Un
enorme cartel con la pregunta "¿Que pasó en Curuguaty?" apareció
desplegado en medio de la multitud que asistió a la misa central del Tupãsy
ára, el pasado 8 de diciembre, en el Santuario de Caacupé.
Las
cámaras de televisión, que transmitían el acto religioso en directo, no
pudieron evitar mostrar el texto inquisidor, aunque los sucesivos paneos sobre
el sector del público dejaron de ser insistentes.
El
obispo de la Diócesis, monseñor Claudio Giménez, evitó referirse al tema en
toda su homilía, por más que la leyenda le aparecía en frente como una
interpeladora cuestión.
La
molesta pregunta, que había sido formulada inicialmente solo por unos pocos
sectores políticos y sociales, se ha ido multiplicando en diversos espacios
ciudadanos, hasta volverse casi un clamor colectivo.
Al
menos así fue exclamada durante la multitudinaria marcha que recorrió las
calles de Asunción el último 10 de diciembre, Día de la Declaración
Internacional de los Derechos Humanos, con la principal motivación de exigir un
esclarecimiento real de la masacre del 15 de junio de 2012 en las tierras de
Marina Kue, Curuguaty, que dejó un luctuoso saldo de seis policías y once
campesinos asesinados, desencadenando la crisis política que derivó en la
destitución por juicio parlamentario abreviado del presidente Fernando Lugo.
Hoy se
cumplen seis meses de la masacre y mañana vence el plazo para que la fiscalía
presente el resultado de la investigación sobre el caso.
La
Justicia paraguaya se enfrenta de este modo a uno de sus mayores desafíos, en
un momento político particularmente sensible, de pre-contienda electoral y de
crisis aún no resuelta, principalmente en el plano internacional.
A una
primera investigación paralela llevada a cabo por la Plataforma de Estudio e
Investigación de Conflictos Campesinos (PEICC), presidida por el exsenador
Domingo Laíno, se suma en estos días otra investigación sobre el caso,
realizada por la Coordinadora de Derechos Humanos del Paraguay (Codehupy), que
acusa de parcialidad al equipo fiscal, señala graves deficiencias en la
recolección de pruebas, y sobre todo plantea que las hipótesis de la
investigación oficial apuntan principalmente a demostrar la responsabilidad de
los campesinos en las 17 muertes, cuando han ido apareciendo también
inquietantes indicios sobre presuntos abusos policiales, y se han planteado
sospechas de posibles ejecuciones extrajudiciales.
El modo
en que se desarrolle este emblemático proceso judicial será clave para mejorar,
sostener o debilitar aún más la deteriorada imagen institucional y política que
hoy tiene internacionalmente el Paraguay. Pero de alguna manera, ya sea oficial
o extraoficialmente, necesitamos hallar respuestas a la inquietante pregunta de
qué pasó realmente en Curuguaty.
(Publicado en la columna "Al otro lado del silencio", sección Opinión, del diario Última Hora, edición del sábado 15 de diciembre de 2012)
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