#CrónicasDeLaMemoria
Andrés Colmán Gutiérrez - @andrescolman
Mucha
gente me llamó y me escribió en la noche del domingo, luego de que Rafael
Filizzola, ex ministro del Interior en la presidencia de Fernando Lugo, me
nombrara durante una entrevista en el programa Algo Anda Mal (AAM), por Canal
13, mencionando que fui el periodista que acompañó el momento en que se tomó la
foto en que él aparece con Lucio Silva, actual integrante del grupo armado
Ejército del Pueblo Paraguayo (EPP), lo cual me convierte en testigo de un
asunto polémico que vuelve a cobrar actualidad y a despertar interés.
La
foto de Filizzola con Silva es la misma que ya ha sido utilizada políticamente
en varias oportunidades por gente del oficialismo colorado y que el actual
ministro del Interior, Francisco de Vargas, ha sacado nuevamente a luz en estos
días, sugiriendo que esa foto sería una prueba de que su antecesor en la misma
secretaría de Estado estuvo involucrado con el EPP, en sus orígenes.
En
realidad, esa foto es parte de un reportaje a dos páginas que el diario Última
Hora publicó en su edición del lunes 18 de marzo de 2002, narrando un viaje
desde la comunidad de Kororõ'i, San Pedro, en que los campesinos Lucio Silva y
Gustavo Lezcano, en ese momento prófugos de la justicia, acusados de integrar
el grupo que había secuestrado a María Edith de Debernardi, decidieron
entregarse y comparecer ante la Fiscalía, exigiendo como garantía el
acompañamiento de un equipo periodístico de nuestro diario y de representantes
del Congreso Nacional.
Otra
precisión necesaria es que yo no participé del equipo que viajó a Kororõ'i.
Quien realizó ese reportaje fue el compañero Miguel H. López, integrante del
equipo de investigación de ÚH, del cual yo era en ese momento el editor
responsable. Miguel viajó en compañía del fotógrafo Lucas Nuñez, en un móvil
del diario, y de varias otras personas, que fueron en sus propios vehículos,
como los abogados Oscar Ayala Amarilla y Enrique Castillo, y el diputado Rafael
Filizzola, a quien luego se unió el también legislador Julio Perrota. A mí me
tocó coordinar el operativo, pero desde la Redacción.
Para
entender bien el contexto, empecemos por ubicar el momento de la historia…
***
El
16 de noviembre de 2001 era secuestrada María Edith Bordón, esposa del
ingeniero Antonio Debernardi (considerado uno de los “barones de Itaipú”), tras
su práctica de ejercicios en el Parque Ñu Guasu.
Era
el primer secuestro significativo que sucedía en muchos años en el Paraguay, y
que -aunque entonces no lo sabíamos- marcaba la irrupción de un grupo criminal
(que recién en 2008 iba a asumir un nombre supuestamente guerrillero, el del
EPP), vinculado a una parte de la dirigencia de una organización política (en
ese momento el Partido Patria Libre).
Tras
el pago de un rescate (un millón de dólares, según la versión oficial), María
Edith fue liberada en la madrugada del 19 de enero de 2002.
Esa
misma mañana, el entonces jefe de Investigación de la Policía, comisario
Roberto González Cuquejo, hacía una revelación llamativa, que convirtió lo que
parecía un simple caso policial en un verdadero escándalo político: El
secuestro y la posterior liberación “se trató de un desenlace exitoso de un
plan de un grupo de izquierda, con intenciones de promover la desestabilización
del Gobierno”, dijo González Cuquejo.
En
seguida, la policía distribuyó una lista de los acusados de haber cometido el
secuestro. Dos de ellos eran conocidos dirigentes políticos de izquierda, Juan
Arrom y Anuncio Martí, dirigentes del Partido Patria Libre.
Los
demás eran seis ex presos por un intento de asalto a un banco en la ciudad de
Choré, en 1997, conocidos como los integrantes de “la banda de Choré”: Alcides
Oviedo, Carmen Villalba, Gilberto Setrini Cardozo, Pedro Maciel Cardozo, Lucio
Silva y Gustavo Lezcano.
(Alcides
Oviedo y Carmen Villalba, actualmente presos y cumpliendo largas condenas en la
cárcel, se confirmarían posteriormente como los máximos dirigentes fundadores
del grupo armado conocido como el EPP).
Contra
todos ellos se libraron órdenes de captura y se desató una especie de cacería
humana, policial y mediática.
La
situación se volvió más compleja, cuando los familiares de Juan Arrom y Anuncio
Martí denunciaron que ambos estaban desaparecidos desde la noche del 17 de
enero de 2002, cuando fueron capturados por desconocidos frente a la sede del
Centro de Investigación Judicial. Los familiares aseguraban que la propia
policía los tenía secuestrados ilegalmente, mientras fingían buscarlos.
Esta
presunción se confirmó el 30 de enero, cuando dos hermanas de Juan Arrom,
siguiendo datos de un informante, llegaron hasta una casa de Villa Elisa y
pudieron comprobar que Juan y Anuncio estaban allí, mantenidos cautivos, con
visibles señales de haber sido torturados.
Al
ver que llegaban móviles de prensa, los habitantes de la casa huyeron a bordo
de dos autos sin chapas. Arrom y Martí luego los identificaron como oficiales
de policía a cargo del comisario Antonio Gamarra y denunciaron que dos
ministros del gobierno de entonces (el presidente era Luis Gonzalez Machi), el
del Interior, Julio César Fanego, y el de Justicia, Silvio Ferreira, no solo
sabían, sino que avalaban plenamente que ellos estaban secuestrados ilegalmente
y siendo torturados.
La
situación derivó en un verdadero escándalo político y puso en duda todas las
versiones oficiales sobre los autores del secuestro de María Edith, aunque las
evidencias que fueron apareciendo después confirmaron muchas de esas versiones.
Mientras,
los seis integrantes de la ex “banda de Choré” seguían siendo buscados en todo
el país, y tenían pedidos de captura internacional.
En
Última Hora, el caso fue inicialmente cubierto por los compañeros de la sección
Sucesos (Policiales y Judiciales), pero en la medida en que el tema se tornaba
denso, empezamos a meter mano los del equipo de Investigación (colaboraban
Susana Oviedo, Miguel H. López, Adrián Cattivelli, Arnaldo Alegre, Bernardo
Agustti, Gustavo Garcia, entre otros).
Fue
Susana Oviedo quien obtuvo un primer dato de que uno de los ex miembros de la
llamada “banda de Choré”, Pedro Maciel Cardozo, era maestro de una escuela
rural en una lejana compañía de Alto Verá, Itapúa, y que estaba con miedo de
ser capturado, aunque aseguraba que se había separado del grupo de Alcides
Oviedo y Carmen Villalba tras salir de la cárcel, y buscaba regenerarse. Para
él fue una sorpresa verse incluido en la lista de los secuestradores
Hasta
allí llegamos con Susana y logramos que Maciel Cardozo nos reciba y acepte ser
entrevistado, con mucho temor. Nos contó su historia y ofreció testigos, que
aseguraban que durante el tiempo en que María Edith estuvo secuestrada, él no
se movió del lugar, estuvo enseñando en su escuela e incluso asesoró como
técnico en informática las elecciones internas del Partido Colorado.
Tras
un contacto con el entonces fiscal general adjunto, Carlos Arregui, Maciel
Cardozo aceptó que lo acompañemos a presentarse ante la Fiscalía, donde fue
sometido a un reconocimiento y María Edith admitió que no lo reconocía entre
sus secuestradores. La Fiscalía levantó la orden de captura en contra suya y lo
dejó en libertad.
Los
reportajes sobre el caso Maciel Cardozo que publicamos con gran destaque en ÚH
despertaron las burlas sobre la negligente actuación policial y echaron más
dudas sobre las versiones oficiales que acusaban a los presuntos
secuestradores.
Fue
entonces cuando un informante se puso en contacto con el colega Miguel López,
asegurando que en una comunidad campesina de San Pedro, llamada Kororõ'i ,
vivian otros dos ex integrantes de la “Banda de Choré”, Lucio Silva y Gustavo
Lezcano, quienes también aseguraban ser inocentes, contaban con testigos de que
no se habían movido del lugar en la época del secuestro y estaban dispuestos a
entregarse a la Fiscalía, para someterse al reconocimiento.
Contactamos
nuevamente con el fiscal adjunto Carlos Arregui, quien brindó todas las
garantías para trasladar a los acusados hasta Asunción, pero los mismos pedían
la presencia de algunos parlamentarios, para otorgar mayor protección
constitucional. Recurrimos al entonces diputado Rafael Filizzola, del Partido
Encuentro Nacional, quien aceptó acompañar el operativo. Luego se sumó, durante
la presentación en la Fiscalía, su colega Julio Perrota.
Así
fue como Rafael Filizzola apareció fotografiado junto a Lucio Silva y Gustavo Lezcano.
En
Kororõ'i, según la crónica de Miguel López, varios pobladores atestiguaron que Silva y Lezcano no se habían movido de su comunidad en la
época en que Maria Edith fue secuestrada. De hecho, diez pobladores los acompañaron durante el viaje y se ofrecieron como testigos ante la Fiscalía,
donde ambos acusados fueron expuestos ante los ojos de la señora de Debernardi,
junto a otras personas, y ella dijo que no reconocía en el grupo a ninguno de
sus secuestradores. Por tanto, la Fiscalía levantó la orden de captura y los
dejó en libertad.
Años
después, Gustavo Lezcano apareció involucrado en otro secuestro, el de Cecilia
Cubas, hija del ex presidente Raúl Cubas, cometido por el mismo grupo criminal.
El principal testimonio que lo incrimina, junto a otro grupo de acusados, es el
del también ex integrante de Patria Libre, el concepcionero Dionisio Olazar,
quien aseguró en el juicio oral que Lezcano formaba parte de un grupo político
–al cual él también pertenecía-, que en una reunión realizada en Caaguazú, en
enero de 2005, decidió la eliminación fìsica de la secuestrada Cecilia, luego hallada
muerta y enterrada en Ñemby.
Lezcano,
junto a otros cinco campesinos, Agustín Acosta González, Roque Rodríguez,
Simeón Bordón, Basiliano Cardozo y Aristides Vera, cayeron presos en Buenos
Aires y luego fueron extraditados a Paraguay, donde acabaron condenados a 25
años de cárcel más 10 por seguridad. Diversas organizaciones internacionales
realizaron y siguen realizando campañas mediáticas a favor los seis,
presentándolos como presos políticos, asegurando que la evidencia mostrada en
juicio –la palabra de un solo testigo-, resultaba muy frágil para una condena
tan elevada.
De
Lucio Silva volvimos a tener noticias recién en 2013, cuando las fuerzas de
seguridad lo identificaron como uno de los miembros activos del grupo
combatiente del EPP. Hay fotos de él en uniforme y con fusil, y aparece en
algunos videos.
Lucio
Silva había ingresado a formar parte de la presunta guerrilla junto con sus
jóvenes hijos Claudelino Silva Cáceres y Jorgelina Silva Cáceres. Claudelino,
de 22 años, fue uno de los abatidos en el enfrentamiento con militares durante
el secuestro de Arlan Fick, el 2 de abril de 2014, en Paso Tuyá, donde
acabó muerto junto a Bernardo “Coco” Bernal.
Una
vivienda del ex suegro de Lucio Silva, Felipe Cáceres, en la compañía San
Isidro de Acahay, fue incendiada en junio de 2016, por personas desconocidas.
En el lugar del ataque dejaron pintatas que decían “¡Fuera EPP!”. En agosto de
2016 fue atacada la casa de la ex esposa de Lucio, Elisa Cáceres de Silva,
madre de los dos hijos que también ingresaron al EPP. La vivienda, ubicada en
un asentamiento en Mboy-i Itauguá, fue rociada con combustible, además
dispararon 27 balazos contra la casa, pero no llegaron a prenderle fuego. En el
lugar dejaron una nota que decía: “¡Fuera Silva Cáceres! ¡Fuera EPP!”.
Cuando
supimos que Lucio Silva era integrante activo del EPP, con los colegas que
habíamos trabajado en aquellos reportajes de 2002 no pudimos evitar la
sensación de haber sido utilizados. Muchas preguntas se nos cruzaron.
¿Realmente Lezcano y Silva no participaron del secuestro de Maria Edith, y
recién después se sumaron a las actividades criminales? ¿O el EPP tiene tanta
influencia en la población campesina, que es capaz de involucrar a toda una
comunidad, como la de Kororõ'i, para mentir colectivamente, aportando una falsa
coartada y librarlos en ese momento de la cárcel?
Al
menos sí tenemos la seguridad de que el otro ex miembro de la antigua “Banda de
Choré”, Pedro Maciel Cardozo, si se alejó definitivamente del grupo tras
aquella primera experiencia y prosigue su valiosa labor como maestro rural,
reivindicándose del error cometido a través de la educación.
En
síntesis, esta es la verdadera historia de la foto de Rafael Filizzola con
Gustavo Lezcano y Lucio Silva.
Sostener
en base a esa imagen que estuvo involucrado con el EPP significaría que el ministro del Interior tiene muy mala información sobre los hechos, lo
cual implicaría que su servicio de inteligencia es patético, o que tiene buena
información real pero la manipula buscando enlodar a un adversario político con
un propósito perverso. Sea cual sea la verdadera razón, habla muy pobremente
del principal ministro político del gabinete de Horacio Cartes.
P.D.: El ministro del interior, Francisco de Vargas, fue finalmente destituido luego de que los convencionales del Partido Colorado pidieran su cabeza al presidente de la República en una Convención de la Asociación Nacional Republicana, el 29 de octubre de 2016, por no pertenecer al partido oficialista. El presidente Horacio Cartes anunció públicamente que lo iba a echar del puesto. De Vargas se enteró del tema escuchando una emisora de radio. En su lugar fue nombrado Miguel Tadeo Rojas, un dirigente con trayectoria seccionalera.
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Andrés Colmán Gutiérrez - @andrescolman
