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sábado, 10 de noviembre de 2012

Tierras para indígenas con olor a negociado



El presidente Federico Franco pide que los periodistas, "para tener una visión veraz", vayan a conocer las 7.862 hectáreas de tierras del ganadero Eliodoro Cohene, en Unión, San Pedro, que el actual Gobierno plantea de nuevo adquirir para grupos indígenas, a pesar de que diversos informes técnicos lo han desaconsejado.
Lo que el mandatario reclama ya lo hicimos el 19 de enero de 2012, cuando el autor de esta columna acompañó una visita que el entonces presidente del Instituto Paraguayo del Indígena (Indi), Óscar Ayala Amarilla, realizó a la propiedad, cuya compra era insistentemente reclamada al presidente Fernando Lugo por un grupo de nativos mbyá y avá guaraní, liderados por Panta Piris, con fuerte respaldo de figuras del propio entorno luguista, como el gobernador de San Pedro, José Pakova Ledesma, y los dirigentes de la Liga Nacional de Carperos (LNC), José Rodríguez y Eulalio López.
La edición de ÚH del 20 de enero de 2012 incluye en portada una fotografía del campo desolado, con el siguiente título: "Indi comprueba que tierras no son aptas para indígenas". El reportaje, en la página 27, detalla: "De las 7.862 hectáreas ofertadas, menos de 2.500 son montes altos, el resto es campo con arena y esteros".
Un informe del Ministerio de Agricultura y Ganadería sostenía categóricamente que la mayor parte de las tierras no son aptas para cultivos, no son hábitat tradicional ni reúnen condiciones para asentamientos indígenas.
Pero lo más sugestivo era el precio de las tierras, que dos años antes se ofertaron por 1.000 millones de guaraníes, pero a fines de 2011, cuando el Gobierno de Lugo propuso la compra, la oferta ya era de 63.000 millones de guaraníes, arrojando sospechas de una escandalosa sobrefacturación y de un posible negociado.
Al parecer, primó la racionalidad institucional sobre los intereses sectarios, y Lugo tuvo que aceptar la contundencia de los informes técnicos, desechando la compra de las tierras. Además de las denuncias periodísticas, resultó decisiva la postura del entonces presidente del Indi, Ayala Amarilla, quien se enfrentó al sector de Pakova Ledesma y los carperos, que tenían gran influencia en la cúpula luguista, donde ejercían una especie de gabinete social paralelo.
Llamativamente, apenas Lugo fue destituido, Ledesma y los carperos renegaron de su exaliado y se abrazaron a su sucesor, Franco. La nueva alianza rindió sus frutos, como revela la acción gubernamental que ahora reflota la compra de las 7.862 hectáreas de tierras de Unión, con base en un nuevo informe del MAG, que contradice a los anteriores, a pesar de que el ministro Enzo Cardozo sigue siendo el mismo que hace un año respaldó una versión totalmente diferente.


(Publicado en la columna “Al otro lado del silencio”, sección Opinión de Última Hora, edición sábado 10 de noviembre de 2012).


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(Anexo: Texto del reportaje tras la visita a las tierras de Unión, publicado en UH el 20 de enero de 2012)

Indi constata que tierras de Unión no sirven para asentar a indígenas

De las 7.862 hectáreas ofertadas, menos de 2.500 son montes altos, el resto es campo con arena y esteros. El presidente del Indi recorrió ayer la propiedad y en quince días tendrá una resolución.

Por Andrés Colmán Gutiérrez
UNIÓN - SAN PEDRO

Un polvoriento camino de tierra parte desde el cruce sobre la ruta 3, atraviesa el pueblo de Unión y al cabo de 20 kilómetros llega hasta el portón de la Agroganadera San Pablo SA, de Eliodoro Cohene, donde comienza la propiedad de 7.862 hectáreas, cuya compra reclaman los indígenas de las parcialidades Ava Guarani y Mbya Guarani, recientemente desalojados de la Plaza Uruguaya, de Asunción.
Al principio se observa una zona elevada de serranías, con buena vegetación, pero a poco de ingresar a la propiedad, el paisaje se va convirtiendo en extensos campos arenosos, donde se observan algunas vacas pastando, instalaciones ganaderas, algunas zonas muy bajas y esteros.
Ayer, aproximadamente a las 9.00, una comisión técnica encabezada por Óscar Ayala Amarilla, presidente del Instituto Paraguayo del Indígena (Indi), junto con expertos del Proyecto de Desarrollo Rural Sostenible (Proders), del Ministerio de Agricultura y Ganadería, realizaron una visita de verificación al lugar. Aunque la visita debía realizarse sin presencia de periodistas, el enviado de Última Hora logró ingresar, observar el terreno y obtener fotografías.

RECORRIDO. Los visitantes fueron recibidos por el propietario, Eliodoro Cohene, quien los guió en un recorrido por la mayor parte del establecimiento, incluyendo campos, retiros y una visita al casco central de la estancia, formado por una histórica y bella casona colonial, que fue centro de la antigua estancia San Bernardo SA, de los Gómez Zelada, formada a principios del siglo XX, originalmente con 24.000 hectáreas.
Durante la reunión mantenida con el propietario, el presidente del Indi se comprometió a seguir el proceso de consultas con otras comunidades indígenas de Caaguazú y San Pedro, antes de adoptar una resolución final sobre la compra de las tierras, ofrecidas por la agroganadera a un precio de 63.000 millones de guaraníes, y que según una nueva tasación del Ministerio de Obras Públicas, están valuadas en 51.000 millones.
La posible compra de estas tierras se volvió polémica porque dos años atrás parte de estas mismas tierras se ofrecieron por 1.000 millones de guaraníes, lo que desató la sospecha de una sobrefacturación en la actual oferta. A esto se suma la presión que ejercen allegados al presidente Fernando Lugo para que se concrete la operación.
Amable y hospitalario, el propietario de la Agroganadera San Pablo, Cohene, no quiso sin embargo acceder a una entrevista periodística y pidió que dirigiéramos las preguntas al contador de la empresa, Carlos Antonio López.
"El propietario del establecimiento tiene urgencia en que se resuelva si se van a comprar o no las tierras, ya se está alargando mucho el proceso, y se están diciendo muchas cosas que no son ciertas, que hay intereses políticos o de otro tipo por detrás. Eso no es verdad. Nosotros realizamos una oferta, hace cerca de un año, y no tenemos problemas en vender a otras personas, porque la tierra vale", señaló el contador López.

INAPROPIADO. Tras el recorrido, el presidente del Indi, Óscar Ayala Amarilla, declaró: "La impresión inicial que tengo, tras conocer de cerca este lugar, es que estamos ante un espacio geográfico que no es característico del tipo de asentamientos que usualmente tienen los indígenas mbya y ava guarani".
"Esto supone que, en la eventualidad de considerar un asentamiento en estas condiciones, necesitaría de tipos de planificación y de organización muy distintos al cual el Indi o el Estado no están habituados a realizar, y ni siquiera estamos en condiciones de acompañar hacia el futuro", agregó.
Enfatizó que, por las características de extensión del terreno, "la posibilidad de crear un asentamiento en un suelo con las características más propias de un establecimiento ganadero, con muchas tierras que son más bien pasturas, supone también un gran desafío a un modelo de convivencia, social, que permita equilibrar el tipo de recursos disponibles en el lugar, dado que este tipo de suelos y de inmuebles no expresan una diversidad de lugares en donde uno pueda decir que permite asentamientos diferenciados en lugares distintos".
"Es una situación bastante difícil, de cara a poder dar curso a una reivindicación de ese tipo", destacó.
El titular del Indi planteó que la cuestión de fondo es que el Estado, "en este momento y ante este caso, tiene la opción de considerar la mejor tierra, de cara a que el lugar que está reivindicado en ningún momento fue catalogado o establecido como un hábitat tradicional del grupo que lo pretende".
"Sabemos que lo que genera una obligación para el Estado es la relación que un grupo pueda demostrar o establecer respecto a un lugar específico, más allá de sus condiciones geográficas. En este caso no existe eso", afirmó.
Adelantó que en la primera quincena de febrero se estaría dando una decisión final al caso.


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