No es la primera vez que guardias del exclusivo barrio cerrado Paraná Country Club, en Hernandarias, Alto Paraná, ponen obstáculos para demorar o tratar de impedir el ingreso de una comitiva fiscal policial, mientras permiten que delincuentes que viven allí, protegidos por grandes fortunas presuntamente mal habidas, se den a la fuga, tal como ocurrió este martes durante un allanamiento del Operativo Turf: “Presunto narco logra escapar de allanamiento en Paraná Country Club”.
Hay demasiados antecedentes de casos similares. Algunos de ellos se pueden ver en el video de este enlace.
En el tiempo en que fui jefe de la Redacción Regional del diario Última Hora en Ciudad del Este (de 2007 a 2011), me tocó enfrentar a los directivos del Country, cuando sus guardias querían impedir a toda costa que los periodistas entremos a cubrir intervenciones policiales y judiciales públicas, bajo el pretexto de que el lugar era "un barrio privado", como si eso les valiera violar derechos constitucionales, como la libertad de expresión y el derecho de informar, como si ese lugar fuera un estado dentro de otro estado, otro pequeño país dentro del país.
Tengo buenos amigos que viven en el Paraná Country Club y ellos mismos me han comentado que les molesta esta situación que les da mala fama, cuando la venta de costosos terrenos y lujosas mansiones se promociona justamente como "un refugio seguro, donde no serán molestados", que ha dado pie a que criminales internacionales pudieran esconderse allí, mientras eran buscados por la Justicia Internacional, como el famoso doleiro brasileño Darío Messer, o el prófugo argentino Ibar Pérez Corradi. Vean este informe del diario La Nación, de Argentina:
En el informe, el Paraná Country Club es descrito como “un barrio de 480 hectáreas, de bosques frondosos a orillas del río Paraná y ubicado a unos 15 minutos de Ciudad del Este, cuya característica principal es el contraste absoluto entre lo que hay dentro y lo que lo rodea”.
“Para entrar hay que pasar dos controles de seguridad y sólo ingresan los que tienen autorización o los que se hospedan en alguno de los dos hoteles internos en los que la habitación, por noche, varía entre los 1000 y los 2000 pesos argentinos. El que entra y el que se va quedan registrados. El alquiler de una casa ronda los US$ 2500 y los precios de venta varían entre US$ 600.000 y US$ 2 millones, según se constató en dos inmobiliarias distintas”, señala el artículo, que es de 2016. Los precios han variado mucho. “Tiene fama de ser tierra prometida para lavadores de dinero y narcotraficantes que buscan un refugio donde hacer sus negocios”, agrega el diario bonaerense.
Lo llamativo es que las autoridades policiales, fiscales y judiciales -es decir, el Poder Ejecutivo y el Poder Judicial-, permitan que empresarios privados les impongan reglas por encima de la Constitución. ¿Es porque los dueños del Country acaso tienen más poder que el mismo Estado, o es porque a la gente del mismo Estado les conviene que existan lugares al resguardo de la Ley y la Justicia?
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