domingo, 15 de junio de 2014

Marina Cué: Lo que la Justicia aún no aclara

La foto presentada como evidencia del caso Curuguaty. La Fiscalía sostiene que muestra a Rubén Villalba apuntando al subcomisario Erven Lovera.

¿Quién inició los disparos que cobraron 17 vidas y tumbaron a un Gobierno? ¿Hubo ejecuciones extrajudiciales? ¿Cuáles son las responsabilidades de los campesinos y cuáles las del Estado? La politización del caso Curuguaty impide conocer toda la verdad. El controvertido y sospechado juicio sigue pendiente.

Por Andrés Colmán Gutiérrez | @andrescolman

El hombre de la camisa roja aparece en la foto apuntando un objeto no identificado hacia otro hombre vestido con un uniforme de policía, con la inscripción GEO en la espalda.
Alrededor hay policías y campesinos apostados en el camino de tierra y entre la vegetación, en una escena confusa, pero que revela mucha tensión.
La foto es borrosa, desenfocada, aparentemente por haber sido tomada a distancia, pero se alcanza a divisar que uno de los campesinos tiene un machete en la mano, otro tiene un garrote de madera y más al fondo están otros apuntando lo que parecen algunas escopetas. También se aprecia que la mayoría de los campesinos tienen el rostro cubierto por pañuelos blancos.
La fotografía captada por un policía en la mañana del viernes 15 de junio de 2012, fue presentada por el fiscal Jalil Rachid y por el equipo a cargo de la investigación como una de las principales evidencias de la acusación del Ministerio Público sobre el denominado Caso Curuguaty.
La versión oficial sostiene que el hombre de la camisa roja en la foto es Rubén Villalba, principal líder de los campesinos ocupantes, y lo que tiene en las manos es un revólver que apunta a la cabeza del subcomisario Erven Lovera Ortíz, jefe del Grupo Especial de Operaciones (GEO) de la jefatura policial del Alto Paraná, que esa mañana encabezó al primer grupo que ingresó junto a los campesinos.
"El primer disparo vino de los ocupantes, los policías no tenían armas. El grupo negociador (de la policía) no tenía armas", dice Rachid, quien refiere que ese primer disparo provino probablemente del revólver de Villalba, causando la muerte de Lovera, y que otros campesinos también dispararon, asesinando además a otros cinco policías (Osvaldo Sánchez Díaz, Wilson Cantero, Jorge Rojas Ferreira, Juan Gabriel Godoy y Derlis Ramón Sosa).
"Una vez que se producen los disparos, que duraron entre treinta a cuarenta minutos, de acuerdo a los testimoniales que nosotros tenemos, se vuelven a reagrupar los policías y efectúan esos disparos, ya ante una acción. Lo que hicieron fue una reacción y ahí se da la explicación de porqué hay bajas en los ocupantes", asegura Rachid.

Investigación de un solo lado

A dos años del más grave incidente armado en un conflicto de tierras, que dejó un saldo de 6 policías y 11 campesinos muertos, y que días después sirvió como principal excusa para un juicio parlamentario abreviado que destituyó al presidente Fernando Lugo, el llamado Caso Curuguaty sigue provocando más preguntas que respuestas.
La principal crítica de organizaciones internacionales de derechos humanos es que la Fiscalía solo investiga la muerte de los 6 policías, pero no la de los 11 campesinos, presuponiendo que solo hubo hechos punibles cometidos por los ocupantes.
Otras investigaciones realizadas en forma paralela, una de ellas por la Plataforma de Estudios e Investigación de Conflictos Campesinos (Cpeicc), presidido por el ex presidenciable liberal Domingo Laíno, otra por la organización internacional Vía Campesina y otra por la Coordinadora de Derechos Humanos del Paraguay (Codehupy), coinciden en señalar varias irregularidades en toda la actuación policial, fiscal y judicial, desde sus inicios.
El primer punto cuestionado es que el aparatoso operativo realizado el día 15 de junio de 2012 se presentó ante la opinión pública como una acción para desalojar a los ocupantes, pero la orden judicial que la respaldada, firmada por el juez José Dolores Brítez, era solo una orden de allanamiento.
El caso fue expuesto originalmente como un desalojo de personas que invadieron una propiedad privada de la empresa Campos Morombi SA, del empresario y político colorado Blas N. Riquelme, vinculado en su momento a la dictadura stronista; pero los documentos revelados posteriormente permiten sostener que las tierras son en realidad del Estado paraguayo, donadas en 1967 por la empresa La Industrial Paraguaya SA, de la cuales Riquelme se apropió indebidamente, tal como lo asegura el propio Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra (Indert). Pero esta cuestión aún debe ser decidida finalmente por la Corte Suprema de Justicia.

Lo que pasó ese día

Una fuerza total de 324 policías, al mando del comisario general Arnaldo Sanabria Morán, director de la 4ª Zona Policial, se movilizó esa mañana para desalojar a los ocupantes, según consta en el expediente del Ministerio Público.
La policía ingresó en dos columnas, por dos de los tres únicos caminos que llegaban hasta el campamento de los campesinos, a unos 3 kilómetros de la ruta 10, Las Residentas, buscando rodearlos y dejarlos sin vías de escape. En el lugar, según la mayoría de los testimonios, había unos 60 ocupantes, incluyendo hombres, mujeres y niños.
Un helicóptero Robinson Raven R44, a cargo de la la Agrupación Aero-Fluvial de la Policía Nacional, dotado de una potente cámara grabadora de videos, sobrevoló desde temprano el campamento de los campesinos y el piloto detectó que varios de ellos estaban armados "con escopetas, foisas (hoces) y machetes".
Aunque el fiscal Jalil Rachid y varios voceros de la Fiscalía insisten en que los policías que se acercaron a los campesinos lo hicieron sin portar armas de fuego, o que solo tenían balines de goma, los testimonios de varios de los propios policías revela que unos diez efectivos operativos tácticos que ingresaron por el lado del establecimiento de la empresa Campos Morombí, junto al jefe del GEO, Erven Lovera, y al jefe de orden y seguridad de la Policía de Canindeyú, Miguel Ángel Anoni, sí estaban armados con fusiles automáticos de asalto Galil (de origen israelí, aunque fabricados en Colombia), cargados con munición calibre 5,56 milímetros, con cargadores curvos que llevan 35 a 50 proyectiles.
Los testimonios de los policías indican que los efectivos tácticos se parapetaron a muy pocos metros del lugar en que Erven Lovera intentó dialogar con los campesinos, apuntando con sus armas a los campesinos que se encontraban igualmente parapetados del otro lado, también apuntando con algunas escopetas.
Los detalles acerca de lo que sucedió en ese momento clave, difieren según quien lo cuenta. Fredy Toledo, Vicente González y Virgilio Blasco Giménez, policías que eran miembros del grupo táctico y lograron sobrevivir, coinciden en que tanto desde el helicóptero Robinson 44, como durante la propia observación en tierra, ya habían identificado a varios campesinos armados con escopetas, parapetados detrás de sus dirigentes en "una formación de tipo medialuna", o abiertos en forma semicircular, para no dispararse unos a otros. 
La instrucción que recibieron los policías tácticos fue que cada uno identifique a un "objetivo hostil" (campesino armado), los pongan en la mira de sus fusiles Galil, y se queden apuntándolos concentradamente, previendo cualquier ataque.
Quienes sí ingresaron por el otro camino, por el sector de Hacienda Paraguaya, sin portar armas reglamentarias, fueron los cascos azules o policías antimotines del GEO encabezados por unos diez escopeteros cargados con balines de goma, con una reserva de unas 70 granadas de gas lacrimógeno.

El incidente que provocó la masacre

Varios testimonios coinciden en que hubo un inicio de diálogo entre el subcomisario Erven Lovera y los principales dirigentes, Rubén Villalba, Avelino "Pindú" Espínola Díaz y Adolfo Castro Benítez.
En el informe de la Codehupy, uno de los testigos campesinos sostiene que Espínola le pidió a Lovera: "Vamos a conversar", pero el jefe policial le dijo que ya no había nada que discurtir, y que debían abandonar el terreno. Hubo un forcejeo. "Ahí alzó la mano Espínola, y ahí ya le dispararon (a Espínola)", dice.
Las versiones de los policías que declararon en el expediente de la Fiscalía son diferentes. Sostienen que un "campesino corpulento, vestido con una remera roja, con tapabocas y lentes oscuros", fue quien le disparó primero a Lovera. Fredy Toledo, César Medina y Juan Sixto Benítez coinciden en que un campesino atacó primero con una foisa (hoz) a Lovera, quien esquivó el golpe con la mano, entonces el campesino de remera roja (presuntamente Villalba) que le estaba apuntando con su revólver le disparó a quemarropa dos balazos. Luis Alberto Rolón dice que el disparo fue a la cabeza, otros dicen que fue al tórax.
Sea quien sea el que hizo el primer y segundo disparo, le siguieron en seguida varias ráfagas de disparos, varios de ellos de armas automáticas, tal como se escucha en el video grabado por uno de los policías antimotines que ingresaban desde atrás. Hasta ahora, las evidencias apuntan que solo los policías tácticos apostados tenían armas automáticas (los fusiles de asalto Galil).

Los muchos interrogantes

Durante el enfrentamiento armado, el helicóptero Robinson Raven R44 de la Agrupación Aero-Fluvial, sobrevoló varias veces el escenario y se presumía que grabó secuencias importantes de lo ocurrido.
En una entrevista con Radio Ñandutí, días después de la masacre, el jefe de la Agrupación Aero-Fluvial, comisario Roque Julio Fleitas, le aseguró al periodista Humberto Rubín: "Hay mucho material filmado por la cámara del helicóptero". Varias semanas después, el fiscal Jalil Rachid dijo que lamentablemente la cámara del helicóptero no funcionaba, y que ninguna imagen se pudo grabar desde el aire.
De la escena del enfrentamiento, la Fiscalía recolectó como evidencias las armas que habrían usado los campesinos: 4 escopetas viejas, 1 rifle calibre 22 transformado de aire comprimido, 1 revólver Eibar calibre 38, 19 foisas, 15 machetes y machetillos, 8 mboka ñuhá o armas de fabricación casera, 1 bomba molotov, además de linternas, celulares, edredones y proyectiles calibre 22.
Varios días después, el 25 de junio, se agregaría como evidencia una escopeta calibre 12, hallada cerca de la parroquia de Curuguaty, y que según el dueño, fue robada el 22 de junio, siete días después de la masacre.
Diversas denuncias y testimonios acusan además que, tras el primer intercambio de disparos, sectores de la Policía reaccionaron con desmedida crueldad y violencia, iniciando una especie de "cacería humana" de los campesinos sobrevivientes.
La Codehupy y los abogados defensores de los campesinos acusados por la masacre sostienen que existen indicios de que al menos 7 de los 11 campesinos muertos habrían sido víctimas de ejecuciones extrajudiciales, que la Fiscalía se niega a investigar.

La politización de un caso judicial

El más grave caso de muertes violentas por conflicto agrario en la historia contemporánea del Paraguay ingresó desde el primer momento en un pantanoso terreno político, cuando los sectores mayoritarios en el Parlamento, entre ellos el opositor Partido Colorado y el cogobernante Partido Liberal, con respaldo de otros grupos como Unace y Patria Querida, utilizaron el conflicto para forzar un cuestionado juicio político express, logrando destituir al presidente Fernando Lugo, más identificado con la izquierda, a quien le sustituyó su vicepresidente, el liberal Federico Franco.
La visión política dominante se imprimió también al tratamiento jurídico del caso Curuguaty, en donde la investigación fiscal pareció establecer desde un primer momento la premisa de que los campesinos eran los únicos culpables, y no hubo ninguna acción irregular de parte de los policías y otros organismos del Estado.
La mayoría de los procesados se exponen a una pena de hasta 25 años de cárcel, por la acusación de homicidio doloso en grado de tentativa. Serán juzgados Rubén Villalba, Felipe Benítez Balmori, Luis Olmedo, Adalberto Castro, Arnaldo Quintana, Néstor Castro, Lucía Agüero, María Fani Olmedo, Dolores López, Juan Tillería, Alcides Ramón Ramírez y Felipe Nery Urbina.
Los primeros nueve están acusados de invasión de inmueble ajeno, asociación criminal y homicidio doloso en grado de tentativa. Ramírez y Tillería están por invasión de inmueble, y Urbina, por frustración de la persecución y ejecución penal.
A esta lista hay que agregar a Rilsi Raquel Villalba Ortiz (18), pareja de Rubén Villalba, que también debe ser juzgada pero con el proceso penal adolescente, debido a que era menor de edad cuando se produjo la matanza.
Desde el otro sector de los grupos de izquierdas y de organizaciones de derechos humanos, que han conformado la Articulación Curuguaty, se sostiene con frecuencia la teoría de que la masacre de junio de 2012 fue una compleja conspiración montada por sectores de derecha para destituir al Gobierno de Lugo, olvidando que la movilización de los 324 policías para desalojar irregularmente a los campesinos de Marina Cué fue una acción avalada por el entonces ministro del Interior, el actual senador Carlos Filizzola, del Frente Guasu.
Otra de las teorías que se manejan desde el sector que cuestiona la investigación oficial es que los disparos que provocaron la muerte de campesinos y policías habrían sido realizados por francotiradores desde zonas boscosas, como llegó a sugerir el informe de la Plataforma de Estudios e Investigación de Conflictos Campesinos (Cpeicc), de Domingo Laíno, aunque hasta ahora no surgieron evidencias concretas que permitan sostener esta afirmación.
La politización del caso judicial, sostenida desde uno y otro sector, impide que hasta ahora se conozca los detalles sobre lo que realmente sucedió hace dos años en Curuguaty. El juicio oral del caso está previsto para el próximo 26 de junio, pero existen fuertes versiones de que nuevamente sería suspendido.

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