Vienen otra vez: Conozcamos la historia de las marchas campesinas

Vienen otra vez… marchando desde muy lejos, con sus reclamos que se reiteran en cada marzo húmedo y otoñal.

Vienen otra vez…

desde sus verdes valles desolados, pueblos y comunidades rurales que siguen esperando en medio de la soledad y el olvido, a merced de las mismas miserias e injusticias seculares, que no cambian por más que cambien los gobiernos o los colores partidarios.

Vienen otra vez…

Desde la profundidad de una historia repetida, desde el corazón de una memoria desgarrada que tercamente insiste en rescatar sus antiguas utopías sobrevivientes.

Vienen otra vez…

con sus zapatos gastados

sus banderas descoloridas

sus toscas pancartas de tela que insisten en pedir la reforma agraria y varios otros reclamos, con visibles faltas de ortografía.

Vienen otra vez…

como forasteros en tierra extraña

como intrusos en la jungla de asfalto y cemento

Vienen otra vez…

para hacer visible al país invisible

para mostrarnos que hay un país más allá de calle última

al otro lado de la lluvia

ese país nuestro que a veces desconocemos y casi siempre tratamos de ignorar

y sin embargo esta allí, esperándonos…

Hay algo en esos rostros curtidos por el color de la tierra, como si ya fueran parte de ella. (“Tan tierra son los hombres de mi tierra” escribió Augusto Roa Bastos en un clásico poema que se hizo canción).

Hay algo en esas miradas cándidas, tristes, melancólicas, de los niños y de las niñas. Esas miradas duras, sufridas y combatientes, de las mujeres del campo. Esas miradas tienen algo que duele, algo que emociona, algo que interpela.

(La 26ª  Marcha Campesina, que se realiza anualmente desde 1994, se inició el lunes 18 marzo con concentraciones en los distintos departamentos del país y llega a la capital el miércoles 20, hasta el jueves 21. Es organizada por la Federación Nacional Campesina, con el lema “Tierra y producción para el desarrollo nacional, construyendo poder popular”).   

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CONOZCAMOS LA HISTORIA DE LA MARCHAS CAMPESINAS

La primera marcha campesina se realizó el 15 de marzo de  1994, durante el gobierno de Juan Carlos Wasmosy, convocada entonces por la Coordinadora Interdepartamental de Organizaciones Campesinas (CIOC), una sigla que se creó para intentar aglutinar a los distintos grupos y movimientos rurales que habían sobrevivido a la caída de la dictadura y se estaban reorganizando.

Entre los movimientos sociales del Paraguay, las organizaciones campesinas fueron las que mantuvieron mayor poder de organización, movilización y resistencia, aún en los momentos de mayor represión desde el régimen dictatorial del general Alfredo Stroesner.

(Ver un poco más abajo: la historia del Movimiento Campesino en Paraguay).

“Tras la persecución a las Ligas Agraria y otras organizaciones, durante la dictadura, un sector importante se mantuvo en la Coordinación Nacional de Productores Agrícolas (CONAPA), hasta que en 1991 fundamos la Federación Nacional Campesina y ya surgió la idea de organizar una gran marcha hasta Asunción, para hacer escuchar nuestra voz  y nuestros reclamos”, relata Marcial Gómez, uno de los principales dirigentes de la FNC.

“Los campesinos también existen” titulaba Última Hora en su edición entonces vespertina del 15 de marzo de 1994, con una gran foto de la movilización por la avenida Eusebio Ayala, y agregaba en un subtítulo: “Con la gran marcha, el país no terminó hoy en Calle Última”.

La crónica relataba las múltiples trabas que el gobierno intentó aplicar para evitar que los labriegos lleguen hasta Asunción, pero que resultaron infructuosas.

Aquella primera marcha, de la que participaron otras organizaciones nacionales y regionales, tuvo tanto impacto en los medios de comunicación y en la sociedad, que sus organizadores decidieron repetirla al año siguiente.

Fruto de aquella primera experiencia exitosa, nació una nucleación más permanente, la Mesa Coordinadora Nacional de Organizaciones Campesinas (MCNOC), que se encargó de organizar las siguientes marchas, hasta 1998, cuando hubo una crisis y una división.

Los campesinos en el Marzo Paraguayo

La emergencia del oviedismo, con la elección de Raúl Cubas como presidente en 1998, pero con el general Lino Oviedo manejando los hilos del poder, despertó un gran debate entre las organizaciones campesinas.

“Para nosotros, el gobierno de Oviedo significaba claramente la asunción del fascismo y del autoritarismo, que atentaba contra las organizaciones populares y las libertades públicas. En el 98  hicimos una plenaria y decidimos tener una postura clara contra el fascismo, salir a combatirlo con movilizaciones, con cierres de calles y rutas”, relata Marcial Gómez.

Esta postura no fue compartida por otras organizaciones campesinas, que finalmente decidieron no apoyar a la quinta marcha campesina en marzo de 1999 y se produjo la primera ruptura.

La MCNOC se abrió de la organización y la marcha fue convocada por la FNC, pero a nombre de una Comisión de Reforma Agraria.

Fue la más crítica de todas las marchas, ya que el día 23 de marzo, cuando estaban por salir caminando desde el exSeminario Metropolitano, se produjo el asesinato del vicepresidente Luis María Argaña, y los campesinos finalmente se unieron a la llamada gesta ciudadana del Marzo Paraguayo, resistiendo durante varios días en las plazas del congreso. Su participación fue decisiva para forzar la renuncia del presidente Cubas y la huida de Oviedo.

“Nosotros solo cumplimos con la posición que habíamos asumido. En esa ocasión logramos además que el Congreso apruebe una ley, decretando la condonación de las deudas de los pequeños productores ante la banca pública”, recuerda Marcial.

Entre los “mártires del Marzo Paraguayo” falleció asesinado un miembro de la FNC, Cristóbal Espínola, alcanzado por las balas de los francotiradores. El asentamiento al que pertenecía, en Alto Paraná, actualmente lleva el nombre del joven campesino mártir.

En su homenaje, muchos participantes siguen portando en cada marcha los mismos simbólicos garrotes de madera que portaban en aquella gesta de 1999, y que según los organizadores “ayudaron a defender a la democracia ante el avance del fascismo”.

Los logros de tanto marchar

¿Qué han podido conseguir en todos estos años de llenar las calles y las plazas asuncenas con la multitudinaria presencia campesina?

“Hubo logros concretos, como la condonación de deudas de los pequeños productores, la paralización de un plan de privatización de empresas públicas, la derrota del proyecto político fascista en el Marzo Paraguayo, pero por sobre todo pudimos instalar debates con nuestras críticas a un sistema socioeconómico que excluye a los pobres, y nuestra propuestas sobre el modelo de sociedad que queremos impulsar”, asegura Marcial.

“Cuestionamos a un modelo rural de producción empresarial, ligado a la agroexportación de materias primas, que no genera fuentes de trabajo y por el contrario expulsa mano de obra del campo, causando envenenamiento con agrotóxicos, destrucción del medio ambiente. Estamos en contra de la sojalización y el uso de transgénicos, y a favor de la producción agrícola nacional”, resume Gómez.

Aunque en los medios de comunicación se asegura que las marchas se suceden año tras año, sin que se produzcan cambios importantes en el campesinado, Marcial considera que si hubo avances, especialmente políticos al interior del campesinado.

“Para nosotros, las marchas son una forma de expresarnos ante la gente, de hacer oir nuestra voz y dar a conocer nuestras propuestas, pero también de crecer como organización. Hoy tenemos a una mujer (Teodolina Villalba) al frente de la FNC, lo cual significó un gran paso en la participación política de las mujeres campesinas y una superación de nuestra mentalidad machista y patriarcal”, apunta.

Postura campesina frente a las mentiras electorales

Otro punto que diferencia a la FNC de otros movimientos campesinos, sociales o de izquierda, es que sus miembros no han respaldado a ninguna candidatura para las elecciones.

“No creemos que actualmente haya algún candidato, partido o movimiento, que plantee una verdadera transformación de este sistema socio-económico que causa pobreza y atraso. Ninguno tiene un verdadero plan de reforma agraria, desarrollo social e industrial, como el que nosotros pretendemos”, dice Marcial Gómez.

La FNC promovió el “voto protesta” en la últimas elecciones, pidiendo a sus afiliados que voten en blanco. “Lo que ofrecen a los campesinos son mentiras electorales. Incluso el Gobierno de Lugo, que se embanderaba con la reforma agraria, no hizo prácticamente nada”, cuestiona.

¿Qué hacer, entonces, ante la inacción de los gobiernos? 

Marcial es bien concreto: “Las conquistas se logran con lucha social y fuerza organizativa, para eso también son las marchas campesinas. Hoy tenemos unas 200 mil hectáreas de tierra en distintos puntos del país, con unos 40 asentamientos rurales. Eso se ganó con ocupaciones, movilizaciones, cierres de rutas, exigiendo a las autoridades que cumplan su función. Hace falta mejor infraestructura, caminos, escuelas, puestos de salud, centros productivos, pero es gente que ya está viviendo en su tierra propia y contribuyendo con su trabajo al desarrollo del país”.

Aunque todavía falta mucho por lograr, explica.

Y por eso es escuchan gritos  campesinos resonando en las calles de la ciudad…

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ANTECEDENTES: LA HISTORIA DE LAS ORGANIZACIONES CAMPESINAS DURANTE LA DICTADURA

Entre todos los sectores que resistieron a la dictadura stronista, probablemente el más constante haya sido el de los campesinos, que conforman el sector mayoritario de la población, pero a la vez el más marginado y postergado.

Al inicio del régimen stronista, comunidades y grupos campesinos empezaron a organizarse en torno a postulados del sector más progresista de la Iglesia Católica, que estimulaba procesos de concienciación y redención social de los pobres, con base en principios evangélicos de “vivir como hermanos” y “compartir solidariamente”, los que luego serían conocidos como las experiencia de las comunidades eclesiales de base y de la llamada Teología de la Liberación.

Grupos de sacerdotes como los jesuitas españoles José Luis Caravias, Francisco de Paula Oliva, Bartomeu Meliá, José Ortega, José Miguel Munárriz, entre otros, asesoraron en el proceso de consoli- dación de las organizaciones, que se denominaron Ligas Agrarias Cristianas (LAC). Tenían sus propios modelos de núcleos poblacionales y de producción agropecuaria colectivizada, y hasta su propio modelo de “educación liberadora”, a través de las “escuelitas campesinas”, que elaboraban contenidos distintos a los del sistema educativo oficial, siguiendo la línea de la “pedagogía del oprimido” que pregonaba el educador brasileño Paulo Freire.

El régimen comenzó a mirar con preocupación el nivel de desarrollo organizativo de las LAC y empezó a perseguirlos sistemáticamente, aunque ello significaba enfrentarse a la poderosa e influyente Iglesia Católica. También varios prominentes miembros de la jerarquía católica paraguaya apoyaban con mucho entusiasmo a las LAC, entre ellos el obispo de Misiones, monseñor Juan Sinforiano Bogarín.

Pero el padrinazgo de la Iglesia sobre los campesinos empezó a tener graves conflictos y llegó a la ruptura, cuando varios dirigentes se radicalizaron y decidieron pasar del modelo de la oposición pacifista o la “no violencia activa” cristiana a la lucha armada para derrocar al régimen, en alianza con sectores marxistas.

En diciembre de 1973, unas jornadas de reflexión y evaluación de las LAC concluyeron en la resolución de tomar la vía insurreccional para defender al campesinado contra los ataques del Gobierno. Los principales dirigentes campesinos que decidieron sumarse al proyecto guerrillero de la Organización Político Militar (OPM) fueron Sindulfo Coronel, Estanislao Sotelo, Corsino Coronel, José Gill Ojeda, Blasita Rodas, Constantino Coronel, Ángel Médici Vera, Martín Rolón, Silvano Flores, Arturo Bernal y Francisco López.

“Ubicando el problema del campesinado dentro del contexto político socioeconómico nacional e internacional, vieron la necesidad de trabajar sobre un proyecto que busque la sustitución del presente aparato político-militar, por otro que esté basado en los valores humanos que sostenían. Este trabajo se inició en 1974. Se unieron a los campesinos, empleados y profesionales de las zonas urbanas. Hicieron reuniones clandestinas en distintos lugares del país, en las que también participaron estudiantes secundarios y universitarios”, destaca la periodista María Luisa Ferreira en su libro Las víctimas del régimen stronista.

La represión contra las Ligas Agrarias fue dura y aleccionadora de parte del régimen, como sucedió con uno de los casos más emblemáticos. La historia de la comunidad de San Isidro de Jejuí, en el departamento de San Pedro, es una de las más heroicas y a la vez trágicas, en la resistencia contra la dictadura.

Bajo la experiencia de las LAC, en mayo de 1969, unos 150 campesinos lograron adquirir unas 230 hectáreas, en las inmediaciones del actual General Resquín. Buscaban “vivir como hermanos”, una experiencia de comunidad cristiana solidaria, inspirada en valores del Evangelio. Pero la dictadura ya había empezado la cacería contra las Ligas Agrarias. El diario Patria, vocero del Partido Colo- rado, acusaba que San Isidro era un koljós soviético comunista en medio de la selva.

En la madrugada del 8 de febrero de 1975, los pobladores fueron despertados por disparos y órdenes militares. Un pelotón al mando del teniente coronel José Félix Grau asaltó la colonia y apresó a todos sus pobladores. El pa’i Braulio Maciel, párroco local, fue baleado en la pierna.

Los ranchos fueron destruidos, las chacras arrasadas. Las tierras, por las que ya habían pagado hasta el último guaraní, fueron confiscadas. La Isla de la Utopía se convirtió en estancia. San Isidro fue borrada a sangre y fuego. Pero sus pobladores –presos, torturados, perseguidos y dispersos, con la absoluta prohibición de regresar al lugar–mantuvieron vivo el sueño. Finalmente, luego de una larga lucha, en el año 2013, pudieron obtener el título de propiedad y recuperar parte de aquella tierra.

Tras el desmantelamiento de la OPM, en 1976, con la persecución, encarcelamiento y asesinato de varios de sus dirigentes, las Ligas Agrarias se terminaron, aunque algunas experiencias aisladas buscaron continuar.

En los años 80, en algunos casos ya desprendidos de la tutela de la Iglesia Católica, aunque en otros bajo nuevas formas de relación, varios de los dirigentes de las ex Ligas Agrarias ayudaron a crear nuevas organizaciones campesinas.

Entre ellas se mencionan a la Asociación de Agricultores del Alto Paraná (ASAGRAPA), la Comisión Regional de Agricultores de Itapúa (CRAI), el Comité Central de Horticultores (CCH), la Regional Campesina de Cordillera (RCC), las Comunidades Eclesiásticas de Base (CEB), el Movimiento Campesino Paraguayo (MCP),  la Unión Nacional Campesina (UNC) “Oñondivepa”, y el Servicio Arquidiocesano de Comercialización (SEARCO). Seis de ellas se unieron luego para conformar la Coordinación Nacional de Productores Agrícolas (CONAPA), que se volvió la de mayor presencia nacional en la época, junto al MCP, que tenía una orientación más claramente marxista.

“Desde su fundación en 1986, CONAPA ha debido enfrentar una serie de dificultades. Una de ellas es el hecho de funcionar como una confederación de organizaciones diversas que no nacieron con un proyecto único o colectivo: opera con una cierta lentitud, y las organizaciones individuales que la integran cuentan con mayor cohesión y efectividad que la confederación misma. A esto hay que agregar las dificultades para generar un liderazgo a nivel nacional, además de aquellas ocasionadas por la inmensidad del espacio físico que debe cubrir y el consiguiente costo de las comunicaciones”, apuntaban los investigadores José Carlos Rodríguez y Benjamín Arditti en su libro "La sociedad a pesar del Estado".

En su caracterización del Movimiento Campesino Paraguayo (MCP), los autores señalaban que “sus planteamientos tienen mayor tonalidad política y sus métodos son más arrojados, particularmente en lo que se refiere a las ocupaciones de tierras. Se diferencia de las demás organizaciones por dos grandes motivos. Por un lado, por considerar que la cuestión agraria no es solamente  un problema económico o un ‘problema campesino’ susceptible de ser resuelto con políticas parciales, sino más bien un problema básicamente sociopolítico que requiere una propuesta de solución global; por el otro, por su postura explícitamente clasista, vale decir, por anclar la identidad y los problemas de la colectividad campesina en determinantes económicos y políticos comunes que permiten hablar de una clase social determinada”.

El MCP fue fundado en diciembre de 1980, y desde entonces alegaba haber constituido más de 68 comunidades en los departamentos de Caaguazú y Misiones. “El MCP intenta heredar la experiencia de las Ligas Agrarias Cristianas de los años 60, aunque sin el elemento confesional de estas. Hoy es, posiblemente, la organización campesina con mayor cohesión interna, mayor diversidad de estructuras auxiliares y mayor claridad político-ideológica acerca de lo que busca”, destacaban Rodríguez y Arditi.

El programa de lucha del MCP se basaba en 13 reivindicaciones: 1) reforma agraria integral e inmediata; 2) asistencia técnica y crediticia para todos los campesinos; 3) precio justo para los productos agrícolas, 4) libre comercialización de los mismos; 5) libertad de agremiación, movilización y expresión para todos los campesinos; 6) legalización del MCP como entidad sindical en defensa de los intereses campesinos; 7) cese del contrabando de productos agrícolas; 8) aparición con vida de los compañeros detenidos-desaparecidos, y entrega de los cadáveres de los asesinados que están en fosas comunes a sus familiares; 9) vuelta de todos los exiliados y libertad de todos los presos políticos; 10) creación de una central de trabajadores; 11) igualdad de derechos de la mujer en la sociedad, 12) derecho al estudio de la juventud campesina; 13) derecho a la jubilación campesina.

En los años 80, las organizaciones agrarias instalaron fuertemente la reivindicación de los llamados “campesinos sin tierra”, que promovieron ocupaciones masivas de propiedades pertenecientes a terratenientes, generalmente extranjeros, y de empresas multinacionales. El Gobierno acudió a los desalojos violentos por parte de policías y militares, con quema de ranchos y en varios casos asesinatos de campesinos ocupantes, mientras por otra parte procedía al reparto de tierras y habilitación de colonias a través del Instituto de Bienestar Rural.

Tanto el MCP como la CONAPA subsistieron hasta pocos años después de la caída de la dictadura, en que crisis y divisiones internas llevaron a la creación de otras grandes organizaciones campesinas, las que persisten en la actualidad, como la Federación Nacional Campesina (FCN) y la Mesa Coordinadora Nacional de Organizaciones Campesinas (MCNOC).

(Este capítulo está extraído del libro “La oposición tolerada y la perseguida” de Andrés Colmán Gutiérrez, Colección 60 años del stronismo, Editorial El Lector y diario ABC Color, 2014).

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LOS CAMPESINOS EN EL MARZO PARAGUAYO

27 de marzo de 1999, mediodía: la despedida.

Empezaron a recoger sus pocas pertenencias en silencio, con gestos apenas perceptibles. Frazadas raídas, esteras de pirí, cacerolas oxidadas, platos y cucharas de lata, jarras de plástico y guampas de tereré. Desarmaron las lonas y carpas atadas con sogas a las ramas de los árboles. Despacio, muy despacio, empezaron a ponerse en marcha. Las mujeres cargaban a los niños y los hombres portaban los bultos. Algunos iban descalzos, pies curtidos y encallecidos por miles de kilómetros caminados entre el polvo, el tiempo y la soledad, como si ellos mismos fueran parte de la tierra que pisaban.

Empezaron a caminar en silencio, como si no quisieran molestar a nadie al retirarse, pero de pronto sintieron que la multitud se abría en dos para dejarlos pasar, formando un largo callejón de rostros y sonrisas amigas, de manos solidarias y lágrimas incontenidas.

Empezaron a caminar, deslizándose lentamente en medio de ese callejón humano de gente a la que ni siquiera conocían cuando llegaron a esa ciudad extraña, apenas cuatro días atrás, pero ahora sentían que ya formaban parte de sus vidas, que ya nunca volverían a sentirse forasteros en esa ciudad, ya nunca sentirían que esa tierra fuera áspera ni que esa gente fuese extraña, porque habían peleado por esa ciudad y por esa tierra, las habían defendido juntos, habían derramado su sangre sobre ella, habían dejado a sus muertos tendidos en esa plaza junto a los de ellos, y ya se sabe que nada une tanto en la vida como compartir la muerte de aquellos a los que uno ama.

Empezaron a caminar, lentamente, cuando sintieron que el rumor de los aplausos nacía despacio en un extremo de la muralla humana, un rumor seco y acompasado que empezaba a crecer a medida en que ellos avanzaban, hasta rodearlos totalmente y volverse casi ensordecedor, envolviéndolos como un viento refrescante que acariciaba el alma.

Ellos no dijeron nada. Simplemente siguieron caminando. Algunos descalzos. Algunos con el sombrero pirí en el aire en un tímido gesto de adiós.

Ya está. Ya habían cumplido la misión. Ahora era hora de dejar esa plaza y esa ciudad, hora de volver a sus valles, a sus chacras, a sus tierras lejanas, a su antigua miseria digna y combativa.

El sol se alzaba sobre las ruinas y el humo de la plaza, cuando los campesinos se marcharon en silencio, mientras los jóvenes los aplaudían en un largo y emotivo adiós.

(Fragmento de la novela: El país en una plaza, de Andrés Colmán Gutiérrez. Editorial Servilibro, 2014). 

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 Andrés Colmán Gutiérrez - @andrescolman

Desmontando Curuguaty: El filme que demostró la farsa del Caso Marina Cué

El miércoles 25 de marzo de 2015, con mucha repercusión en los medios de comunicación y en la sociedad paraguaya, se estrenó oficialmente el filme documental Desmontando Curuguaty, que con una técnica de reportaje periodístico investigativo demostró la tremenda farsa jurídica de la investigación fiscal y el proceso judicial sobre la masacre de Marina Cué, ocurrida en junio de 2012, con un saldo de 11 campesinos y 6 policías muertos baleados, y que justificó el golpe parlamentario que derrocó al presidente Fernando Lugo.

Varios meses antes del juicio oral contra los campesinos de Curuguaty, respondiendo a una convocatoria del Servicio Paz y Justicia del Paraguay (Serpaj-Py), me tocó trabajar como guionista de la película dirigida por el cineasta Osvaldo Ortiz Faimann, siguiendo la línea de algunas notas periodísticas que en su momento publiqué en Última Hora, como este artículo.

Bajo la coordinación general de Cristina Coronel, directiva del Serpaj-Py, el filme cuenta con la participación especial del investigador y analista político Alfredo Boccia Paz, fotografía de Pascual Glauser, producción de Bebu Dujak, posproducción de Armando Aquino, música original de Rolando Chaparro y José Bogado, bajo la producción audiovisual de Puatarara Films

Con una duración de 25 minutos, en un estilo de cine político y documental periodístico, nos propusimos desmontar la historia oficial, punto por punto, buscando que la gente saque sus propias conclusiones.

Tres años después, ahora que una Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia declaró que el juicio tuvo graves deficiencias y anuló las condenas de los campesinos presos de Curuguaty, dejándolos en libertad, vale la pena volver a ver Desmontado Curuguaty.

El síndrome del gueto

Sí, lo sé. No debería ir contra la corriente.

En momentos en que todos, desde este bando, cierran filas para pedir la nulidad del adefesio jurídico que fue el caso Curuguaty, y desde el otro sector tratan de justificar el parcial y politizado proceso en que los fiscales solo investigaron la muerte de los 6 policías y nunca les importó las de los 11 campesinos, yo no debería ponerme a señalar las contradicciones surgidas, no debería ponerme a filosofar sobre el “síndrome del ghetto”, ni sobre el grupismo, ni sobre el mesianismo, ni cosas por el estilo.

No debería “darle razones al adversario”.

Pero sucede que a esta altura de mi vida me siento libre y no le debo nada a nadie. Ya no me preocupa mucho el “qué dirán”.

Mi frase de cabecera sigue siendo esta del gran escritor y periodista británico George Orwell: “El periodismo consiste en decir cosas que alguien no quiere que digas: todo lo demás son relaciones públicas”. Y esta otra, muy similar, también de Orwell: “Si la libertad significa algo, es el derecho de decir a los demás lo que no quieren oír”.

Por ello, siguiendo un poco el hilo de lo que reflexionábamos esta semana durante nuestra exposición en la asamblea de la Conferpar, escribí este artículo para la columna semanal de ÚH, a contramano, a contraviento.

Porque creo que estas son cosas que alguien tiene que decirlas, desde aquí, desde la cercanía con tantos compañeros y compañeras de sueños. Desde el afecto. Desde la personal mirada crítica que uno ejercita desde este oficio de comunicador. Esas mismas ideas que muchos comparten en mesas de café o vino más íntimas, pero que no las quieren decir en voz alta, porque te exponen, porque te van a acusar de muchas cosas.

Sí, alguien debería decir, por ejemplo que es lamentable lo que hizo este chico, Arturo Cano, dirigente de ‪#‎UNAnotecalles -a quien admiro por su lucha y por su valiente actuación cívica en la gran rebelión universitaria-, en la tarde del lunes, en la Plaza de la Justicia, cuando rechazó públicamente (parte del incidente se transmitió en vivo por Telefuturo) la solidaridad con las víctimas del caso Curuguaty que había llevado el grupo de Camila Benítez y otros dirigentes de la Organización Nacional Estudiantil (ONE) –los mismos que iniciaron la aclamada ‪#‎Tomadecolegios en mayo de este año-, acusándolos de ser “cartistas”. No sé si los de la ONE lo serán o no, pero me cuesta creer que jóvenes “cartistas” puedan protagonizar la más linda primavera juvenil que he visto en mi vida y cargarse a su ministra de Educación. Si de veras lo son, debo revisar urgentemente mis parámetros sobre el “cartismo”. Pero lo que si dolió es ver que Arturo, con su actitud intolerante, estaba empañando uno de los logros más lindos de aquella primavera estudiantil: haber visto a gente de ONE, FENAES, UNEpy e independientes, dejar de lado sus rivalidades y trabajar juntos en un frente unido, aquella vez.

Alguien debería decir, también, que lo que hizo el querido Pa’i Oliva, tras ese incidente en la plaza, también estuvo mal. Cualquiera sabe cuánto aprecio y admiro al gran sacerdote jesuita. Lo acompañé en momentos álgidos del Marzo Paraguayo. Escribí el prólogo de uno de sus libros. Pero nada da eso me limita a decir que tuvo una actitud autoritaria e intolerante cuando le negó el micrófono a Camila y a Arturo para que sigan discutiendo en la tarde del lunes, y menos cuando expulsó de manera tan dictatorial y despectiva al colega Dante Melgarejo, de Telefuturo, solo porque estaba registrando lo que pasaba en ese momento, que también era noticia, transmitiéndolo en vivo por la televisión.

Alguien debería decir, también, que es reprochable el “escrache” que le hicieron a la abogada Kattya González por llevar su solidaridad con la causa de Curuguaty en la plaza. Uno puede tener la opinión que quiera sobre Kattya, que es “figuretti”, que es mediática, que viene de Patria Querida, que tiene pretensiones políticas… ¿y?. Lo que no se puede es culparla por el voto de su papá en el juicio a Lugo, ni negar que es también una luchadora que se enfrenta a su manera y peculiar estilo a los corruptos y poderosos. En nuestro caso, el trabajo de Kattya y de la Coordinadora de Abogados del Paraguay al tomar las denuncias de las investigaciones periodísticas de Última Hora sobre la corrupción en la Contraloría, como de la serie sobre la corrupción del Rectorado de la UNA, al tipificar los delitos y presentar las denuncias ante la Fiscalía, fue fundamental para obligar a que se inicien los procesos judiciales. Es decir, en gran medida el impacto judicial que tuvo #UNAnotecalles se debe a Kattya y su grupo. Yo la banco por eso y mucho más. (Quienes duden de su postura crítica sobre el caso Curuguaty, deberían verla en el documental Desmontando Curuguaty que realizamos con Serpaj). Y creo que es arbitraria compararla, por ejemplo, con la querida Nenena Kanonnikof. Son perfiles muy distintos, y diferenciadamente meritorios.

Además, ¿cómo se entiende que por un lado muchos reclamen “la poca solidaridad” de la ciudadanía con el Caso Curuguaty, pero cuando esta solidaridad llega, la cuestionan y la rechazan selectivamente, como ocurrió también con el pronunciamiento de la dirigencia del Partido Liberal Radical Auténtico? ¿No se puede, en todo caso, cuestionar puntualmente los grandes errores políticos de líderes del PLRA sobre la destitución de Lugo, pero no por ello rechazar la solidaridad?

Alguien debería decir, además que –cuando se aquieten las aguas- los procesados del caso Curuguaty y sus familiares nos siguen debiendo una buena explicación de por qué, hace varios meses, despidieron sin más ni más a sus dos muy buenos abogados defensores, Vicente Morales y Guillermo Ferreiro Cristaldo, que se jugaron por ellos con todo y a quienes dejaron inexplicablemente en banda, en medio de un juicio en vivo y en directo, sin siquiera haberse tomado la molestia de avisarles primero. No me trago eso de que fue “para una mejor defensa”, porque no es eso lo que se vio en la realidad. Sé qué allí hubo peleas políticas internas que repercutieron negativamente en el proceso. Y eso, como mínimo, deberían explicarlo a quienes les han dado generosamente apoyo y solidaridad, sin colores ni intereses políticos.

En fin, alguien debería de decir estas y muchas otras cosas sobre este gen nuestro, que nos sigue jugando en contra… porque hay que superarlo si de veras queremos construir un país mejor, con propuestas inclusivas que nos vayan sumando.

Como dirían en la farándula: ¡No me peguen, soy Giordano…!

Pueden leer el artículo publicado en Última Hora aquí.

Periodismo, movilizaciones y diferencias

Una de mis frases preferidas del gran escritor y periodista británico George Orwell es la siguiente: “El periodismo consiste en decir cosas que alguien no quiere que digas: todo lo demás son relaciones públicas”

La otra, muy similar y también de Orwell, es esta: “Si la libertad significa algo, es el derecho de decir a los demás lo que no quieren oír“

El sábado pasado, 16 de abril, dediqué mi columna de opinión en Última Hora a la gran movilización de los campesinos y cooperativistas, con un doble tono crítico, dirigido tanto al Gobierno y a la clase política, por su reiterada insensibilidad ante el drama campesino, como también a los dirigentes y organizadores, porque desde mi particular lectura me pareció que estaban desperdiciando la gran fuerza que habían logrado aglutinar, al equivocarse de antagonistas, decidiendo confrontar no solo contra la gente del Gobierno y el Congreso, sino con la misma ciudadanía y con los periodistas y medios de prensa, cuando podríamos ser también sus potenciales aliados.

Si, sé que es un texto muy básico y breve, por lo reducido del espacio en la página, por la premura con que producimos en los diarios, y por algunas cosas más. Sin embargo, es un texto sincero.

Quienes conocen mi trayectoria profesional y mi forma de pensar, saben que me siento más cerca de las históricas luchas populares que de las movidas de los poderosos (aunque a veces no lo parezca). También saben que, con el paso de los años, me voy sintiendo más libre a la hora de escribir, menos populista y menos maniqueo, tendiente a valorar las cosas no solo en blanco o negro, no solo bueno o malo, sin términos medios, sino teniendo en cuenta sus más diversos matices.

Hubiera sido fácil y más cómodo escribir un artículo que solo aplauda la movilización y quizás quedar como un ídolo antes quienes la impulsan y la apoyan, pero me parecía que había cosas que se debían apuntar, aun dejando claro que uno está a favor de estas cosas, siempre.

Había percepciones sobre actitudes o errores de estrategia que me pareció necesario poner de resalto, aun dentro de lo reducido del espacio de la columna, y que quizás merezcan más atención cuando uno las dice desde cerca, desde el afecto solidario pero también desde la observación crítica, y no precisamente desde el otro lado de la trinchera.

Sabía que el artículo no iba a agradar mucho a los compañeros y compañeras de buenas causas compartidas, y de hecho me lo hicieron saber. Me reprocharon que estaba siendo ingenuo, o deliberadamente “un elemento de la oligarquía, o de la prensa burguesa”, o que “hay cosas que pueden ser ciertas, pero no se dicen para no dar elementos al adversario”. Me acusaron de ser parte del cuestionado “cerco mediático”.

Aguanté el chubasco, como siempre hago. Hace rato que le perdí el temor a estas cosas. Pero también recibí varios mensajes de personas que se prendieron al debate y enriquecieron mis premisas básicas.

Hoy, además, recibí una grata sorpresa, cuando me trajeron personalmente a la Redacción una nota firmada por los máximos dirigentes de cuatro organizaciones sociales: la Federación Nacional Campesina (FNC), el Partido Paraguay Pyahura (PPP), la Organización de Trabajadores de la Educación del Paraguay - Sindicato Nacional (OTEP SN) y la Corriente Sindical Clasista (CSC).

Me parece que tiene que ver con lo que decía en el artículo, lo de la “diferencia con otras organizaciones campesinas que buscan empatía y adhesión ciudadana en sus movilizaciones”. Tiene que ver con estilos distintos de construir proyectos y de concebir la militancia. Tiene que ver con no meter a todos en la misma bolsa, con aprender a distinguir y a construir sobre las críticas y diferencias. Tiene que ver con todo eso y mucho más...

Sinceramente, gracias.

Caso Caaguazú: Las víctimas de la dictadura que nunca aparecieron

Un cartel recuerda a las víctimas asesinadas y nunca halladas, en los campos de Caaguazú.

El 8 de marzo de 1980, campesinos de Acaray-mi abordaron con armas un ómnibus, y exigieron ser trasladados hasta Caaguazú. Fueron perseguidos y masacrados por militares y civiles. A 36 años de la salvaje represión, los cuerpos de diez asesinados nunca pudieron ser encontrados.

#CrónicasDeLaMemoria

Por Andrés Colmán Gutiérrez - @andrescolman

El ómnibus 150 de la empresa Rápido Caaguazú había salido a las 01.00 de la madrugada del 8 de marzo de 1980 de Ciudad Presidente Stroessner (la actual Ciudad del Este), con rumbo a Asunción.

A la altura del kilómetro 37 de la Ruta 2, tres campesinos hicieron señas al chofer para que se detenga. Al abrir la puerta, advirtió que eran varios más, 18 en total, incluyendo a mujeres y niños. Algunos estaban vestidos con ropa militar de camuflaje (para-i) y portaban revólveres, rifles y escopetas.

"Subieron nuestros dirigentes a hablar con el chofer, explicaron que éramos campesinos pobres, perseguidos por el Gobierno, por pretender vivir como hermanos en nuestra propia tierra. Queríamos ir a Caaguazú, a iniciar una lucha por nuestros ideales, y no teníamos dinero para nuestro pasaje. El chofer aceptó llevarnos y subimos todos", recuerda Arcadio Flores, uno de los integrantes del grupo.

Los campesinos estaban liderados por Victoriano Centurión ("Centú"), histórico dirigente de las Ligas Agrarias Cristianas (LAC), nacidas con apoyo de la Iglesia Católica paraguaya, que intentaban llevar adelante un modelo de organización social, al estilo de la comunidades eclesiales de base, pero eran perseguidas y reprimidas por la dictadura del general Alfredo Stroessner, por considerar que eran un "caldo de cultivo" para el comunismo.

A inicio de los '70, Centú se había entrevistado con el propio ministro del interior, Sabino Montanaro, a quien pidió ayuda para establecer una colonia en unas tierras fiscales, en medio de los montes del Alto Paraná.

Con permiso del Instituto de Bienestar Rural (IBR), entre abril y junio de 1972, unas primeras 35 familias procedentes de Misiones se establecieron en Acaray-mí, a 40 kilómetros al noroeste de la actual Ciudad del Este, y bautizaron el lugar como Nueva Esperanza.

Los conflictos se iniciaron a los pocos meses, cuando apareció una mujer llamada Olga Mendoza de Ramos Giménez (Ña Muqui), esposa de un general, quien reclamó como suyas las tierras ocupadas por los campesinos.

Ante la resistencia a abandonar, empezó un duro hostigamiento, desde un destacamento militar instalado a la entrada de la colonia, con detenciones arbitrarias, torturas, quemas de ranchos y destrucción de cultivos.

La larga marcha hacia Asunción

En marzo de 1979 la situación se había vuelto insostenible, cuando Centú y sus seguidores decidieron salir con armas en las manos. Hay varias versiones sobre los objetivos de aquella "expedición armada" y la toma del colectivo.

Según un pronunciamiento del Comité de Iglesias, dado a conocer entonces, los campesinos pretendían viajar a Asunción para protestar ante las autoridades por las injusticias que estaban padeciendo.

Centurión y otros protagonistas, en cambio, afirman que iban a viajar a Caaguazú, para contactar con otros líderes campesinos e iniciar acciones de lucha armada para derrocar a la dictadura, pero todo les resultó muy mal.

En el puesto de control Santo Domingo, Torín, inspectores de Hacienda intentaron detener el ómnibus en que viajaban los campesinos, pero Centurión ordenó al chofer que siga adelante.

Rápidamente los funcionarios abordaron dos autos y los persiguieron, pensando que se trataba de contrabandistas.

Uno de los autos se cruzó frente al ómnibus, pero Centurión rompió el parabrisas y efectuó varios disparos, hiriendo a uno de los funcionarios. Los autos detuvieron la persecución.

Más adelante, los campesinos ordenaron al chofer que se detenga en el lugar llamado Altona, en Campo 8 (actualmente J.Eulogio Estigarribia), bajaron los 18 campesinos y se internaron en el campo, caminando hacia el norte.

"Caminamos unos mil metros y entramos en un monte para decidir qué íbamos a hacer. 'Desde ahora nos van a perseguir a muerte los policías y militares', les dije a todos. Nos dirigimos hacia el monte Monday", recuerda Victoriano Centurión.

Una verdadera "cacería humana"

Enterado del asalto al ómnibus, esa misma madrugada del 8 de marzo, el dictador Alfredo Stroessner ordenó al jefe de Inteligencia Militar, general Benito Guanes serrano que se pusiera al frente de un gran operativo represivo para cazar a "los guerrilleros".

Toda la región de Caaguazú fue invadida por camiones de soldados armados y el vuelo de helicópteros artillados. Unos 5.000 efectivos militares fueron desplazados, además de "milicianos" (civiles paramilitares) pertenecientes al Partido Colorado, a quienes se repartió armas. La orden era "acabar con los guerrilleros".

La base de operaciones se estableció en la finca de la familia Collante, en las afueras de Caaguazú.

Durante los dos primeros días, no hubo pistas de los fugitivos. El 11 de marzo, a la siesta, desde un helicóptero se divisó que tres hombres corrían hacia un monte, en la zona de San Antonio-mi.

El piloto dio aviso y en pocos minutos llegaron varios camiones de soldados y hombres armados, que rodearon la zona.

Dentro del monte estaban cuatro de los fugitivos (Mario Ruiz Díaz, Concepción González, Fulgencio Castillo Uliambre y Federico Gutiérrez) casi muertos de hambre y sed, que fueron fusilados al instante.

Otro grupo, liderado por Gumercindo Brítez, fue alcanzado hacia el suroeste por una patrulla al mando del mayor Carlos Alberto Ayala González. Hubo un intenso tiroteo, en el que cayó muerto Brítez, otros resultaron heridos y detenidos, y algunos lograron huir.

El tercer grupo, conducido por Estanislao Sotelo, fue interceptado en un monte cercano. Sotelo fue capturado con varias heridas, luego torturado y finalmente degollado por uno de los milicianos colorados, según testimonios.

El cuarto grupo, liderado por Victoriano Centurión, resistió a tiros en la zona del arroyo Pastoreo-mí.

En este grupo estaban dos mujeres menores: Apolinaria González, de 16 años, embarazada de tres meses, y Apolonia Flores Rotela, de 12 años, quien resultó herida con 6 balazos. El único que logró escapar fue Centurión.

Los 10 asesinados-desaparecidos

Los testimonios de los sobrevivientes sostienen que 10 de los campesinos fueron asesinados de manera violenta, algunos de ellos capturados vivos y posteriormente degollados con machetes.

La lista de los 10 campesinos asesinados es la siguiente: Gumercindo Brítez, Estanislao Sotelo, Mario Ruiz Díaz, Secundino Segovia Brítez, Feliciano Verdún, Reinaldo Gutiérrez, Concepción González, Fulgencio Castillo Uliambre, Federico Gutiérrez y Adolfo César Brítez.

Diversos indicios apuntan a que todos ellos fueron enterrados en una fosa común, en la zona de San Antonio-mí, en las afueras de la ciudad de Caaguazú, pero la ubicación exacta del lugar no ha podido ser determinada.

Tras la caída de la dictadura, el entonces legislador liberal Francisco "Pancho" José de Vargas, padre del actual ministro del interior Francisco de Vargas, dirigió varias excavaciones en la zona, en busca de las víctimas del caso Caaguazú, pero nunca pudieron hallar los restos.

El actual director de Memoria Histórica del Ministerio de Justicia, el médico Rogelio Goiburú, también tiene en su agenda proseguir la búsqueda de los restos de los campesinos de Caaguazú, pero hasta ahora no ha podido hallar pistas concretas que permitan ubicar el lugar exacto en que fueron enterrados.

Del grupo de Acaray-mi hubo dos capturadas con heridas: las niñas menores de edad Apolinaria González y Apolonia Flores Rotela; cuatro prófugos: Victoriano Centurión (quien permaneció tres meses oculto en el monte, hasta que fue rescatado y asilado en la embajada de Panamá, para ir al exilio), Francisco Solano Duré, Gil Santos Duré y Vidal Martínez; y 2 detenidos: Mariano Martinez y Arnaldo Flores.

Por parte de las fuerzas del Gobierno no hubo muertos, pero sí resultaron heridos el mayor DEM Carlos Alberto Ayala González, de la II División de Infantería, el alcalde policial Romualdo Rolón, el conscripto Aristides Ortigoza y los milicianos Felipe Giménez y Cesar Duré.

La niña Apolonia Flores Rotela, fue trasladada al Policlínico Policial, actual Hospital Rigoberto Caballero, donde recibió en dos oportunidades la visita del propio dictador Alfredo Stroessner, quien le ofreció protegerla y hacerla estudiar en una escuela, pero ella, desde la cama donde se reponía de las heridas, le respondió, desafiante: "¿Por qué solo a mí me ofrece educación? ¿Por qué nunca se acordó de toda mi gente que pasaba hambre y no tenía escuelas, pero solo le ofrecieron balas?".

Molesto ante la insolencia de la pequeña, Stroessner ordenó que la procesen al igual que los otros subversivos.

La ficha policial de Apolonia Flores, niña de apenas 12 años de edad, retratada y caracterizada como "peligrosa guerrillera" es una de las reliquias exhibidas en el llamado Archivo del Terror, en el Museo de la Justicia, por su absurda caracterización.

El principal líder del grupo, Victoriano Centurión, el legendario Centú, permaneció oculto en el monte, viviendo en el agujero del tronco hueco de un gran árbol, durante casi tres meses, protegido por algunos pobladores de la zona, mientras los milicianos y efectivos militares lo buscaban intensamente.

"Finalmente, Centú, pasando frente a varios puestos policiales, oculto en una carreta con bueyes y varias bolsas de mandioca, llegó hasta un lugar donde fue auxiliado por el político liberal Domingo Laíno, quien lo trasladó clandestinamente hasta Asunción, para ser asilado en la embajada de Venezuela en Asunción y finalmente lograr asilo político en aquel país", recuerda Gregorio Gómez Centurión, otro histórico dirigente de las Ligas Agrarias Cristianas, sobreviviente de otra comunidad campesina que también sufrió una dura represión, en San Isidro del Jejuí.

Centurión regresó del exilio luego de la caída de la dictadura, siguió activando en organizaciones campesinas y falleció recientemente, el 31 de enero de 2016, en su casa, en la zona de Juan E. O'Leary, Alto Paraná. 

Jejuí, la isla de la utopía que la dictadura no logró matar

Los antiguos luchadores de las Ligas Agrarias, con sus descendientes, en la comunidad San Isidro de Jejuí.

El 8 de febrero de 1975, militares stronistas asaltaron la comunidad campesina de San Isidro de Jejuí, en San Pedro, que iniciaba una experiencia asociativa, como parte de las Ligas Agrarias Cristianas. Los pobladores fueron apresados y torturados, y las tierras entregadas a un primo del dictador. A tantos años, los propietarios recuperaron su tierra y retomaron el truncado proyecto social.

#CrónicasDeLaMemoria

Por Andrés Colmán Gutiérrez - @andrescolman

Cuando la primera salva de disparos hizo pedazos la apacible madrugada campesina, monseñor Bordelón despertó sobresaltado. Sintió el piso húmedo de tierra apisonada bajo los pies descalzos. Sintió la espalda dolorida, poco acostumbrada a dormir sobre un catre de madera. A través de las grietas de la pared del rancho, se filtraba un confuso bullicio de órdenes y gritos, de alaridos y sollozos, de secas explosiones retumbando entre los árboles.

Monseñor Roland Bordelón, de nacionalidad estadounidense, director para América del Sur de la organización Catholic Relief Service, miró su reloj. Eran poco más de las cuatro de la madrugada de ese día 8 de febrero de 1975. La noche antes, cuando había llegado en compañía de otro religioso a visitar la comunidad de San Isidro de Jejuí, donde luego se quedaron a dormir, ni siquiera remotamente esperó despertar de modo tan violento.

Todavía estaba allí, sentado en el camastro sin saber qué hacer, cuando uno de los campesinos asomó su rostro lívido por la puerta.

–¡No salga, monseñor...! –le pidió–. ¡Es mejor que se quede adentro!

–¿Por qué...? –preguntó el visitante–. ¿Qué está pasando, por Dios?

–¡Parece que los soldados están atacando la colonia...!

La acción militar sorprendió a la mayoría de los pobladores en pleno sueño. Un pelotón de aproximadamente 70 efectivos, al mando del teniente coronel José Félix Grau, rodeó el caserío y procedió a allanar las viviendas una por una.

Cuando el párroco de la comunidad, el sacerdote Braulio Maciel, corrió a buscar refugio, fue herido desde atrás en una pierna por un proyectil y cayó al suelo.

"De ahí fue conducido, colgado de pies y manos, hasta una camioneta, y en ella hasta San Estanislao, donde se le practicaron los primeros auxilios, y de ahí hasta la capital. En el momento en que el padre Maciel yacía en tierra, varios campesinos trataron de defenderlo y recibieron la orden de 'cuerpo a tierra'. En esta posición fueron golpeados con palos", narra uno de los primeros informes sobre el caso, dado a conocer por el Obispado de Concepción, en fecha 21 de febrero de 1975.

Esta foto histórica muestra al religioso Juan Tremble, de la congregación Hermanitos de Jesús, trepado al techo, construyendo uno de los ranchos en Jejuí, en 1974.

Detenciones y secuestros

Los visitantes norteamericanos, monseñor Roland Bordelón y Kevin Calahan, fueron detenidos y remitidos al Departamento de Investigaciones de la Policía, en Asunción, donde permanecieron incomunicados durante 38 horas, sin poder contactar ni siquiera con la Embajada de su país.

También fueron arrestados los religiosos franceses Juan Penard y Juan Trembais, de la congregación de los Hermanitos de Jesús, la misionera española Pilar Larraya, junto a varios catequistas y dirigentes de la comunidad.

"Durante la operación fueron revisadas todas las casas de los habitantes y fueron secuestrados, entre otras cosas, libros, biblias, apuntes y síntesis de reflexiones de los propios campesinos. También desaparecieron, según nuestra información, la suma de 900.000 guaraníes, donada por organizaciones católicas de Europa para el pago de algunas hectáreas de tierra y la suma de 100.000 guaraníes, destinada para el próximo encuentro latinoamericano de los Hermanitos de Jesús con su Superior General de Roma, a realizarse en Asunción", señala el mismo informe del Obispado de Concepción.

San Isidro está ubicado en un lugar conocido también como Ybypé, distrito de Lima, San Pedro, a casi 300 kilómetros al norte de Asunción, sobre la ruta 3 General Elizardo Aquino.

El lunes 10 de febrero de 1975, dos días después del asalto, el obispo de la Diócesis de Concepción, monseñor Aníbal Maricevich, intentó ingresar en San Isidro, pero fue impedido enérgicamente por el teniente coronel Grau, comandante de la operación.

Entonces el obispo viajó a la capital y trató de entrevistarse con el ministro de Interior, Sabino Augusto Montanaro, pero este se negó a recibirlo.

La colonia continuó cercada por los militares durante más de tres meses. En todo ese tiempo, los pobladores permanecieron totalmente aislados del mundo exterior, "forzados a trabajar en favor del destacamento militar", según expresa un informe publicado por el periódico Sendero, órgano de la Conferencia Episcopal Paraguaya, en su edición del 4 de abril de 1975.

"Mientras fue posible, los campesinos comulgaron todos los días: recogieron las formas consagradas que fueron esparcidas por el suelo cuando a punta de machete fue violado el sagrario en la noche del asalto", agrega el informe de Sendero.

En total fueron apresadas unas 120 personas por este caso, incluyendo a pobladores de varias otras compañías de la región, solo por ser miembros de las Ligas Agrarias. Muchas fueron llevadas hasta una finca rural que el jefe de Investigaciones, el tristemente célebre represor Pastor Coronel, poseía a orillas del río Jejuí, en las afueras de Lima, donde fueron sometidos a interrogatorios bajo torturas.

El 2 de mayo todavía quedaban 28 campesinos presos. La mayoría fueron puestos en libertad a mediados de mayo, incluyendo al padre Braulio Maciel, quien se hallaba prisionero en el Policlínico Policial. Los últimos salieron recién después de la Navidad de ese año.

Las tierras arrebatadas a los campesinos fueron entregadas a Ramón Matiauda, primo del dictador Stroessner, quien se constituyó en una especie de señor feudal en toda la región, especialmente en la actual localidad de General Resquín, que en esa época era conocida simplemente como "Matiauda".

"Koljosets" en el Paraguay

La dictadura stronista trató de justificar el asalto a la comunidad de San Isidro de Jejuí con los más absurdos argumentos.

En un extenso editorial, publicado el 20 de febrero de 1975, el diario Patria, órgano oficial del Partido Colorado, sostenía que los ranchos campesinos eran "koljosets (granjas colectivas rusas, instauradas durante la revolución soviética socialista) clandestinos descubiertos en las pestañas de la selva. Allí se vive 'como hermanos' pero hay ´veladores' que son los dueños de la tierra que permanece indivisa y no se promete parcelar ni transferir a los 'hermanos', como en la dictadura del proletariado...".

De nada sirvieron las sucesivas declaraciones y aclaraciones de los obispos y demás sectores de la Iglesia (en un extenso pronunciamiento, el 7 de marzo de 1975 el arzobispo de Asunción, monseñor Ismael Rolón, condenó "la violencia desatada por las autoridades"). De nada sirvieron las colectas para ayudar a los detenidos que las diversas parroquias organizaron en esa Semana Santa de 1975.

Para el régimen, quienes se solidarizaban con los campesinos agredidos no eran más que "idiotas útiles" o "compañeros de ruta de los comunistas". La experiencia comunitaria de Jejuí era "puro comunismo", decía Patria, y por eso tuvo que ser destruida a sangre y fuego.

Pero, ¿qué había de verdad entre los escombros de esas humildes viviendas derrumbadas con violencia, entre los restos de esas cosechas segadas tan prematuramente en las chacras que quedaron desiertas...?

En busca de la tierra prometida

San Isidro de Jejuí fue un proyecto impulsado por la Federación Nacional de las Ligas Agrarias Cristianas (Fenalac), como una respuesta al problema de la falta de tierras de varios campesinos asociados, y con la utopía de construir una comunidad solidaria, según los principios cristianos.

Las llamadas Ligas Agrarias Cristianas (LAC) "fueron la expresión organizada del sindicalismo campesino, con un caudal de miembros que fue aumentando muy rápido, principalmente desde fines de la década del 60 hasta su cruenta destrucción a mediados de 1976", explica el investigador Aníbal Miranda en un libro escrito sobre estas organizaciones.

"Propulsadas inicialmente por agricultores empobrecidos del departamento de Misiones, ellas se extendieron por toda la región Oriental con un poderoso instrumento como guía: la Biblia", agrega Miranda.

La experiencia de Jejuí fue la más avanzada de las que llevaron a cabo los integrantes de las Ligas.

Más de 60 familias procedentes de Quiindy, Piribebuy, Roque González, Caapucú, Santa Rosa, Misiones y Villleta se instalaron inicialmente en unas 600 hectáreas, parte de unas 3.000 hectáreas pertenecientes a los sucesores de Domingo Trapani, que habían decidido lotearlas, con acuerdo del Instituto de Bienestar Rural (el actual INDERT).

Entre mayo y julio de 1969 se trasladaron las primeras familias y para octubre el núcleo ya había crecido a 25 familias y 188 miembros, que iban pagando por sus lotes a los Trapani hasta saldar la deuda sobre la propiedad de 230 hectáreas para 1975.

"Les esperaba la selva y la soledad... Había que construir las casas, abrir las picadas, desmontar los rozados. Medios, pocos, casi solamente los propios brazos...", relata un reportaje publicado en el semanario Sendero, escrito por periodistas que acompañaron la experiencia inicial.

"Vivir comunitariamente, poniendo en común siempre el fruto del trabajo de todos, planeando y resolviendo juntos todas las cuestiones que debían enfrentar, no era fácil. Y para ellos, que anteriormente habían vivido el individualismo de nuestra sociedad, una novedad", destaca el reportaje de Sendero.

La principal fuerza de los pobladores, según el informe, estaba "fundamentalmente en la inmensa fe, intensamente vivida. Jejuí es una comunidad donde lo religioso (también en búsqueda, muchas veces) cobra particular importancia y se palpa en el ambiente un fuerte sentido religioso".

El sacerdote Braulio Maciel, oriundo de Quiindy, compartía con los pobladores los mismos trabajos y era el responsable principal de la animación religiosa y de las celebraciones litúrgicas de la comunidad. Posteriormente, la experiencia atrajo a otros religiosos, entre ellos los misioneros de la Congregación de Charles de Foutcauld, más conocidos como los Hermanitos de Jesús. Uno de ellos, provisto de una canoa, recorría el río Jejuí pescando o cazaba en los bosques cercanos, contribuyendo con lo que obtenía a mejorar la escasa alimentación de los colonos.

"Llama la atención que todos los ranchos están profusamente adornados con plantas y con flores, en un trabajo que denota la mano femenina", apuntaba el reportaje de Sendero, destacando el esquema casi primitivo, aunque solidariamente fraterno, en que se manejaba la comunidad.

El sacerdote Braulio Maciel, en medio de los pobladores, durante un acto en las tierras recuperadas, en febrero del 2011. 

 Lo subversivo de la tierra en común

En poco tiempo, la experiencia de Jejuí contagió a otras comunidades. Desde las parroquias de San Estanislao, Lima y Horqueta se impulsaron nuevos proyectos pastorales, que serían precursores de las célebres Comunidades Eclesiales de Base (CEBs) que luego se extendieron por varios países de América Latina. Jejuí se convirtió prácticamente en el centro de un vasto movimiento campesino en toda la zona Norte del país.

El entonces obispo de Concepción, monseñor Aníbal Maricevich, "apoyó cada vez más a Jejuí y a las otras comunidades. A pesar de sus innovaciones litúrgicas, que no en todo coincidían con lo reglamentado, y a pesar de su comportamiento general, que bien se podría interpretar como un reproche a una Iglesia más tradicional y estática, el obispo no le negó nunca su apoyo. Más bien ayudó para que Jejuí fuese centro de formación cristiana campesina en toda su diócesis", recuerda el misionero Anastasio Kohman.

Entonces, ¿por qué se desató una represión tan brutal contra la comunidad?

En su libro En busca de la tierra sin mal, los jesuitas Bartomeu Meliá, José Luis Caravias y Miguel Munárriz ensayan una respuesta: "Antes de atacar los sitios donde había líderes y experiencias de las Ligas Agrarias más politizadas, el Gobierno (de Stroessner) comenzó destruyendo las comunidades donde simplemente se pretendía vivir una experiencia de 'comunidad total' y a pesar de estar situadas en zonas muy aisladas".

En Jejuí, recuerdan, "se pretendió llevar al máximo la solidaridad. Vivir juntos para compartir las alegrías y las penas, las fatigas y los descansos. Vivir juntos para un trabajo comunitario, ir haciéndose, por la libertad y la responsabilidad, cada vez más personas. Vivir juntos para tener algo que aportar en la línea del pensamiento, de la organización y de la planificación, a los demás hermanos campesinos".

El legendario pa'i Braulio Maciel resume que "el mayor crimen que se quiso cometer no fue sacarle las tierras a los campesinos ni arrestarlos o torturar sus cuerpos. El mayor crimen fue intentar asesinar el sueño de un pueblo que quería vivir en libertad, que quería rezar y amar en libertad. Pero no han podido lograrlo".

La recuperación de la isla de la utopía

Tras vivir en una especie de exilio interior durante 14 años, los pobladores de San Isidro Jejuí se reanimaron cuando la dictadura stronista fue derrocada durante el golpe militar de febrero de 1989 y se inició un proceso de transición democrática.

En 1989 se conformó la Asociación Campesina San Isidro de Jejuí, formada por los fundadores de la comunidad y sus descendientes. Realizaban gestiones ante la Justicia para reclamar la propiedad de sus tierras y a la par fueron a realizar ocupaciones simbólicas del lugar, que había sido convertido en estancia ganadera, primero por los Matiauda y luego por otras personas.

El Gobierno del general Andrés Rodríguez (1989- 1993) no les hizo caso. En dos ocasiones fueron desalojados con violencia por la Policía, acusados de invasores de sus propias tierras. El Parlamento rechazó su pedido de expropiación.

En 1994, el entonces presidente del IBR, Hugo Halley Merlo, tituló las tierras a nombre de Flora Rivarola de Velilla. Pero la Justicia empezó a fallar a favor de los legítimos dueños.

Primero, el juez Silvino Delvalle dictaminó que 150 hectáreas les sean devueltas a sus viejos y legítimos dueños. Luego de 10 años, la causa judicial llegó a su fin, ganando en todas las instancias. En febrero de 2010, la máxima instancia de la Corte Suprema de Justicia ratificó la sentencia a favor de la Asociación San Isidro de Jejuí.

Allí están ahora. Canosos pero invencibles, reactivando la isla de la utopía. "Ahora estamos produciendo 46 hectáreas de sésamo y 20 hectáreas de maíz. El sésamo, de la variedad KO7, lo estamos cosechando esta semana y estamos realizando gestiones ante el Senave para obtener una certificación y destinar una buena parte como semilla, que será distribuida para el mejoramiento de la producción de sésamo a nivel nacional", explica Gregorio Pirulo Gómez Centurión, uno de los fundadores de la comunidad, conocido poeta popular guaraní y gran defensor de la cultura indígena y campesina.

Este domingo, en vísperas del 41 aniversario del asalto a la colonia, los fundadores, sus descendientes y personas solidarias realizaron un acto en el local de la Asociación Campesina San Isidro de Jejuí, situado en el km 299 de la ruta 3. En una misa celebrada por el pa'i Victor Marins, párroco de Lima, se recordó a los 26 fundadores de la comunidad ya fallecidos.

"Ahora tenemos un conflicto judicial con un vecino, que se apropió de 20 hectáreas de nuestra propiedad, pero estamos aquí, llevando adelante nuevos planes de producción, de manera asociativa, esta vez con el apoyo de organismos del Gobierno. Vivimos otros tiempos, quizás ya no somos considerados subversivos o comunistas, pero el sueño de la comunidad de San Isidro, de vivir como hermanos y producir en común, se mantiene vivo y marca la diferencia en una era en que todo se hace de manera individual", destaca Gregorio Gómez.

Una bandera paraguaya ondea libre al viento, atada a un rústico mástil, en medio de las tierras recuperadas. Gregorio dice que nunca más la tumbarán.