El regreso del oscurantismo militar

Las patrullas militares brotaban súbitamente en cualquier esquina o recodo de caminos. Soldados vestidos como Rambo subían a los ómnibus o detenían a los transeúntes, encañonando a sus propios compatriotas como si fueran enemigos de un país ocupado. La orden sonaba seca, temible: "¡Libreta de baja...!".
Quienes tenemos más que dos décadas de edad, no lo olvidamos. No portar la famosa "baja" o boleta de enrolamiento significaba ser desertor, renegado, delincuente, antipatriota. Los camiones verdes recorrían los polvorientos caminos, a la cacería de humildes jóvenes campesinos, muchos de ellos menores a los 18 años establecidos para el Servicio Militar Obligatorio (SMO). Era doloroso ver esos rostros oscuros, y llenos de pavor, marchando arreados como reses de ganado hacia los lejanos fortines del Chaco o las fronteras.
Tener la "baja" no implicaba necesariamente haber pisado los cuarteles. El 15 de enero de 1996, publiqué en Última Hora un reportaje investigativo en el que demostramos cómo el joven Mario Franco Olivetti pudo comprar tranquilamente una libreta de baja del copetín Jim West, al lado del entonces local de la Dirección del Servicio de Reclutamiento y Movilización de las Fuerzas Armadas (Disermov), sobre la avenida Eusebio Ayala.
A Mario le bastó llegar, hablar con el dueño del bar, entregarle 300.000 guaraníes y dos meses después ya retiró su flamante "baja", en donde consta que hizo dos años de servicio militar. Era una cadena de corrupción que llegaba hasta los más altos mandos del ejército paraguayo.
Las valientes denuncias de organizaciones como la Asociación de Familiares de Víctimas del Servicio Militar (Afavisem), el Movimiento de Objeción de Conciencia (MOC) y el Servicio de Paz y Justicia (Serpaj), demostraron que desde la caída de la dictadura, en 1989, un total de 113 jóvenes fueron muertos en los cuarteles, sometidos a castigos inhumanos. Por varios de estos casos, el Estado paraguayo acabó denunciado ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, siendo obligado a pedir públicamente perdón a los familiares de las víctimas, y a resarcirlas.
Desde entonces, a pesar de la continuidad de la vigencia de la Ley 569/75 del SMO, ni los más represivos gobiernos colorados volvieron a exigir la tristemente célebre "libreta de baja". Sorprende que ahora, bajo un breve y eventual gobierno liberal, que pregona ser presuntamente más respetuoso de los derechos humanos, las Fuerzas Armadas hayan distribuido una circular, en la que exigen a todas las empresas del país que a su vez exijan a sus empleados la libreta de enrolamiento -o la constancia de objeción de conciencia- para poder trabajar, en contradicción de la misma Constitución y del Código Laboral.
Es un regreso del peor oscurantismo militar, cuando lo que habría que hacer es abolir de una vez el SMO y pensar seriamente en unas FF. AA. modernas y profesionales.

(Publicado en la columna semanal "Al otro lado del silencio", en Última Hora, sábado 25 de agosto de 2012).