Ahora que surge la noticia de que la Corte Interamericana
de Derechos Humanos (CIDH) deberá resolver el próximo 7 de febrero de 2019 una
demanda de 80 millones de dólares contra el Estado paraguayo, presentada por
los activistas políticos de lo que fue el Movimiento -luego Partido- Patria Libre, Juan Arrom y
Anuncio Martí, tras su salida del Paraguay en 2002 y su permanencia en carácter
de refugiados políticos en Brasil –mientras eran y siguen siendo considerados
prófugos para la Justicia paraguaya-, luego de los episodios en que se vieron
envueltos con el secuestro extorsivo de María Edith de Debernardi en 2001 y su
relación con el grupo armado que posteriormente se transformó en el Ejército
del Pueblo Paraguayo (EPP), hay muchos que se preguntan qué fue lo que realmente
ocurrió en ese momento y cómo se llegó a la actual situación.
Esta es la versión periodística sobre el caso que
hemos publicado en el fascículo 5 de nuestro libro “EPP: La verdadera historia”,
que fue distribuido por el diario Última Hora semanalmente, desde noviembre de
2011.
Sabemos que existen distintas versiones e
interpretaciones acerca de lo ocurrido, según las posturas políticas e
ideológicas diferentes, pero fue así como reconstruimos esta historia con un
intento de rigor investigativo profesional.
Esperemos que les sirva para tener una visión más
clara del tema.
Andrés Colmán Gutiérrez
La sensación de alivio
que produjo la liberación de Maria Edith de Debernardi, en la madrugada del sábado
19 de enero de 2002, tras 64 días de permanecer en cautiverio, se transformó en
una situación de estupor generalizado, a medida en que las autoridades empezaron
a revelar el perfil de los presuntos implicados en el secuestro extorsivo.
El primer anuncio lo
hizo el jefe de Investigación y Delitos de la Policía Nacional, comisario
Roberto González Cuquejo, en las primeras horas de esa mañana, adelantando que
había “un grupo de izquierda” detrás de la acción criminal, “con intenciones de
promover la desestabilización del Gobierno”.
Poco más tarde, el
ministro del Interior, Julio César Fanego, avanzó en las revelaciones con un tono
de suspenso: “El cerebro (del secuestro) es una persona de sociedad, de cierta
notoriedad...”.
En horas más, la Policía
filtró el nombre del supuesto cabecilla a las redacciones. Se trataba de Juan
Francisco Arrom, principal líder del Movimiento Patria Libre.
La lista de “buscados”
se completaba con los nombres de los seis ex miembros de la llamada Banda de
Choré, repentinamente reciclados del olvido: Alcides Oviedo Brítez, Carmen
Villalba, Gilberto Setrini Cardozo, Pedro Maciel Cardozo, Lucio Silva y Gustavo
Espínola Lezcano. ¿Era el primer “golpe exitoso” del grupo armado en formación,
que con los años se acabaría denominando Ejército del Pueblo Paraguayo (EPP)?
Como era de esperarse,
la noticia causó verdadera conmoción.
Juan Arrom era una personalidad
conocida de la izquierda paraguaya, protagonista de movilizaciones y acciones políticas
desde la época de la dictadura stronista, que incluso fue candidato a la intendencia
municipal de Asunción en 2001. ¿Sería
posible que estuviera metido en un criminal hecho de secuestro extorsivo?
Lo que hasta entonces
parecía un sonado hecho policial, empezaba a transformarse en un revelador caso
político.
Cerca de las 5:00 de la
madrugada, la Policía y la Fiscalía habían allanado la vivienda de Víctor
Colmán, otro dirigente del Movimiento Patria Libre, en la calle Soldado
Robustiano Quintana Nº 539, del barrio Loma Pytá, de Asunción, y habían
procedido a detenerlo junto con su esposa, Rosa Samudio de Colmán, y con el
hermano de esta, Jorge Samudio.
Los investigadores
aseguraron haber hallado en el cajón de una mesa, durante el allanamiento, unos
50 mil dólares, que al ser sometidos a peritaje, resultaron ser parte del
dinero que Antonio Debernardi pagó por el rescate de su esposa Maria Edith.
Complicando aún más el
panorama, con el correr de las horas, la esposa y las hermanas de Juan Arrom salieron
al paso de las acusaciones policiales, revelando que el dirigente político estaba
desaparecido desde la noche del jueves 17 de enero, junto a otro miembro de
Patria Libre, el periodista y poeta Anuncio Martí Méndez. Aseguraban tener
indicios de que la misma policía -que presuntamente los estaba buscando para
arrestarlos-, era la que los tenía secuestrados o retenidos ilegalmente, desde
hacía días atrás.
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| El comisario Roberto González Cuquejo (a la izquierda, con camisa rosada) y el sub comisario Antonio Gamarra. |
“Desaparecidos…”
Para un sector más
crítico de la sociedad paraguaya, que aún sentía como herida sangrante los
horrores represivos de la dictadura stronista y las persecuciones sistemáticas
contra personas y organizaciones de izquierda, resultaba difícil aceptar la
acusación fiscal y policial de que líderes del Movimiento Patria Libre estaban
implicados en el secuestro de Maria Edith de Debernardi, y menos aún que el
crimen hubiera sido cometido con fines políticos, como parte de un supuesto
plan de recaudación de fondos para financiar una eventual lucha armada
revolucionaria.
El domingo 20, la
dirigencia del MPL, a través de su secretario general, Omar Martínez, y de Liza
Larriera, compañera de Juan Arrom, respondieron con una declaración pública,
negando toda vinculación con el secuestro y calificando la versión oficial como
“un montaje mentiroso” de las autoridades, para justificar su inoperancia o
encubrir a los verdaderos secuestradores. Demandaron la urgente “aparición con
vida” de Arrom y Martí, a quienes suponían secuestrados ilegalmente por la
policía.
En la misma línea se
pronunciaron otras organizaciones políticas y sociales como el Partido
Comunista Paraguayo, el Movimiento Paraguay Pyahura, Convergencia Popular
Socialista, y la Coordinadora de Derechos Humanos del Paraguay (Codehupy), alertando
acerca de un plan represivo del Gobierno del presidente Luis Angel González
Macchi contra las organizaciones populares.
Arrom y Martí habían
sido vistos por última vez en la tarde y noche del jueves 17 de enero (en
vísperas de la liberación de María Edith). Teresita Rojas, madre de Liza
Larriera, compañera de Juan, relató que su yerno llegó a las 18:30 al
departamento donde vivía, en las calles 15 de agosto y Primera, para guardar su
camioneta. Después fue caminando unas ocho cuadras hasta la casa de Anuncio Martí,
en 15 de agosto y Novena, donde estuvieron revisando papeles y luego dijeron a
la esposa de Martí que iban a realizar algunas gestiones, y de paso comprarían
pañales para el bebé de la pareja.
Salieron juntos en la
camioneta Lada Niva de Martí, y ya no regresaron.
La fiscalía y la policía
plantearon que ambos estaban ocultor para huir de la Justicia, al igual que los
seis miembros de la ex banda de Choré. Se dispuso una búsqueda en todo el país,
y se impartieron órdenes de captura internacional a través de Interpol, para el
caso de que hubiesen cruzado las fronteras.
El sub comisario Antonio
Gamarra, jefe de Represión a Robo de Automotores, y el jefe del Centro de
Investigación Judicial (CIJ), Javier Cazal, organizaron expediciones de la
policía por el interior, acompañados de miembros de la prensa. Los reportajes
los mostraban realizando barreras de control en sitios distantes como en un
puente sobre el río Ypané, en Concepción, o en comunidades campesinas del
Departamento de San Pedro.
Días después se descubriría
que las operaciones de búsqueda eran solo un simulacro, ya que los propios
Gamarra y Cazal dirigían a un grupo de policías que tenían secuestrados
ilegalmente y sometidos a torturas a Juan Arrom y Anuncio Martí, en las
cercanías de Asunción, con evidente conocimiento del ministro del Interior,
Julio César Fanego, del ministro de Justicia y Trabajo, Silvio Ferreira, y
probablemente del fiscal general, Oscar Germán Latorre, y del propio presidente
de la República, Luis Angel González Macchi.
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| El testimonio del profesor Luis Alfonso Resck. |
Una celada en la noche
¿Qué fue lo que
realmente ocurrió con Juan Arrom y Anuncio Martí, ese jueves 17 de enero de
2002?
Los testimonios son varios y las versiones difieren, pero hay suficiente
evidencia de que fueron arrestados ilegalmente y secuestrados por personas
vinculadas a la Policía y al Poder Judicial.
En su libro “Callejones
del Terror”, editado en 2004, Arrom relata que cerca del mediodía recibió una
llamada de Marcos Álvarez, político que perteneció al Movimiento Popular
Colorado (Mopoco), exiliado durante la dictadura, y que se desempeñaba como
coordinador de Oñondivepá, un programa social del Ministerio de Justicia y
Trabajo.
“Me solicitó que le
ayudara a adaptar las cifras de un proyecto de cría de cerdos, cuya copia le
había entregado varios meses atrás, entre otros proyectos realizados ad honorem,
en apoyo a comunidades campesinas. Acordamos encontrarnos a la tardecita ese
día, y que él me llamaría apenas estuviera libre”, relata Arrom.
En su posterior testimonio
durante el juicio por el secuestro de María Edith, Marcos Álvarez contó una
versión muy distinta. Dijo que se conocían con Arrom desde la época de la
dictadura, y que este lo invitó a integrar el Movimiento Patria Libre. “Conocí a Alcides Oviedo y a Gilberto Setrini
(dos de los fundadores del grupo armado que fue la base del EPP) a través de
Arrom”, relató.
El considerado testigo
clave de la Fiscalía, aseguró que Arrom lo visitó en su casa de la calle
Víctor Heyn 7093, cerca de la Municipalidad de Asunción, el 15 de enero, un día
después de que Antonio Debernardi había entregado el primer pago de 400 mil
dólares de rescate por su esposa María Edith.
Álvarez dijo que Arrom llegó
en compañía de Alcides Oviedo (el actual comandante en jefe del EPP),
cargando una mochila, en cuyo interior había 350 mil dólares y le pidió que se lo
guarde. Ese mismo día 15, según el acta presentada por la Fiscalía durante el
juicio, Alvarez fue a entregar el dinero a las autoridades, y tras una pericia se
comprobó que era parte del rescate pagado por Debernardi.
Varios testimonios
coinciden en que Álvarez citó a Arrom por teléfono en la noche del 17, pero en
lugar de su casa, lo condujo a una celada en otra dirección: Lugano 1053, entre
Colón y Hernandarias, en las cercanías de la Iglesia Cristo Rey.
“Es una casa de color
verde clarito, voy a estar en el portón esperando”, dice Arrom que le dijo
Álvarez por teléfono, y hasta allí se dirigieron con Anuncio Martí en la
camioneta de este, como a las 21:28.
Arrom asegura que entonces
no sabía que esa dirección correspondía a la sede del Centro de Investigación
Judicial (CIJ), una especie de policía judicial de facto que dirigía Javier
Cazal.
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| Juan Arrom muestras rastros de las torturas recibidas. |
“¿Dónde está la plata…?”
La captura de Arrom y
Martí no pasó desapercibida para los moradores de la calle Lugano,
especialmente para el veterano dirigente político de la Democracia Cristiana,
docente y luchador por los derechos humanos, Luis Alfonso Resck, quien residía
a poca distancia del lugar.
Resck, quien entonces se
desempeñaba como director de Derechos Humanos del Ministerio Público, fue
alertado por sus vecinos de que había un movimiento extraño e inusitado de
automóviles sin placas y de hombres con armas en las inmediaciones del local
del CIJ, y se fue a verificar.
Asegura que vio desde la
distancia como varios hombres golpeaban y empujaban a otro, para subirlo al
interior de un vehículo. Uno de los que dirigían la operación era Javier Cazal,
director del CIJ, a quien conocía personalmente. Días después percibió que
había sido testigo del momento de secuestro de Juan Arrom y Anuncio Martí.
Arrom cuenta que estacionaron
la camioneta de Martí sobre Lugano casi Colón, poco antes de las 22:00. Juan
bajó y caminó buscando la dirección que le dio Marcos Ávarez, lo volvió a
llamar por teléfono para avisar que estaba llegando, cuando varios hombres lo
rodearon y empezaron a golpearlo, para en seguida introducirlo dentro de un
automóvil Volkswagen Gol color blanco, sin chapas.
Martí esperaba sentado en
su camioneta, cuando varias sombras humanas se aproximaron y abrieron las
puertas, subiendo al vehículo. “¿Dónde está el tipo?”, le preguntó uno de los
desconocidos, y le dio un golpe en la cabeza con la culata de una pistola.
Mientras el Gol se
llevaba a Juan, a Martí lo hicieron pasar al asiento trasero de su propia
camioneta, y también emprendieron viaje. A ambos les cubrieron el rostro con
una toalla o capucha, y durante unas dos horas de recorrido los sometieron a
diversos métodos de tortura, como apretarles los testículos. Juan narra que le
pusieron una bolsa de plástico en la cabeza, que le impedía respirar, mientras
le preguntaban: “¿Dónde está la señora Debernardi? ¿Dónde está la plata…?”.
Cerca de medianoche
fueron bajados en un lugar desolado, junto a un pequeño curso de agua, y
sometidos a un proceso de tortura por inmersión, introduciéndoles la cabeza
bajo el agua, hasta que casi perdieran el conocimiento. Los sacaban y los volvían
a interrogar para que confiesen que ellos eran los autores del secuestro de
María Edith, y para que revelen donde tenían a la víctima y donde estaba el
dinero del rescate que habían cobrado.
Martí pudo reconocer que
el lugar era el riacho San Francisco, en la zona cercana al río Paraguay. Pudieron
identificar como quienes lideraban el operativo al subcomisario Antonio
Gamarra, y al oficial José David Schémbori, a quienes apodaban Kabul.
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| El relato de Juan Arrom |
Mientras Arrom y Martí
permanecían detenidos ilegalmente, los acontecimientos se precipitaban. El día viernes 18 (un día después de que ambos
fueran capturados), Antonio Debernardi pagó el resto del rescate (600 mil
dólares, según su versión oficial) y Maria Edith fue liberada en horas de la
madrugada del sábado 19.
Arrom relata que la
situación causó sorpresa entre sus captores, y uno de ellos exclamó: “¡Que
extraño! Le tenemos al cerebro del secuestro y Antonio Debernardi sigue
entregando plata”.
Un detalle llamativo es
que la orden de captura contra Arrom y contra los seis ex integrantes de la Banda de Choré se dio a conocer el mismo sábado 19, horas después de la
liberación de María Edith, pero contra Anuncio Martí recién dos días después.
En la noche del sábado
19 la policía allanó la vivienda de Arrom y, entre otros elementos, incautó un
revólver y numerosas fotografías. También llevaron su vehículo, una camioneta
Suzuki color rojo. La vivienda de Anuncio Martí fue allanada recién el 27 de
enero, siete días después.
Entre tanto, la versión
de que Arrom y Martí estaban secuestrados ilegalmente, comenzó a filtrarse
extraoficialmente desde fuentes policiales a algunos periodistas que cubrían
habitualmente el área judicial.
El sábado 19, Ofelia
Insaurralde, ex compañera de Juan Arrom y madre de sus hijos, se puso en
contacto con su cuñado, el médico Héctor Lacognata y le pidió que, en vista de
su estrecha amistad con el ministro de Justicia y Trabajo, el también médico
Silvio Ferreira, realizara averiguaciones acerca del paradero de Arrom y Martí.
Según el testimonio de
Lacognata (quien luego sería canciller durante el Gobierno de Fernando Lugo), este
llamó por teléfono el sábado a la tarde a su amiga Gladys Maubet, esposa del
ministro Ferreira, quien le respondió: “Si, tengo conocimiento de la detención
de Juan Arrom, pero te pido que se tranquilicen, porque en este momento se
encuentran muy bien”.
Aquel fue el primer
reconocimiento de un sector del entorno gubernamental de que Arrom y Martí estaban en manos de gente del
Gobierno, detenidos en forma ilegal.
El domingo 20 a la
mañana, la esposa del ministro, Gladys Maubet, llamó por teléfono a Hector
Lacognata –según testimonios del mismo-, para decirle: “Te confirmo que Juan
está detenido y te reitero que en este momento se encuentra bien. Silvio te
pide que no comentes este tema con alguien, para evitar que la situación
empeore”.
Lacognata preguntó
cuándo los presentarían oficialmente a los dos detenidos ilegalmente ante la
Justicia, y Maubet le respondió: “Probablemente lo harán el lunes (21 de
enero)”.
El lunes, sin embargo,
todos los voceros oficiales seguían negando públicamente que Arrom y Martí
estuviesen en poder de la policía.
Lacognata volvió a comunicarse con Gladys
Maubet y le pidió tener una conversación personal. Se encontraron el martes 22
de enero, en el patio de comidas del Shopping Mariscal López. Lacognata fue
acompañado de su esposa, Élida.
“No se preocupen, Juan
Arrom está en manos de gente seria. Mi esposo (el ministro Silvio Ferreira) le
conoce a esa gente”, les aseguró Gladys Maubet.
Ante la insistencia por
conocer el paradero de Arrom, la mujer les dijo: “Juan no está detenido en una
dependencia policial, sino que está a cargo de un grupo formado especialmente,
que incluso ya había trabajado en la detención de Lino Oviedo”.
Les prometió
que el miércoles 23 de enero, Arrom y Martí serían puestos en manos de la
Justicia, para ser procesados, con todas las garantías constitucionales.
 |
| Silvio Ferreira |
 |
| Julio Cesar Fanego |
Visita de Ferreira y charla
telefónica con Fanego
Desde el momento de ser secuestrados,
Juan Arrom y Anuncio Martí fueron mantenidos en cautiverio en tres lugares
distintos.
El primer sitio, no
identificado, habría sido una finca rural en la zona de Paraguarí. El segundo
lugar fue una casa a la que los captores se referían como Base 3, y fue ubicada
posteriormente sobre las calles Mongelós y Alonso, en el barrio 8 de diciembre
de Villa Elisa, que resultó ser propiedad del sub comisario Antonio Gamarra.
La tercera casa estaba a
unas ocho cuadras de la segunda, sobre la calle Estero Bellaco casi Indio
Guaraní, barrio 29 de setiembre de Villa Elisa, y pertenecía a Octavio Francisco
Flores. El cuidador de la residencia, Esteban Centurión, contó que el dueño,
junto con el subcomisario Gamarra, apareció el 24 de enero a pedir que la desaloje
durante unos ocho días, y lo trasladaron a la otra casa de Gamarra, la conocida
como Base 3.
Juan Arrom relata que cerca
del mediodía del segundo día de su cautiverio, el viernes 18, la fecha en que
fue liberada María Edith, lo llevaron en un auto Peugot blanco a un lugar
distante, un campo al costado de una ruta, hasta donde llegó una camioneta
Mitsubishi color plateado. Descendió el ministro de Justicia y Trabajo, Silvio
Ferreira, a quien Arrom conocía bien, pues habían compartido numerosas acciones
políticas en épocas de la dictadura.
El secuestrado alega que
le rogó que interceda, para que dejen de torturarlos y sean liberados. Ferreira
le contestó: “No te preocupes, no te van a tocar más, se te va a enviar un
médico. Ahora mismo voy a hablar con Fanego y te vamos a dar garantías”. Al
poco rato, el ministro se marchó, dejándolo nuevamente en poder de sus
captores.
Lo llevaron de vuelta a su
lugar de reclusión y como media hora después, uno de sus captores le acercó un
teléfono celular, diciéndole que el ministro del interior, Julio César Fanego,
iba a hablar con él.
“Arrom, aquí estoy con
el ministro Ferreira. El está escuchando lo que te voy a decir. Colaborá con la
gente que te vamos a enviar, te vamos a dar todas las garantías y te vamos a
sacar del país”, asegura Arrom que le dijo Fanego.
Y agrega: “No puedo
negar que me corrió un escalofrío por todo el cuerpo, al saber que de mi
detención ilegal, secuestro y tortura, estaban al tanto las más altas
autoridades nacionales y que se estaba manejando en las más altas esferas del
poder”.
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| El fiscal Oscar Latorre muestra los 350 mil dólares que presuntamente Juan Arrom entregó a Marcos Álvarez. |
Esteban Centurión, ex
cuidador de la casa donde estaban cautivos Arrom y Martí, fue clave para que sean
encontrados tras 14 días de cautiverio. Extrañado por el movimiento de personas
y vehículos que entraban y salían, Centurión llamo por teléfono a Cristina
Arrom, al mediodía del 30 de enero, y confesó su sospecha de que Juan y Anuncio
estarían en esa vivienda.
Cristina y su hermana Maria
Auxiliadora llegaron y montaron guardia a distancia, mientras convocaban a
periodistas, y a otros familiares y amigos. Con la llegada de móviles de Telefuturo
y Radio Ñandutí, se empezó a generar una concentración de personas, que alertó
a los que estaban en la casa.
Como a las 17:00, dos
automóviles Volkswagen Gol, sin chapas, salieron de la casa y se alejaron con
rapidez. Las hermanas Arrom y los periodistas se aproximaron con cautela y vieron
una mano que emergía a través de una de las ventanas. Se oyó un grito:
“¡Estamos aquí…! ¡Somos Juan y Anuncio…!”.
Al poco rato, los dos políticos
“desaparecidos” salían del interior, con el torso desnudo y visibles heridas de
torturas.
Una verdadera multitud
se congregó frente a la casa, mientras Arrom y Martí relataban entre sollozos
la situación sufrida.
El caso estalló con gran
repercusión nacional e internacional. “Terrorismo de Estado” decía el título de
tapa de los diarios. En los siguientes días se instaló una gran crisis política,
que causó la renuncia de los ministros Silvio Ferreira y Julio César Fanego, y
de jefes policiales.
El fiscal general del
Estado, Oscar Germán Latorre, llamó a conferencia de prensa para señalar que
una cosa era el presunto secuestro de Arrom y Martí, y otra muy distinta la
participación de estos en el secuestro de María Edith de Debernardi, mientras exhibía
los 350 mil dólares del pago del rescate que presuntamente Arrom y Alcides
Oviedo dejaron en manos de Marcos Álvarez.
Sin embargo, el Estado
paraguayo no fue capaz de garantizar un juicio objetivo para sancionar a sus miembros
que actuaron al margen de la Ley. En el juicio del caso Arrom y Martí, a pesar
de múltiples evidencias, los secuestradores de los dos políticos izquierdistas
quedaron libres. Paralelamente, Arrom y Martí, junto a Víctor Colmán, huyeron
de la Justicia que los investigaba por el caso Debernardi, y lograron que el Comité
Nacional para los Refugiados (Conare) del Brasil los acoja en carácter de
refugiados políticos en el vecino país.
Más recientemente,
obtuvieron que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) admita una
demanda contra el Estado Paraguayo por haber sido presuntamente secuestrados y
torturados ilegalmente por agentes policiales. Es decir, el Estado paraguayo
deberá responder internacionalmente por no haber actuado debidamente en su momento,
en este caso.
A casi 10 años, todavía no
está cerrado ni el caso Arrom y Martí, ni la presunta participación que ambos
podrían haber tenido en el secuestro de María Edith, ni en la formación inicial
del EPP.
En su libro “Programa
Político del Ejército del Pueblo Paraguayo (EPP)”, Alcides Oviedo Brítez admite
que Juan Arrom formó parte del grupo.
"El renegado Arrom ha desertado
cobardemente ante las primeras escaramuzas contra los contrarrevolucionarios,
se zambulló bajo las sotanas de su suegrastro, el obispo libidinoso Fernando
Lugo, buscando la ruta más rápida hacia la frontera brasileña. Abandonó a todos
sus compañeros y de haber tenido posibilidad, se hubiera ido como refugiado a
la estación espacial", señala el considerado comandante en jefe del EPP.
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(*) Un salto en el tiempo:
Victoria
y derrota estatal en el Caso Arrom-Martí
Desde
su condición de refugiados en Brasil, Juan Arrom y Anuncio Martí lograron que
su caso sea presentado ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos
(CIDH), que admitió estudiar la causa a raíz de que existían elementos
suficientes para presumir que los agentes del Estado violaron el derecho a la
integridad personal, el derecho a la libertad personal, a las garantías
judiciales, el derecho de circulación y de residencia, protección judicial y
que se habrían cometido hechos de tortura.
El
12 de diciembre de 2017 la CIDH sometió a la jurisdicción de la Corte el caso
Arrom Suhurt, Martí Méndez y otros respecto de la República de Paraguay. La
Comisión señaló que el caso se relaciona “con la desaparición forzada y tortura
de Juan Francisco Arrom Suhurt y Anuncio Martí Méndez, líderes del movimiento
político Patria Libre, entre el 17 y el 30 de enero de 2002”.
Concluyó
que el Estado de Paraguay era responsable por la violación de los artículos 3,
4.1, 5.1, 5.2, 7, 8.1, 8.2 y 25.1 de la Convención, en relación con las obligaciones
establecidas en el artículo 1.1 del mismo instrumento y que también “es
responsable por la violación de los artículos I a) y I b) de la Convención
Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas y de los artículos 1, 6 y
8 de la Convención Interamericana para Prevenir y Sancionar la Tortura”. Por
último, señaló que los hechos de este caso implicaron una violación del
artículo 5.1 en perjuicio de los familiares de las presuntas víctimas.
La
Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) resolvió convocar al Estado
de Paraguay, al representante y a la Comisión Interamericana de Derechos
Humanos a una audiencia pública sobre las excepciones preliminares y eventuales
de fondo; reparaciones y costas, en el caso “Caso Arrom Suhurt y otros Vs.
Paraguay”. La audiencia quedó fijada para el 7 de febrero de 2019, a partir de
las 9:00, durante el 129 Período Ordinario de Sesiones, en la sede de la Corte
en San José, Costa Rica.
El
Gobierno paraguayo consideró el caso como de alta prioridad. Una muy buena
preparación jurídica, política y mediática instaló en la opinión pública el
objetivo de no ceder ante “el chantaje de los secuestradores” como una causa
nacional.
El
propio presidente de la República, Mario Abdo Benítez, viajó a Costa Rica para
asistir a la audiencia. El proceso se emitió en vivo por los principales
canales de televisión del Paraguay como si fuera un partido de la selección
nacional de fútbol. Al final, aun sin conocerse la sentencia, quedó la
sensación de que los jueces de la Corte IDH no concederían los reclamos de
Arrom, Martí y sus familiares.
Efectivamente,
el 4 de junio de 2019, la Corte IDH concluyó que los indicios presentados ante
ella fueron insuficientes para concluir que Arrom y Martí fueron privados de
libertad por parte de agentes estatales o con la aquiescencia de estos.
Igualmente, la Corte concluyó que Paraguay no incumplió con su obligación de
iniciar sin dilación y de oficio la investigación de la presunta desaparición
de Juan Arrom Suhurt y Anuncio Martí Méndez y no era responsable por la alegada
violación de los derechos a las garantías judiciales y la protección judicial. Señaló
que no fue posible determinar que las presuntas omisiones en la investigación,
señaladas por los representantes y la Comisión, resultaran suficientes para
configurar la responsabilidad internacional del Estado. Al no haberse
establecido la responsabilidad, la Corte resolvió que no procedía pronunciarse
sobre reparaciones, costas y gastos.
El
resultado fue celebrado por las autoridades y por gran parte de la ciudadanía
como si la selección paraguaya hubiera ganado la Copa América. Era la primera
vez que el Estado paraguayo no perdía en un proceso ante la Corte IDH.
Con
esta perspectiva, el Gobierno insistió en que el Comité Nacional para los
Refugiados (Conare) del Brasil anule el carácter de refugiados de Juan Arrom,
Anuncio Martí y Víctor Colmán en el vecino país, situación que efectivamente
ocurrió el 23 de junio de 2019, con el respaldo político del propio presidente brasileño
Jair Bolsonaro.
Ante
esta situación, el Gobierno de Paraguay realizó gestiones para que los mismos
sean detenidos en Brasil, pero el 29 de julio se informó que habrían ingresado
ilegalmente al Uruguay. Tras requerimientos a través de Interpol, se confirmó
que efectivamente estaban en dicho país, en donde fueron detenidos por la
policía uruguaya el 23 de agosto. Mientras la Justicia paraguaya intentaba que
sean extraditados al Paraguay, Arrom, Martí y Colmán solicitaron refugio al
Uruguay, lo cual les fue concedido, beneficiándose con la prisión domiciliaria.
El
Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) les
concedió el estatus de refugiados y el Gobierno de Finlandia les concedió
asilo. De este modo, Arrom, Martí y Colmán abandonaron Uruguay el 8 de octubre,
a bordo de un avión de Iberia, con escala en Madrid, rumbo a Helsinki, la
capital filandesa.
Este
viraje del caso fue interpretado como una derrota internacional de la
diplomacia paraguaya, que fracasó en lograr que los prófugos puedan ser traídos
al país a rendir cuenta ante la Justicia, luego de la proclamada victoria ante
la Corte IDH.
En momentos de escribir estas crónicas, se sabe que Arrom, Martí y Colmán, permanecen en Finlandia, en un lugar de destino no revelado, fuera de la capital Helsinki, con la protección de la ACNUR.
