Hay
varias críticas a los medios de comunicación y a los periodistas por haber
difundido la nueva serie de videos del grupo armado Ejército del Pueblo
Paraguayo (EPP), porque supuestamente al hacerlo se arruinaron evidencias
secretas que la Fiscalía iba a presentar en un juicio, o porque “así solo se
hace aún más propaganda al grupo criminal”.
Diferenciemos
un poco. Hay una cuestión de ética periodística a discutir (en la que
seguramente varios comunicadores tenemos posturas distintas), pero la principal
responsabilidad de estas “filtraciones” no ha sido de los medios, ni de los
periodistas, sino de las autoridades que estaban encargadas de su custodia, y
que no lograron proteger sus evidencias, como para evitar que estas sean
filtradas a la prensa. No es la primera vez que ocurre...
Los
periodistas no somos “auxiliares de la Justicia”. No somos parte del Poder
Judicial, ni del Ministerio Público, ni de la Policía (aunque algunos colegas
tengan a veces cierta mentalidad parecida). Nuestros objetivos pueden coincidir
en ocasiones con el de estos sectores, pero casi siempre entran en conflicto,
porque mientras ellos quieren ocultar datos, nosotros queremos divulgarlos para
que la gente se entere.
Los
periodistas nos debemos a la sociedad –a nuestros lectores, a nuestras audiencias
y a la llamada opinión pública-, más que a nuestros propios empleadores. Si
obtenemos alguna información interesante, por más que a veces sea por
mecanismos irregulares, la principal pregunta que nos hacemos siempre es si la
divulgación de la misma resulta o no de utilidad pública, sin importar que
pueda perjudicar a algún sector específico.
Cualquier
periodista o editor sabe que acceder a videos inéditos sobre el grupo armado
que hoy sigue causando zozobra en la zona Norte del país, resulta de interés
público. Mientras su publicación no ponga en peligro a una vida humana –como
sería, en este caso, la del joven Arlan Fick, actualmente secuestrado por el
EPP-, se impone divulgarlos, porque aportan nuevos elementos informativos para
transparentar aún más las situaciones que interesan a la gente. ¿Qué con ello
se arruinan acciones judiciales o policiales? Lo sentimos por estos organismos,
que no fueron eficaces en proteger sus materiales.
No se
puede pedir que la prensa no publique una información que obtuvo, porque va a
perjudicar a la Fiscalía o a la Policía, o porque atentaría contra la famosa
“seguridad nacional”. Con este criterio, nunca se hubieran publicado los
famosos Documentos del Pentágono, ni los cables diplomáticos de WikiLeaks, que
tanta información aportaron y tanta necesaria transparencia informativa
permitieron, a nivel global.
Las más
de 60 secuencias de videos grabados por los propios miembros del EPP estaban en
la tarjeta de memoria de una cámara filmadora, hallada en la mochila de uno de
sus integrantes, Bernardo “Coco” Bernal, abatido durante un enfrentamiento con
efectivos de la Fuerzas de Tarea Conjunta, el 2 de abril de 2014, la misma
noche en que secuestraron al joven Arlan Fick.
Desde
entonces, presuntamente, algunas personas las estaban ofreciendo a cambio de
dinero a algunos medios de comunicación. Es una patética muestra de los niveles
de corrupción, y del poco nivel de profesionalismo de nuestras fuerzas de
seguridad.
Más de
una vez, como periodista investigador, me encontré con fuentes que pedían
dinero a cambio de proveer datos, fotos, videos o documentos que tengan valor
informativo. La norma en esta Redacción ha sido siempre no pagar dinero por la
obtención de informaciones. Por lo que sé, en este caso concreto, los colegas
de Última Hora que obtuvieron copias de los videos del EPP no han pagado un
solo guaraní por ellos. Por el contrario, las fuentes que los proveyeron
aseguran que los entregaron justamente para evitar que sus jefes puedan lucrar
con los mismos, como estaban queriendo hacer. Ignoro si en otros medios se pagó
algún dinero. Me gustaría creer que no.
Más
allá de los muchos aspectos de esta cuestión, que se puedan seguir discutiendo,
hoy podemos saber más cosas sobre el EPP, gracias a la difusión de estos
videos. Y eso de que difundiéndolos solo hacemos “más propaganda a un grupo
criminal”, es una falacia. La realidad no se cambia con no nombrarla. ¿Acaso no
lo aprendimos desde la época de la dictadura?
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