo Sánchez Díaz,
Wilson Cantero, Jorge Rojas Ferreira, Juan Gabriel Godoy y Derlis Ramón Sosa).
"Una vez que se producen los disparos, que duraron
entre treinta a cuarenta minutos, de acuerdo a los testimoniales que nosotros tenemos,
se vuelven a reagrupar los policías y efectúan esos disparos, ya ante una
acción. Lo que hicieron fue una reacción y ahí se da la explicación de porqué
hay bajas en los ocupantes", asegura Rachid.
Investigación de un solo
lado
A dos años del más grave incidente armado en un conflicto de
tierras, que dejó un saldo de 6 policías y 11 campesinos muertos, y que días
después sirvió como principal excusa para un juicio parlamentario abreviado que
destituyó al presidente Fernando Lugo, el llamado Caso Curuguaty sigue
provocando más preguntas que respuestas.
La principal crítica de organizaciones internacionales de
derechos humanos es que la Fiscalía solo investiga la muerte de los 6 policías,
pero no la de los 11 campesinos, presuponiendo que solo hubo hechos punibles
cometidos por los ocupantes.
Otras investigaciones realizadas en forma paralela, una de
ellas por la Plataforma de Estudios e Investigación de Conflictos Campesinos
(Cpeicc), presidido por el ex presidenciable liberal Domingo Laíno, otra por la
organización internacional Vía Campesina y otra por la Coordinadora de Derechos
Humanos del Paraguay (Codehupy), coinciden en señalar varias irregularidades en
toda la actuación policial, fiscal y judicial, desde sus inicios.
El primer punto cuestionado es que el aparatoso operativo
realizado el día 15 de junio de 2012 se presentó ante la opinión pública como
una acción para desalojar a los ocupantes, pero la orden judicial que la
respaldaba, firmada por el juez José Dolores Brítez, era solo una orden de
allanamiento.
El caso fue expuesto originalmente como un desalojo de
personas que invadieron una propiedad privada de la empresa Campos Morombi SA,
del empresario y político colorado Blas N. Riquelme, vinculado en su momento a
la dictadura stronista; pero los documentos revelados posteriormente permiten
sostener que las tierras son en realidad del Estado paraguayo, donadas en 1967
por la empresa La Industrial Paraguaya SA, de la cuales Riquelme se apropió
indebidamente, tal como lo asegura el propio Instituto Nacional de Desarrollo
Rural y de la Tierra (Indert). Pero esta cuestión aún debe ser decidida
finalmente por la Corte Suprema de Justicia.
Lo que pasó ese día
Una fuerza total de 324 policías, al mando del comisario
general Arnaldo Sanabria Morán, director de la 4ª Zona Policial, se movilizó
esa mañana para desalojar a los ocupantes, según consta en el expediente del
Ministerio Público.
La policía ingresó en dos columnas, por dos de los tres
únicos caminos que llegaban hasta el campamento de los campesinos, a unos 3
kilómetros de la ruta 10, Las Residentas, buscando rodearlos y dejarlos sin
vías de escape. En el lugar, según la mayoría de los testimonios, había unos 60
ocupantes, incluyendo hombres, mujeres y niños.
Un helicóptero Robinson Raven R44, a cargo de la la
Agrupación Aero-Fluvial de la Policía Nacional, dotado de una potente cámara
grabadora de videos, sobrevoló desde temprano el campamento de los campesinos y
el piloto detectó que varios de ellos estaban armados "con escopetas,
foisas (hoces) y machetes".
Aunque el fiscal Jalil Rachid y varios voceros de la
Fiscalía insisten en que los policías que se acercaron a los campesinos lo hicieron
sin portar armas de fuego, o que solo tenían balines de goma, los testimonios
de varios de los propios policías revela que unos diez efectivos operativos
tácticos que ingresaron por el lado del establecimiento de la empresa Campos
Morombí, junto al jefe del GEO, Erven Lovera, y al jefe de orden y seguridad de
la Policía de Canindeyú, Miguel Ángel Anoni, sí estaban armados con fusiles
automáticos de asalto Galil (de origen israelí, aunque fabricados en Colombia),
cargados con munición calibre 5,56 milímetros, con cargadores curvos que llevan
35 a 50 proyectiles.
Los testimonios de los policías indican que los efectivos
tácticos se parapetaron a muy pocos metros del lugar en que Erven Lovera
intentó dialogar con los campesinos, apuntando con sus armas a los campesinos
que se encontraban igualmente parapetados del otro lado, también apuntando con
algunas escopetas.
Los detalles acerca de lo que sucedió en ese momento clave,
difieren según quien lo cuenta. Fredy Toledo, Vicente González y Virgilio
Blasco Giménez, policías que eran miembros del grupo táctico y lograron
sobrevivir, coinciden en que tanto desde el helicóptero Robinson 44, como
durante la propia observación en tierra, ya habían identificado a varios
campesinos armados con escopetas, parapetados detrás de sus dirigentes en
"una formación de tipo medialuna", o abiertos en forma semicircular,
para no dispararse unos a otros.
La instrucción que recibieron los policías tácticos fue que
cada uno identifique a un "objetivo hostil" (campesino armado), los
pongan en la mira de sus fusiles Galil, y se queden apuntándolos
concentradamente, previendo cualquier ataque.
Quienes sí ingresaron por el otro camino, por el sector de
Hacienda Paraguaya, sin portar armas reglamentarias, fueron los cascos azules o
policías antimotines del GEO encabezados por unos diez escopeteros cargados con
balines de goma, con una reserva de unas 70 granadas de gas lacrimógeno.
El incidente que provocó
la masacre
Varios testimonios coinciden en que hubo un inicio de
diálogo entre el subcomisario Erven Lovera y los principales dirigentes, Rubén
Villalba, Avelino "Pindú" Espínola Díaz y Adolfo Castro Benítez.
En el informe de la Codehupy, uno de los testigos campesinos
sostiene que Espínola le pidió a Lovera: "Vamos a conversar", pero el
jefe policial le dijo que ya no había nada que discurtir, y que debían
abandonar el terreno. Hubo un forcejeo. "Ahí alzó la mano Espínola, y ahí
ya le dispararon (a Espínola)", dice.
Las versiones de los policías que declararon en el
expediente de la Fiscalía son diferentes. Sostienen que un "campesino
corpulento, vestido con una remera roja, con tapabocas y lentes oscuros",
fue quien le disparó primero a Lovera. Fredy Toledo, César Medina y Juan Sixto
Benítez coinciden en que un campesino atacó primero con una foisa (hoz) a
Lovera, quien esquivó el golpe con la mano, entonces el campesino de remera
roja (presuntamente Villalba) que le estaba apuntando con su revólver le
disparó a quemarropa dos balazos. Luis Alberto Rolón dice que el disparo fue a
la cabeza, otros dicen que fue al tórax.
Sea quien sea el que hizo el primer y segundo disparo, le
siguieron en seguida varias ráfagas de disparos, varios de ellos de armas
automáticas, tal como se escucha en el video grabado por uno de los policías
antimotines que ingresaban desde atrás. Hasta ahora, las evidencias apuntan que
solo los policías tácticos apostados tenían armas automáticas (los fusiles de
asalto Galil).
Los muchos interrogantes
Durante el enfrentamiento armado, el helicóptero Robinson
Raven R44 de la Agrupación Aero-Fluvial, sobrevoló varias veces el escenario y
se presumía que grabó secuencias importantes de lo ocurrido.
En una entrevista con Radio Ñandutí, días después de la
masacre, el jefe de la Agrupación Aero-Fluvial, comisario Roque Julio Fleitas,
le aseguró al periodista Humberto Rubín: "Hay mucho material filmado por
la cámara del helicóptero". Varias semanas después, el fiscal Jalil Rachid
dijo que lamentablemente la cámara del helicóptero no funcionaba, y que ninguna
imagen se pudo grabar desde el aire.
De la escena del enfrentamiento, la Fiscalía recolectó como
evidencias las armas que habrían usado los campesinos: 4 escopetas viejas, 1
rifle calibre 22 transformado de aire comprimido, 1 revólver Eibar calibre 38,
19 foisas, 15 machetes y machetillos, 8 mboka ñuhá o armas de fabricación
casera, 1 bomba molotov, además de linternas, celulares, edredones y
proyectiles calibre 22.
Varios días después, el 25 de junio, se agregaría como
evidencia una escopeta calibre 12, hallada cerca de la parroquia de Curuguaty,
y que según el dueño, fue robada el 22 de junio, siete días después de la
masacre.
Diversas denuncias y testimonios acusan además que, tras el
primer intercambio de disparos, sectores de la Policía reaccionaron con
desmedida crueldad y violencia, iniciando una especie de "cacería
humana" de los campesinos sobrevivientes.
La Codehupy y los abogados defensores de los campesinos
acusados por la masacre sostienen que existen indicios de que al menos 7 de los
11 campesinos muertos habrían sido víctimas de ejecuciones extrajudiciales, que
la Fiscalía se niega a investigar.
La politización de un
caso judicial
El más grave caso de muertes violentas por conflicto agrario
en la historia contemporánea del Paraguay ingresó desde el primer momento en un
pantanoso terreno político, cuando los sectores mayoritarios en el Parlamento,
entre ellos el opositor Partido Colorado y el cogobernante Partido Liberal, con
respaldo de otros grupos como Unace y Patria Querida, utilizaron el conflicto
para forzar un cuestionado juicio político express, logrando destituir al
presidente Fernando Lugo, más identificado con la izquierda, a quien le
sustituyó su vicepresidente, el liberal Federico Franco.
La visión política dominante se imprimió también al
tratamiento jurídico del caso Curuguaty, en donde la investigación fiscal
pareció establecer desde un primer momento la premisa de que los campesinos
eran los únicos culpables, y no hubo ninguna acción irregular de parte de los
policías y otros organismos del Estado.
La mayoría de los procesados se exponen a una pena de hasta
25 años de cárcel, por la acusación de homicidio doloso en grado de tentativa.
Serán juzgados Rubén Villalba, Felipe Benítez Balmori, Luis Olmedo, Adalberto
Castro, Arnaldo Quintana, Néstor Castro, Lucía Agüero, María Fani Olmedo, Dolores
López, Juan Tillería, Alcides Ramón Ramírez y Felipe Nery Urbina.
Los primeros nueve están acusados de invasión de inmueble
ajeno, asociación criminal y homicidio doloso en grado de tentativa. Ramírez y
Tillería están por invasión de inmueble, y Urbina, por frustración de la
persecución y ejecución penal.
A esta lista hay que agregar a Rilsi Raquel Villalba Ortiz
(18), pareja de Rubén Villalba, que también debe ser juzgada pero con el
proceso penal adolescente, debido a que era menor de edad cuando se produjo la
matanza.
Desde el otro sector de los grupos de izquierdas y de
organizaciones de derechos humanos, que han conformado la Articulación
Curuguaty, se sostiene con frecuencia la teoría de que la masacre de junio de
2012 fue una compleja conspiración montada por sectores de derecha para destituir
al Gobierno de Lugo, olvidando que la movilización de los 324 policías para
desalojar irregularmente a los campesinos de Marina Cué fue una acción avalada
por el entonces ministro del Interior, el actual senador Carlos Filizzola, del
Frente Guasu.
Otra de las teorías que se manejan desde el sector que
cuestiona la investigación oficial es que los disparos que provocaron la muerte
de campesinos y policías habrían sido realizados por francotiradores desde
zonas boscosas, como llegó a sugerir el informe de la Plataforma de Estudios e
Investigación de Conflictos Campesinos (Cpeicc), de Domingo Laíno, aunque hasta
ahora no surgieron evidencias concretas que permitan sostener esta afirmación.
La politización del caso judicial, sostenida desde uno y
otro sector, impide que hasta ahora se conozca los detalles sobre lo que
realmente sucedió hace dos años en Curuguaty. El juicio oral del caso está
previsto para el próximo 26 de junio, pero existen fuertes versiones de que
nuevamente sería suspendido.
