A casi
un mes de la polémica modificación de la ley 1337/99, “De Defensa Nacional y
Seguridad Interna”, que concedió poderes extraordinarios al Poder Ejecutivo
para autorizar a las Fuerzas Armadas a combatir al EPP, las acciones realizadas
hasta ahora han producido muy pobres resultados.
A pesar
del gran despliegue de tropas y recursos en la zona Norte, ninguno de los
principales cabecillas del grupo armado ha sido capturado, ni los ataques se
han detenido.
Aunque
si fueron arrestados varios presuntos implicados en el asesinato del ganadero
Luis Lindstrond, (Juan Ramón Cardozo Bazán, Pedro Pablo Balbuena, Damacio
Miranda Medina, Ireneo Ramón Vallejos Rojas y Gustavo Ramón Cardozo Bazán)
sobre quienes aún no se han exhibido evidencias concretas, no son los más buscados
desde hace años (Osvaldo Villalba, Manuel Cristaldo Mieres, Magna Meza,
Alejandro Ramos, Liliana Villalba, entre otros).
Por el
contrario, la emboscada mortal que se produjo en la tarde del martes 1 de
octubre, sobre el camino de tierra que une a Tacuatí con la Ruta 3 General
Aquino, a unos tres kilómetros antes de salir al Cruce Tacuatí, dejando a un
oficial de policía muerto –suboficial segundo Solano David Burgos Sena, de 19 años,
que prestaba servicio en la Comisaría Policial de Tacuatí- y a varios heridos,
tiene un efecto mediático demoledor sobre la ineficacia en las acciones de
despliegue de las fuerzas de seguridad que se realizan en la región.
¿Cómo
se entiende que en una zona presuntamente controlada y militarizada, con alta
concentración de recursos bélicos, tecnológicos y de inteligencia, donde ya se
han realizado otros anteriores ataques del EPP, uno o más francotiradores
puedan realizar un nuevo ataque con alta efectividad, y luego desaparecer, sin
que puedan ser hallados?
El
ataque tuvo además un alto impacto político, ya que los vehículos atacados eran
camionetas patrulleras policiales que trasladaban al director de derechos
humanos del Ministerio del Interior, Hugo Samaniego, y a instructores de dicha
dependencia, que habían acudido a dar una jornada de adiestramiento sobre
derechos humanos a los efectivos policiales y militares, destacados en el
Destacamento de Tacuatí. (El tema es particularmente sensible, ya que varias
organizaciones no gubernamentales, como Serpaj y Codehupy, han hecho denuncias
internacionales, sosteniendo que los agentes destacados en la lucha contra el
EPP han violado derechos humanos básicos, en sus incursiones a los
asentamientos campesinos de la región).
“No se
trata de una luchas de fuerzas”, dijo en la noche del martes el presidente de
la República, Horacio Cartes, tratando de quitarle dramatismo a la nueva pérdida
de vida de un policía. Pero la opinión pública nacional e internacional si lo
ve como una lucha de fuerzas, en la que el Estado paraguayo despliega todo su
potencial de seguridad pública, incluso logrando una polémica modificación de
leyes para emplear internamente a las Fuerzas Armadas, pero sigue sin obtener
muchos resultados, y sigue dejando que se pierdan vidas.
No se
ha confirmado hasta ahora que la emboscada mortal haya sido cometida por
miembros del grupo armado. El EPP no lo ha reivindicado aún, ni lo ha negado.
El Gobierno, a través del ministro del Interior, Francisco de Vargas, sostiene
que todo apunta a que sí fue el EPP, pero que aún habrá que confirmarlo.
Mientras
prosiguen las discusiones en las redes sociales acerca de si el EPP realmente
existe o no, o si solo es una fachada de narcos y ganaderos, o si es una jugada
del propio Gobierno para justificar acciones represivas... en gran parte del
Norte desolado por cien años de soledad, marginación y olvido, por parte de los
sucesivos gobiernos... los tiros siguen sonando… y la gente sigue muriendo.
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