¿Quién ordenó matar al vicepresidente?

El vicepresidente Luis María Argaña, uno de los últimos grandes caudillos del Partido Colorado, fue asesinado el 23 de marzo de 1999 en Asunción, generando la mayor movilización ciudadana, conocida como el Marzo Paraguayo, que terminó ocasionando la caída del gobierno de Raúl Cubas. Fue el mayor crimen político en la era democrática. El general Lino Oviedo, principal adversario de Argaña, fue acusado como presunto autor moral pero resultó absuelto por la Justicia, que no pudo -o no quiso- determinar quién fue el responsable del ajusticiamiento. A más de dos décadas, recordamos una densa historia de intrigas y violencia política que dejó su marca en la vida política del Paraguay.

#CrónicasDeLaMemoria

Por Andrés Colmán Gutiérrez

@andrescolman

Luis María Argaña Ferraro, vicepresidente de la República del Paraguay, se despertó de buen ánimo en la mañana del martes 23 de marzo de 1999, según recordaría su hijo mayor, el arquitecto Félix Argaña.

Poco después de desayunar con su esposa Marilyn, subió al asiento trasero de la camioneta Nissan Patrol, color rojo, que debía conducirlo desde su residencia en el barrio de Las Carmelitas hasta su despacho en el centro de la ciudad de Asunción, en la sede de la Vicepresidencia.

Adelante iban el chofer, Víctor Barrios Rey, y su custodio asignado, el suboficial de policía Francisco Barrios González. Aunque posteriormente varias versiones buscaron sostener que Argaña ya había muerto la noche anterior y que en la camioneta solo viajaba el cadáver, Félix Argaña asegura que su padre llegó a realizar varias llamadas desde su teléfono celular esa mañana, una de ellas a su hijo Jesús, a quien le dejó un mensaje grabado, ya que el mismo no pudo atender.

Según declaraciones recogidas después por la policía, por la Justicia y por la Comisión Bicameral de Investigación, el conductor siguió el trayecto habitual que tomaba todos los días. Al avanzar por la calle Diagonal Molas, a unos  40 metros antes de alcanzar Venezuela, un auto Fiat Tempra, de color verde oscuro, se ubicó al costado izquierdo y empezó a adelantarlo. Eran cerca de las 8.35 de la mañana.

Al llegar a una lomada, el auto se interpuso bruscamente frente a la camioneta y le cerró el paso. El chofer Barrios Rey se vio obligado a frenar de golpe, para no chocar. Entonces, según la versión de la mayoría de los testigos, dos hombres descendieron del interior del Fiat, mientras un tercero permanecía al volante, con el vehículo en marcha. Hay testigos que mencionan a un cuarto hombre, pero la mayoría coinciden en que los que descendieron eran dos.

El que bajó del asiento del acompañante es descrito como un hombre fornido, quien portaba una escopeta calibre 12. Del mismo lado, pero por la puerta trasera, descendió otro hombre, con armas cortas y granada de mano colgadas del cinto. Ambos tenían el pelo corto, iban vestidos con ropas militares de estilo camuflaje o para’i.

“Eran uniformes para para’i, tenían camisas de mangas largas, desprendidas, tenían la remera larga debajo, botas, cinturón verde, las granadas de mano colgaban de su cintura. Eso me llamó la atención, la forma en que se bajaron, porque se bajaron rápido y ya corrieron hacia la camioneta y comenzaron a disparar los dos…”, declaró Aurelio Arguello Enríquez, copropietario de una carpintería en el lugar del crimen, ante la Comisión Bicameral de Investigación.

Mientras el segundo hombre avanzó por la vereda hacia la parte trasera de la camioneta, el que llevaba la escopeta  se colocó en frente, levantó el arma y apuntó directamente al parabrisas, realizando los primeros disparos. Los perdigones atravesaron el vidrio y parte del fuselaje del capó, dejando varios agujeros, pero el parabrisas permaneció entero. El otro atacante disparó con la pistola automática. Los proyectiles impactaron de lleno en el cuerpo del guardaespaldas Francisco Barrios González, quien había tenido tiempo de extraer su arma, pero ya no alcanzó a contraatacar. El chofer Barrios Rey resultó herido en el rostro, pero no perdió el sentido.

-¡Agáchense, hay que salir de acá…! -gritó Luis María Argaña desde el asiento trasero, según relató el chofer Barrios.

El chofer reaccionó por instinto, poniendo la palanca de cambios en reversa y oprimiendo el acelerador. La camioneta retrocedió algunos metros a gran velocidad, giró en forma lateral y se incrustó contra la muralla de una casa vecina, quedando varada, con una de las ruedas reventadas y el motor todavía en marcha.

Los atacantes se aproximaron disparando contra el vehículo. El chofer abrió la portezuela y agachándose pudo correr hacia atrás, metiéndose al patio de una vivienda vecina.

El segundo atacante se aproximó hasta la ventanilla trasera, que ya estaba rota, donde encontró a Argaña agachado sobre el asiento. Hasta entonces, el vicepresidente aún no había recibido un solo balazo. Según se detalla en la reconstrucción del ataque, el sicario metió la mano con el revólver 38 por el agujero de la ventanilla y apuntó al cuerpo. Argaña levantó el brazo como para intentar proteger su rostro. La primera bala lo golpeó en el antebrazo. Otros dos proyectiles le alcanzaron en el pecho. El vicepresidente cayó tendido sobre el asiento. Allí recibió el cuarto y último disparo, la bala mortal que le ingresó en la espalda, le destrozó un riñón y llegó hasta el corazón.

Eran las 8.45 cuando el asesinato del vicepresidente fue consumado.

Mientras varios vecinos salían de sus casas a mirar lo que sucedía y otros vehículos que circulaban por la calle se habían detenido a la distancia, ocasionando un gran congestionamiento.

Los atacantes arrojaron una granada junto a la camioneta y subieron al automóvil, para alejarse rápidamente del lugar. La granada no llegó a explotar y luego fue desactivada por la Policía.

Posteriormente, el auto Fiat Tempra de los atacantes fue encontrado a pocas cuadras del lugar, totalmente incendiado para borrar pistas.

 Conmoción en la ciudadanía

Tras la huida de los asesinos, el chofer Víctor Barrios Rey salió de la vivienda vecina donde había buscado refugio y llamó por teléfono a la sede de la vicepresidencia, informando acerca del ataque que habían sufrido.

El dirigente político colorado José Alberto Planás, integrante del Movimiento de Reconciliación Colorada -organización interna del Partido Colorado que había fundado Argaña-, fue uno de los primeros en llegar al lugar. En una comunicación telefónica al aire con la periodista Mina Feliciángeli, directora de Radio Mil, confirmó que el vicepresidente acababa de ser asesinado. La comunicadora estalló en gritos y acusó directamente al general retirado Lino Oviedo y al presidente Raúl Cubas de ser los responsables del crimen. Rápidamente, la noticia fue retransmitida por las demás radioemisoras y los canales de televisión. Las agencias noticiosas internacionales empezaron a emitir cables urgentes.

Varios agentes de policías llegaron al lugar del crimen, pero parecían no saber demasiado cómo proceder. Rogelio Giménez, camarógrafo de Canal 9 Cerro Corá, vecino del lugar, llegó a los pocos minutos al sitio con su cámara, y pudo grabar las primeras escenas. Uno de los detalles absurdos mostrados en la televisión fue que un policía insistía en reclamar su cédula de identidad al chofer Barrios Rey, quien tenía el rostro sangrante y estaba en estado de shock, en lugar de prestarle auxilio.

Tras descubrir que había una granada de mano sin explotar debajo de la camioneta de Argaña, pasaron varios tensos minutos, hasta que expertos policiales realizaron una detonación controlada.

El cuerpo del vicepresidente Argaña fue sacado del vehículo y trasladado en una ambulancia hasta el Sanatorio Americano, sobre la avenida España casi Washington, donde los médicos confirmaron su deceso.

Varios familiares, dirigentes y militantes del Movimiento de Reconciliación Colorada comenzaron a juntarse frente al local del Sanatorio Americano, con la presencia cada vez mayor de periodistas, que emitían reportes en vivo por radios y canales de televisión.

En el lugar se produjeron llamativos incidentes, cuando dos prominentes políticos opositores, Guillermo Caballero Vargas, del Partido Encuentro Nacional, y Domingo Laíno, del Partido Liberal Radical Auténtico, se acercaron para dar sus pésames por la muerte del vicepresidente, pero fueron echados con gritos, insultos y empujones por los seguidores de Argaña, acusados de haber mantenido “una postura cómplice” ante las actos de violencia atribuidos al oviedismo. También un edecán, enviado del presidente  Raúl Cubas, fue expulsado del lugar.

Eran las 11.30 de la mañana cuando Adrián Castillo, dirigente de la juventud argañista y uno de los líderes de la organización Jóvenes por la Democracia (que reunía a las juventudes de los principales partidos opositores al oviedismo), acompañado de Fernando Camacho, de la juventud del Encuentro Nacional, propusieron realizar una marcha desde el local del Sanatorio Americano hasta el Palacio de Gobierno, aproximadamente unas 40 cuadras, para protestar contra el crimen.

Empezó a marchar un reducido grupo, que al inicio se componía solamente de una docena de personas, pero se iban sumando más personas por el camino. Cuando llegaron hasta las calles El Paraguayo Independiente y 15 de Agosto, casi en la misma esquina de la Casa de Gobierno, una barrera de policías les cerró el paso.

El número de manifestantes era cada vez mayor. Cantaban la canción “Patria querida” y coreaban consignas, exigiendo la renuncia del presidente Raúl Cubas y cárcel para Lino Oviedo.

La reacción gubernamental

Cerca del mediodía, el presidente de la República, Raúl Cubas Grau, leyó un comunicado condenando el crimen, prometiendo investigar y descubrir a los culpables. Ordenó el cierre de las fronteras y declaró duelo oficial por tres días. Dijo que tenía la conciencia tranquila y convocó a la paz y la tranquilidad.

El político colorado José Alberto “Icho” Planás revelaría posteriormente que el presidente Cubas Grau le llamó por teléfono esa mañana, cuando estaba aún en el Sanatorio Americano, consultándole si podía ir a llevar personalmente sus condolencias a la familia Argaña. Planás asegura que él le respondió: “Ni se te ocurra venir, porque te van a linchar acá. Lo que podés hacer es apresarlo ahora mismo a Oviedo, dale tu golpe vos, porque si no él te va a terminar golpeando”.  Icho dijo que Cubas se puso nervioso y cortó el teléfono.

Esa misma mañana se conoció un hecho muy llamativo, ocurrido en la sede del Tribunal Superior de Justicia Electoral (TSJE), sobre la avenida Eusebio Ayala, cuando varios periodistas informaron que a pocos minutos de confirmarse el asesinato de Argaña, dos de los tres miembros del Tribunal, Expedito Rojas y Carlos Mojoli, ya tenían lista una resolución convocando a elecciones para elegir a un nuevo vicepresidente para el 10 de septiembre.

La periodista Dolly Olmedo, de Radio Cardinal, declaró ante la Comisión Bicameral de Investigación que a las 9 de la mañana, apenas a 15 minutos de que se consumara el atentado contra Argaña, Raúl Mojoli, hijo de Carlos Mojoli, le reveló que su padre estaba preparando la resolución para elegir al nuevo vicepresidente.

El periodista Miguel Almada Tatter, de Radio Uno, quien realizaba coberturas en temas electorales, declaró ante el juez Jorge Bogarín: “A través de funcionarios de la Justicia Electoral, empezó a circular lo que sería un proyecto de resolución judicial, que aparentemente tenía la firma de los doctores Expedito Rojas y Carlos Mojoli. Recuerdo que ese proyecto fue acercado a las oficinas del doctor Ramírez Zambonini y quedó allí ese documento. Todo es fue alrededor de las 10:00 horas del 23 de marzo del año en curso. Esa resolución hablaba de que por haberse producido la vacancia de la vicepresidencia de la República, en su efecto se procedía al llamado para elecciones a fin de cubrir ese cargo. Este hecho llamó mi atención y el de los numerosos periodistas que en ese momento cubrían la Justicia Electoral”.

En horas de la tarde se conoció la noticia de que el ministro del Interior, comisario Rubén Arias, había renunciado a su cargo. En su lugar, el presidente nombra a su propio hermano, el capitán retirado Carlos Cubas, quien se comprometió públicamente a aclarar el asesinato de Argaña.

Carlos Cubas ya había sido ministro de Industria en el gabinete de su hermano, al inicio de su periodo presidencial, pero renunció el mismo día en que Raúl Cubas firmó el cuestionado decreto liberando al ex general que permanecía detenido, condenado por un intento de Golpe de Estado en abril de 1996.

El capitán Cubas relató después que su hermano lo convoco y lo enfrentó con mirada adusta  en el solitario despacho del viejo Palacio de López.

–Carlos, la situación que vive el país es muy grave –le dijo–. Te pido que olvidemos nuestras diferencias y que me ayudes. Quiero que dirijas personalmente la investigación del asesinato de Argaña.

Carlos Cubas observó a su hermano con cautela. Lo vio envejecido y desolado. Tuvo la impresión de que el sillón presidencial le quedaba más grande que nunca. El capitán era un viejo y experimentado político, pero Raúl no. Había sido corredor de rally, ingeniero civil de profesión, dueño de varias empresas. Ocupaba la presidencia por un azar de la política, ya que se había embarcado como segundo de Lino Oviedo en el proyecto electoral del general retirado, y cuando Oviedo fue inhabilitado como candidato, debido a la condena judicial, Raúl ocupó su lugar y conquistó la presidencia con el juramento de que, apenas asumiera el mando, liberaría inmediatamente a Oviedo. En ese momento parecía arrepentido de su temeridad.

–¿Querés que investigue el asesinato de Argaña... sea quien sea el responsable? –le preguntó Carlos, con cautela.

–Sea quien sea –respondió Raúl.

–¿Aunque el responsable pueda ser tu querido amigo... el general Oviedo? –insistió Carlos.

–Sea quien sea –repitió el presidente.

Un polvorín político, listo para estallar

El magnicidio fue la mecha que terminó de encender el polvorín político en que se había convertido el país, con la emergencia del general Lino Oviedo como aspirante a la presidencia de la República.

Condenado a diez años de cárcel por un intento de golpe de Estado contra el presidente Juan Carlos Wasmosy, en abril de 1996, Oviedo había sido liberado por su socio político, el presidente Raúl Cubas, en agosto de 1998, con un decreto que fue desautorizado por la Corte Suprema de Justicia. Un pedido de juicio político contra el mandatario aguardaba su tratamiento en la Cámara de Diputados, cuando se produjo el asesinato.

La indignación ante el crimen motivó la concentración de miles de ciudadanos en las plazas del Congreso, exigiendo la renuncia de Cubas y cárcel para Oviedo. Los oviedistas también movilizaron a sus partidarios y se produjeron enfrentamientos durante seis días, que mantuvieron en vilo al país.

En la noche del 26 de marzo, francotiradores dispararon con armas de fuego desde las sombras, dejando un saldo de 8 jóvenes muertos y más de 700 heridos. La conmoción provocó la renuncia del presidente Raúl Cubas y la huida de Lino Oviedo fuera del país. Asumió la presidencia el titular del Congreso, Luis González Macchi.

Incidentado proceso judicial

La investigación sobre el asesinato del vicepresidente Argaña adquirió desde el principio un fuerte tinte político, que echó sombras sobre la eficacia de la Justicia. La aparición de un testigo falso, Gumercindo Aguilar, que incriminó a diversas personas sin muchos fundamentos, arrastró el caso hacia un pantanal jurídico.

Pero aparecieron algunas pruebas concretas: Héctor Rudi Monges, el vendedor del auto Fiat Tempra usado por los sicarios, permitió dar con el comprador, Costantino Rodas.

Un cruce de las llamadas hechas desde el teléfono celular de Rodas a los pocos minutos tras el asesinato de Argaña, permitió conectar con otros sospechosos: Pablo Vera Esteche, Luis Rojas, Fidencio Vega y el mayor Reinaldo Servín, conocido dirigente oviedista, quien también se comunicó con el dirigente Víctor Galeano Perrone y el líder máximo de Unace, Lino Oviedo.

Como autores materiales, Rodas, Rojas y Servín fueron condenados a 25 años de carcel, y Vera Esteche a 22. Galeano Perrone y Vega permanecieron prófugos por mucho tiempo. En donde la Justicia no pudo avanzar mucho fue en la determinación de quien quién fue el autor moral.

Lino Oviedo seguía siendo investigado como el principal sospechoso.  Tras asumir la presidencia el entonces presidente del Congreso, Luis Angel González Macchi, se encomendó la búsqueda y captura internacional del líder de Unace, quien tras su huida de Paraguay fue acogido por el mandatario argentino Carlos Saúl Menem, quien lo protegió y le permitió moverse entre Buenos Aires y la región sureña de Ushuaia. Pero cuando se sintió muy acosado por los reclamos de  captura internacional, prefirió trasladarse al Brasil.

El 12 de junio de 2000, Oviedo fue capturado en Foz de Yguazú, Brasil, donde presuntamente se movía con un disfraz. Apelando a la Justicia brasileña, obtuvo la condición de asilado. En todo ese tiempo, siguió manteniendo vínculos con sus seguidores, dirigiendo acciones políticas y dando entrevistas "desde la clandestinidad", presuntamente oculto por momentos en territorio paraguayo.

El ex presidente Raúl Cubas Grau se mantuvo asilado en Curitiba, Brasil, hasta que sorpresivamente regresó al Paraguay en el año 2002, e inmediatamente fue arrestado y procesado por cargos de corrupción y por conspirar para el asesinato del vicepresidente Argaña, de los cuales resultó absuelto en su totalidad. Anunció que se retiraba de toda actividad política. Su esposa, Mirta Gusinky, quien se separó de Raúl, siguió activando en la ANR.

El 21 de septiembre del 2004, su hija Cecilia Cubas (de 30 años de edad en ese entonces) fue secuestrada, y aunque Cubas pagó un rescate de 800.000 dólares estadounidenses, en febrero del 2005, el cuerpo de la mujer fue encontrado enterrado en una casa abandonada en la ciudad de Ñemby a las afueras de Asunción.

En el otro caso, investigado por separado, el de los asesinatos de los manifestante en la plaza, durante el Marzo Paraguayo, tampoco hubo significativos avances. Hubo 39 procesados inicialmente, pero solo el tirador que fue filmado disparando a la multitud, Walter Gamarra, fue condenado a 25 años de cárcel. En una entrevista concedida al diario Última Hora desde la prisión, en marzo de 2009, Gamarra reconoció haber disparado “a causa del fanatismo y el alcohol” y acusó de haber sido tomado como un chivo expiatorio, ya que no fue el único que disparó esa noche. “Mucha otra gente estaba allí disparando, pero siempre hay un chivo expiatorio”, recalcó.

El 28 de junio de 2004, Oviedo retornó al Paraguay y decidió someterse por propia voluntad a la Justicia, para enfrentar los cargos acumulados en contra suya, tanto los del intento de golpe del 96 como por las muertes del Marzo Paraguayo. Fue detenido y trasladado a la Prisión Militar en Viñas Cué, en las afueras de Asunción.

El 23 de julio de 2007, Oviedo logró que un recurso de Habeas Corpus sea admitido ante la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia paraguaya, y obtuvo su libertad provisional en el proceso por el asesinato de Argaña.

Otro Habeas Corpus fue admitido en julio de 2007, logrando su libertad provisional en el proceso por la masacre de jóvenes del Marzo Paraguayo. En este caso, los abogados de Oviedo pretendieron cobrar las costas del proceso a los familiares de las víctimas, unos 785 millones de guaraníes. Los familiares de las víctimas del Marzo Paraguayo sostienen que la Justicia cedió a los lazos de corrupción que protegen a Oviedo y sus seguidores, favoreciendo la impunidad.

El 30 de octubre de 2007, la Corte también absolvió a Oviedo y dejó sin efecto la condena de 10 años por el intento de golpe de 1996.

Uno por uno, utilizando sus fuertes influencias en la Justicia Paraguaya y el poderoso aparato de abogados que siempre supo manejar, Oviedo logró desvincularse de todas las acusaciones y procesos en su contra y recuperar su plena libertad.

La mayoría de las últimas resoluciones a favor se obtuvieron durante la presidencia de Nicanor Duarte Frutos, por lo cual se habló de una alianza entre el último presidente colorado y el exmilitar.

Lino Oviedo falleció trágicamente en la noche del 2 de febrero de 2013, cuando regresaba a la Capital de una gira proselitista por la zona de Concepción. El helicóptero Robinson 44 que lo transportaba, en compañía del piloto y su guardaespaldas, se precipitó a tierra, falleciendo los tres tripulantes.

Llamativamente, la muerte del considerado último caudillo militar en la política paraguaya, ocurrió exactamente a 24 años del golpe que derrocó a la dictadura, de la que Oviedo fue protagonista y donde iniciara su azarosa carrera política.