EPP: El Gobierno sigue perdiendo la guerra

A casi un mes de la polémica modificación de la ley 1337/99, “De Defensa Nacional y Seguridad Interna”, que concedió poderes extraordinarios al Poder Ejecutivo para autorizar a las Fuerzas Armadas a combatir al EPP, las acciones realizadas hasta ahora han producido muy pobres resultados.

A pesar del gran despliegue de tropas y recursos en la zona Norte, ninguno de los principales cabecillas del grupo armado ha sido capturado, ni los ataques se han detenido.

Aunque si fueron arrestados varios presuntos implicados en el asesinato del ganadero Luis Lindstrond, (Juan Ramón Cardozo Bazán, Pedro Pablo Balbuena, Damacio Miranda Medina, Ireneo Ramón Vallejos Rojas y Gustavo Ramón Cardozo Bazán) sobre quienes aún no se han exhibido evidencias concretas, no son los más buscados desde hace años (Osvaldo Villalba, Manuel Cristaldo Mieres, Magna Meza, Alejandro Ramos, Liliana Villalba, entre otros).

Por el contrario, la emboscada mortal que se produjo en la tarde del martes 1 de octubre, sobre el camino de tierra que une a Tacuatí con la Ruta 3 General Aquino, a unos tres kilómetros antes de salir al Cruce Tacuatí, dejando a un oficial de policía muerto –suboficial segundo Solano David Burgos Sena, de 19 años, que prestaba servicio en la Comisaría Policial de Tacuatí- y a varios heridos, tiene un efecto mediático demoledor sobre la ineficacia en las acciones de despliegue de las fuerzas de seguridad que se realizan en la región.

¿Cómo se entiende que en una zona presuntamente controlada y militarizada, con alta concentración de recursos bélicos, tecnológicos y de inteligencia, donde ya se han realizado otros anteriores ataques del EPP, uno o más francotiradores puedan realizar un nuevo ataque con alta efectividad, y luego desaparecer, sin que puedan ser hallados?

El ataque tuvo además un alto impacto político, ya que los vehículos atacados eran camionetas patrulleras policiales que trasladaban al director de derechos humanos del Ministerio del Interior, Hugo Samaniego, y a instructores de dicha dependencia, que habían acudido a dar una jornada de adiestramiento sobre derechos humanos a los efectivos policiales y militares, destacados en el Destacamento de Tacuatí. (El tema es particularmente sensible, ya que varias organizaciones no gubernamentales, como Serpaj y Codehupy, han hecho denuncias internacionales, sosteniendo que los agentes destacados en la lucha contra el EPP han violado derechos humanos básicos, en sus incursiones a los asentamientos campesinos de la región).

“No se trata de una luchas de fuerzas”, dijo en la noche del martes el presidente de la República, Horacio Cartes, tratando de quitarle dramatismo a la nueva pérdida de vida de un policía. Pero la opinión pública nacional e internacional si lo ve como una lucha de fuerzas, en la que el Estado paraguayo despliega todo su potencial de seguridad pública, incluso logrando una polémica modificación de leyes para emplear internamente a las Fuerzas Armadas, pero sigue sin obtener muchos resultados, y sigue dejando que se pierdan vidas.

No se ha confirmado hasta ahora que la emboscada mortal haya sido cometida por miembros del grupo armado. El EPP no lo ha reivindicado aún, ni lo ha negado. El Gobierno, a través del ministro del Interior, Francisco de Vargas, sostiene que todo apunta a que sí fue el EPP, pero que aún habrá que confirmarlo.

Mientras prosiguen las discusiones en las redes sociales acerca de si el EPP realmente existe o no, o si solo es una fachada de narcos y ganaderos, o si es una jugada del propio Gobierno para justificar acciones represivas... en gran parte del Norte desolado por cien años de soledad, marginación y olvido, por parte de los sucesivos gobiernos... los tiros siguen sonando… y la gente sigue muriendo.