La amenaza paramilitar

Manuel Cristaldo Mieres, alias subcomandante Santiago, uno de los principales líderes del EPP.

Como si no faltaran actores violentos para enrarecer aún más el ya enrarecido conflicto armado que desde hace años convulsiona la región Norte del Paraguay, ahora ha entrado en acción un supuesto grupo paramilitar o parapolicial, que se hace llamar "Justicieros de la Frontera" o "Sicarios de Frontera" y anuncia que combatirá al grupo armado Ejército del Pueblo Paraguayo (EPP), pero en realidad ha iniciado sus ataques contra una humilde e indefensa familia campesina, cuya única "culpabilidad" es la de ser parientes de uno de los cabecillas de la banda guerrillera.

El ataque a balazos y el incendio del local de un taller, perteneciente a la familia Cristaldo Mieres, en la noche del domingo en Correa Ruguá, San Pedro, no es "un ataque contra el Epp", como se lo ha presentado informativamente.

No está demostrado que los padres y hermanos de Manuel Cristaldo Mieres (a quien se ve en la foto) tengan un vínculo ni complicidad alguna con él, más allá de la consanguinidad. Por el contrario, tanto sus padres, como su hermano sacerdote, siempre han manifestado su dolor ante la situación que sufren particularmente, su distancia y su postura crítica ante las acciones del grupo guerrillero. Atacarles a ellos es una actitud cobarde.

El mensaje que distribuyeron en FB, semanas antes del primer ataque.

No está claro si este grupo paramilitar es el mismo que hace dos años se empezó a atribuir asesinatos de supuestos delincuentes en la frontera de Pedro Juan Caballero, a los que -como macabro símbolo- les cortaban las manos. Aquellos se hacían llamar "Justicieros sin Fronteras", estos se hacen llamar "Justicieros de la Frontera", y en el panfleto escrito a mano que dejaron tras el ataque a los Cristaldo Mieres, se denominan "Sicarios de Frontera".

Aunque su accionar despierte una masiva simpatía y aplausos en sectores la población -expresada principalmente en los posteos en los medios digitales y en las redes sociales-, lo que hacen y pretenden seguir haciendo es claramente ilegal y criminal, y es algo que solo contribuye a aumentar aún más la espiral de violencia, delincuencia e impunidad que reina en la región, y que remite a trágicas experiencias violentas de otros países latinoamericanos, como la de los “paras” en Colombia, Perú, El Salvador, Honduras.

El mensaje que distribuían en Amambay, hace dos años.

La inoperancia -o la corrupta complicidad de organismo del Estado- para poner fin a la acción violenta del EPP, como a las bandas del narcotráfico y del crimen organizado que operan en la región Norte y en las zonas fronterizas, no justifican en absoluto respaldar la acción de otros grupos criminales que se presentan como "justicieros", ni avalar los ataques de estos contra personas inocentes.

A pesar de sentirnos desprotegidos por las actuales fuerzas de seguridad -y de los agentes de la Justicia y de la Fiscalía- que son inoperantes y en gran medida corruptas, a quienes apostamos por la vigencia de un Estado de derecho, no nos queda otra opción que seguir reclamando el mejoramiento y la acción de las instituciones democráticas, desde la presión social y el control de una ciudadanía activa, permanentemente movilizada, con propuestas de construcción de una sociedad mejor.

El panfleto que dejaron tras el ataque a los Cristaldo Mieres.