Pablo Milanés: una vieja canción recuperada

Andrés Colmán Gutiérrez

En aquellos años de rebelde adolescencia anti dictatorial, cuando la canción social encendía nuestras conciencias y alimentaba nuestros sueños de libertad, acostumbrábamos discutir en las peñas quién era mejor: Silvio Rodríguez o Pablo Milanés.

Admirábamos con devoción a los dos puntales de la Nueva Trova Cubana, íconos casi inseparables en nuestro parnaso musical, pero las diferencias hacían que se formen dos bandos: los pro-Silvio y los pro-Pablo.

Silvio era el revolucionario de la guitarra, con su estridencia un poco chillona pero fuertemente testimonial, el poeta existencial y casi metafísico, capaz de darnos canciones tan inquietantes y bellas como “Mariposas” o “Sueño con serpientes”. Pablo era el de una voz mucho más privilegiada y agradable, sensible e intimista, que te partía la cabeza con “El breve espacio en que no estás”, que te hacía envejecer prematuramente con “Años” o te movía a indignarte contra Pinochet y todos los dictadores al cantar “Yo pisaré las calles nuevamente”.

El tiempo, el implacable, el que pasó, los fue distanciando también a ambos genios del arte, mientras algunas de sus canciones también se nos volvían añejas, desdibujadas por el crack de la dura realidad.

Pablo se volvió crítico de la cada vez más autoritaria revolución castrista y emprendió casi un auto exilio en Madrid, valiéndose del necesario tratamiento a su deteriorada salud, mientras Silvio seguía siendo un acérrimo defensor del proceso político en la isla, con sus arrebatos autocríticos.

En estos días en que la sorpresiva muerte de Pablo nos golpeó hondo, entendimos todo lo que hay en una canción arrebatada junto a viejos sueños juveniles: “Cuánto gané, cuánto perdí / cuánto de niño pedí / cuánto de grande logré / qué es lo que me ha hecho feliz / qué cosa me ha de doler”

En su blog Segunda Cita, Silvio se limitó a homenajear a su otrora cómplice de sueños, publicando una vieja canción inédita que le compuso en 1969, cuando ambos creían por igual en la revolución y subían juntos a los escenarios: “Eres un espacio que se vuelve / sin espina y que se pierde /en la alegría de volverse / pero ya tu voz se está quedando / ya tu mano está grabando /todo un nombre con sus dientes”.

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En 1986 pude entrevistar brevemente a Pablo Milanés en Lima, Perú, para El Correo Semanal de Última Hora.

Yo llevaba algunos meses viviendo en la ciudad sin lluvia, cuando el presidente Alan García organizó la Semana de Integración Cultural Latinoamericana (Sicla), que convocó a los mayores referentes de la música contestataria del continente, de las artes y las letras, en una serie de festivales y conciertos populares. Por el Paraguay participaron el Terceto Ñamandú (con Ricardo Flecha, Chondi Paredes y Rolando Chaparro), además del poeta Elvio Romero y el escritor Carlos Villagra Marsal.

Me acredité como corresponsal y pude acceder al hotel donde se alojaban los artistas. Me sentaba a una de las mesas de la cafetería y los veía bajar a desayunar, me acercaba a saludarlos y les pedía una entrevista. Algunos accedieron con cordialidad cuando supieron que era del Paraguay, “ese país dominado por el dictador Stroessner”, como la chilena Isabel Parra, los cantantes argentinos León Gieco, Víctor Heredia y Facundo Cabral.

Durante la charla con Heredia, Pablo Milanés se acercó a saludarlo. Se abrazaron y Víctor le contó que yo era un periodista paraguayo “exiliado”. Pablo me estrechó la mano y le pregunté si también podría entrevistarlo. “Si, sí, búscame al final del desayuno”, me dijo, y se fue a una de las mesas, donde estaban los músicos de la banda cubana Irakere.

Cuando lo vi levantarse junto a otras personas, me aproximé a recordarle la entrevista. “Qué pena, vienen a buscarme para llevarme a Villa El Salvador, pero acompáñame hasta la calle y hazme algunas preguntas”, me dijo, con gentileza. Me conmovió su humildad en medio del asedio de sus fans. En ese trayecto hasta el auto, donde ya lo estaban esperando con impaciencia, pude grabar algunas declaraciones, que ahora cito de memoria, porque aquella hoja impresa se me extravió en la montaña de viejos papeles.

“¿Ir a cantar al Paraguay? Me gustaría mucho, pero no creo que me dejen entrar, al menos hasta que caiga ese dictador que tienen ustedes. De seguro podré ir cuando tengan más libertades. Conozco poco de tu país, he leído los libros de Augusto Roa Bastos, he conocido a algunos paraguayos exiliados en Cuba, pero me admira que tengan una identidad cultural tan vital, que mantengan viva la lengua indígena guaraní”, me dijo, entre otras cosas. 

Tuvieron que pasar diez años para que Pablo cumpla aquella promesa. Una tibia noche del 25 de octubre de 1996 lo volví a ver en persona, esta vez desde las gradas de un escenario en el polideportivo del Club Sol de América, entonando varias de las mismas canciones que le había oído cantar en un estadio repleto, en Lima. “Vamos viviendo/ viendo las horas que van muriendo / las viejas discusiones / se van perdiendo entre las razones”.

Ahora, enterado de su muerte física, pongo en un viejo tocadiscos el doble vinilo de “Querido Pablo” que compré en una disquería de Lima, en aquel febril 1986, y sus canciones me suenan otra vez tan frescas, tan recuperadas, tan premonitorias: “Los años que pasaron/ definieron mi suerte / la vida que he llevado / tiene un poco de muerte”.

¡Salud y larga vida, querido Pablo!

La Iglesia paraguaya deja atrás el conservadurismo más duro

 

Desde sus orígenes, la Iglesia Católica paraguaya vive una fuerte puja entre sectores conservadores, centristas y progresistas. Experiencias como las Reducciones Jesuíticas y las Ligas Agrarias, combatidas y reprimidas, fueron señales de una Iglesia comprometida con los pobres y marginados. Obispos como Rolón, Medina y Maricevich fueron baluartes de resistencia ante la dictadura. La politización de Fernando Lugo generó un impacto negativo para el progresismo y favoreció el ascenso del conservadurismo más duro. La llegada del Papa Francisco con sus ideas renovadoras ayudó a equilibrar fuerzas. El nombramiento de Adalberto Martínez como nuevo arzobispo de Asunción y primer cardenal en la historia del Paraguay, abre una nueva etapa para una Iglesia más abierta a los signos de los tiempos. Que el cardenal Martínez decida realizar su primera misa en una humilde parroquia del Bañado Sur es un mensaje claro de que el liderazgo eclesial retoma la cercanía con los más pobres y excluidos.

Por Andrés Colmán Gutiérrez - @andrescolman 

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La Iglesia Católica, con más de dos mil años de permanencia en la historia mundial, es una institución que ha aprendido el enorme poder de los símbolos. La imagen de un hombre clavado a una cruz es sin duda su representación más universal, pero también lo son los múltiples gestos que sus líderes y exponentes protagonizan en momentos cruciales de la historia.

Por poner un ejemplo, podemos recordar a uno de los principales referentes de la Iglesia paraguaya, el destacado ex arzobispo de Asunción, monseñor Ismael Rolón, quien cuando la dictadura del general Alfredo Stroessner recrudeció la represión contra sectores contestarios, incluyendo a sacerdotes, religiosos y laicos, convocó a dos grandes “procesiones del silencio”, en octubre de 1987 y agosto de 1988, en la que pidió a los fieles que marchen en completo silencio por las calles de Asunción hasta la Catedral Metropolitana, sin gritar consignas. La expresión de aquella multitud callada tuvo más fuerza que los gritos de muchas otras marchas de grupos políticos opositores.

Una larga historia de pujas internas

Desde que se estableció en Asunción el primer episcopado de la cuenca del Río de la Plata, por auspicios del Emperador Carlos V y con la bula del Papa Paulo III Super Specula Militantis Ecclesiae del 1 de julio de 1547, con la que se creó el Episcopatum Paraguariensis, la Iglesia Católica paraguaya vive una fuerte puja entre sectores conservadores, centristas y progresistas.

A través de la historia, sectores eclesiales comprometidos con los más pobres y marginados impulsaron experiencias consideradas subversivas o revolucionarias, como las célebres Reducciones Jesuíticas, experiencias de comunidad con indígenas guaraníes, implementadas por misioneros de la Compañía de Jesús en un conjunto de treinta pueblos misioneros fundados a partir del siglo XVII en Paraguay, Argentina, Uruguay y partes de Bolivia y Brasil, con sistemas productivos, económicos y políticos de tipo socialista, que resultaban peligrosos para los poderes coloniales, poniendo además a salvos a los indígenas de los cazadores de esclavos. Finalmente, los reinos de España y Portugal decidieron expulsar a los jesuitas de América y acabar con las Reducciones en 1767.

Miembros de la Iglesia Paraguaya, como fray Fernando Cavallero o el presbítero Francisco Xavier Bogarín participaron activamente del proceso de la Independencia del Paraguay (mayo de 1811), pero luego el clero fue perseguido o sometido a controles por los gobiernos del dictador Garpar Rodríguez de Francia y sus sucesores, Carlos Antonio López y Francisco Solano López.

Tras la debacle producida por la Guerra de la Triple Alianza (1964-1970), la Iglesia Católica Paraguaya empezó a reorganizarse paulatinamente. En 1929 fue restablecida la Provincia Eclesiástica del Paraguay, con el Arzobispado de Asunción como sede y con las diócesis de Villarrica y Concepción como primeras sufragáneas.

El primer arzobispo de Asunción, Juan Sinforiano Bogarín, fue un gran defensor de los derechos de los más desprotegidos. Llamado “El obispo viajero” recorrió casi cincuenta mil kilómetros a caballo, por todo el país, animando a los campesinos a organizarse socialmente para la defensa de sus tierras y de sus derechos. El Obispo Hermenegildo Roa (tío del escritor Augusto Roa Bastos, retratado en su célebre cuento “El viejo señor Obispo”) como un pastor dedicado a los más pobres, fue secretario de monseñor Bogarín y vicario general de la diócesis.

Enfrentados a los abusos

Así como existieron obispos y sacerdotes que buscaron congraciarse con los sucesivos regímenes totalitarios y sectores políticos y económicos que dominaron el Paraguay a lo largo del Siglo XX, quizás fueron más lo que se opusieron a los abusos y acompañaron los sufrimientos del pueblo.

“Si uno lo compara con cualquier otro país de América Latina, no hubo otra Iglesia que se haya plantado ante una dictadura como lo hizo la paraguaya, denunciando violaciones de derechos humanos, clamando por aperturas políticas. También sufrió muchos ataques. Hubo periodos duros en donde se hicieron gestos dramáticos, como la decisión del entonces obispo de Caacupé, monseñor Ismael Rolón, de suspender la procesión de la Virgen en 1969. Ya como arzobispo de Asunción, suspendió el tedéum del 15 de agosto y comunicó que no iba a participar del Consejo de Estado. Fueron gestos simbólicos importantes que hicieron que la Iglesia paraguaya marque con actos la independencia que reclamaba al Estado”, destaca en una entrevista el investigador Miguel Carter, autor del libro El papel de la Iglesia en la caída de Stroessner.

Carter señala que “los sectores más progresistas acompañaron las primeras movilizaciones campesinas, apoyaron la creación de las Ligas Agrarias Cristianas. La Iglesia paraguaya siempre fue una Iglesia pobre, sin muchos recursos, que no se identificó con los propietarios de tierras, ni con los estamentos más favorecidos”.

Al igual que la experiencia de las Reducciones Jesuíticas en la época colonial, las Ligas Agrarias Cristianas y las Comunidades Eclesiales de Base, impulsadas a partir de los años 60 en Paraguay, bajo el influjo del Concilio Vaticano II y las conferencias del Episcopado Latinoamericano en Medellín (1968) y Puebla (1979), en que se adoptaron líneas de opción preferencial por los pobres y los jóvenes, fueron fuertemente perseguidas y reprimidas por la dictadura stronista.

Así como existieron algunos obispos como el de Caacupé, monseñor Demetrio Aquino, y sacerdotes como el paí Guido Coronel, que fueron abiertamente cómplices y partidarios del dictador Alfredo Stroessner, son más los que mantuvieron una postura crítica y solidaria con los perseguidos, como el arzobispo de Asunción, monseñor Ismael Rolón; el obispo de Concepción, Aníbal Maricevich y el obispo de Misiones, Mario Melanio Medina.

“La Iglesia tuvo un rol central, pero es importante remarcar que, si bien en este período su postura era antidictatorial, también era profundamente anticomunista, por lo que las reivindicaciones estaban más asociadas a que la dictadura no tuviese injerencia en las actividades de la Iglesia y que se diera paso a una democratización liberal creciente. Uno de los hitos centrales fue el intento de manipulación de la visita papal (Juan Pablo II) de mayo de 1988 que llevó al gobierno a suspender algunas actividades del Vaticano –por supuestos ataques de opositores– y a alterar a la Iglesia por estas injerencias”, refiere la investigadora Magdalena López en un ensayo sobre “Disputas teóricas e históricas en torno a la transición a la democracia en Paraguay”.

 

Fernando Lugo y monseños Ismael Rolón

La era del conservadurismo

Tras la caída de la dictadura (febrero de 1989), la Iglesia paraguaya también experimentó el mismo proceso que se daba a nivel internacional, de volcarse hacia un conservadurismo más duro, por la alarma ante los impactos políticos de la llamada Teología de la Liberación, que ya se había iniciado durante el papado de Juan Pablo Segundo (1978 – 2005) pero se profundizó con la ascensión de Benedicto XVI (2005 – 2013), que buscó encumbrar a obispos y cardenales de líneas opuestas a los cambios.

Con el retiro de los obispos más progresistas, sus sucesores correspondieron a corrientes más conservadoras, como sucedió en el Arzobispado de Asunción. Tras la renuncia del admirado monseñor Ismael Rolón, lo sucedieron obispos cada vez más reaccionarios, como Felipe Santiago Benítez, Pastor Cuquejo y el ultra conservador Edmundo Valenzuela, cuestionado por oponerse a cambios y proteger a sacerdotes acusados de ser acosadores sexuales. 

Entre las expresiones más polémicas de monseñor Valenzuela, llegó a pedir públicamente a jóvenes catequistas, que denunciaban un caso de acoso de un párroco, a “no hacer de una piedrita una montaña”. Otra perla del arzobispo fue hacer campaña para que el gobierno paraguayo no firme el Acuerdo de Escazú, con el que se buscan mejorar los derechos humanos y la protección ambiental en América Latina y el Caribe. «Nos encontramos ante una amenaza que proviene de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), que quieren hacer un acuerdo de todos los acuerdos, prácticamente imponiéndonos aceptar todas las resoluciones anteriores de aborto, ideología de género, eutanasia…», declaró Valenzuela en un video de propaganda. Posteriormente, pidió disculpas al reconocer que no tenía toda la información.

Mientras los sectores conservadores se consolidaban en la conducción de la Conferencia Episcopal Paraguaya (CEP), negando incluso avances en el sistema educativo por considerar que se pregonaba la “ideología de género”, en la conquista de los derechos sociales, e incluso avalando abiertamente prácticas antidemocráticas, como el apoyo que brindaron a los sectores políticos golpistas que en junio de 2012 destituyeron a través de un golpe parlamentario al presidente Fernando Lugo (luego pidieron disculpas), los pocos sectores progresistas de la Iglesia incurrían en acciones que favorecían aun más al conservadurismo más duro.

Uno de los elementos más críticos y polémicos en ese sentido fue la decisión del entonces obispo de San Pedro, monseñor Fernando Lugo, de abandonar el sacerdocio para incursionar en la política, presentándose para las elecciones generales de 2008 y lograr acceder a la presidencia de la República. Lugo era uno de los referentes más reconocidos de la línea de la Teología de la Liberación, considerado el obispo de los pobres, que apoyaba a los campesinos en su lucha por la tierra, condición que lo ayudó mucho en el campo de la política, pero abrió mayores conflictos a quienes siguen esta corriente de religión. Sus colegas más conservadores, como el entonces obispo de Alto Paraná, monseñor Rogelio Livieres Plano, aprovecharon lo ocurrido para satanizar aun más a los sectores progresistas dentro de la Iglesia, poniendo además énfasis a las posteriores revelaciones de que Lugo, siendo sacerdote, desobedeció el voto de castidad, mantuvo relaciones sexuales con mujeres y engendró a varios hijos.

Los cambios que trajo el Papa Francisco

La elección del cardenal argentino Jorge Bergoglio como Papa Francisco tras la renuncia de Benedicto XVI, en 2013, trajo vientos de renovación a la Iglesia Católica a nivel universal, con efectos paulatinos también en la Iglesia del Paraguay.

Partidario de la llamada “teología del pueblo”, que supone una superación de la teología de la liberación, sosteniendo que, a partir de la globalización y la profundización de los procesos de exclusión, la «opción preferencial por los pobres» debe expresarse como «opción preferencial por los excluidos», Francisco empezó a operar acciones en la Iglesia universal que también repercutieron localmente.

Una de ellas fue la destitución del ultraconservador obispo de Alto Paraná, monseñor Rogelio Livieres Plano, acusado de malversación de fondos y de encubrir a sacerdotes acusados de abusos sexuales.

Otro hito en este proceso fue la visita del papa Francisco a Paraguay, que tuvo lugar entre el 10 y el 12 de julio de 2015. Siendo arzobispo de Buenos Aires, Bergoglio había establecido un estrecho contacto con comunidades de paraguayos migrantes en Argentina y una especial devoción a la Virgen de Caacupé y hacia el rol de la mujer paraguaya, a la que la llama “la más gloriosa de América”, en la reconstrucción del país tras la hecatombe de la Guerra de la Triple Alianza.

Con su visita al Paraguay, Francisco reforzó los lazos con el clero y el pueblo, dio signos de cercanía con los pobres y principalmente esbozó un plan de renovación de la Iglesia paraguaya, de cara a los desafíos del Siglo XXI, que fue cumpliendo paulatinamente con el nombramiento de obispos más abiertos en sustitución de los conservadores.

Uno de los signos de este proceso fue la designación en junio de 2017 de monseñor Ricardo Valenzuela, conocido por sus posturas críticas ante el poder político y por su dinámica acción con los jóvenes, como nuevo obispo de Caacupé, una de las diócesis más importantes del país, sede del santuario nacional de la Virgen de Caacupé, en reemplazo del conservador obispo Claudio Giménez, a quien se cuestionaba su complacencia ante el poder político de turno.

Pero, sin dudas, el símbolo más fuerte sobrevino en febrero de 2022, cuando se anunció en el Vaticano el nombramiento de monseñor Adalberto Martínez Flores como nuevo arzobispo de Asunción, en reemplazo del ultraconservador Edmundo Valenzuela.  Y más aún, cuando en mayo de 2022, el Papa Francisco anunció que monseñor Adalberto sería investido como el primer cardenal en toda la historia del Paraguay.

Una Iglesia más abierta al mundo

Tal como lo expresamos en un artículo anterior, el nuevo arzobispo (y ahora primer cardenal), Adalberto Martínez, asume la conducción principal de la Iglesia paraguaya “con una trayectoria relevante, de perfil generalmente bajo ante las exposiciones mediáticas, conocido por sus actitudes de prudencia y equilibrio (que también caracterizaba a monseñor Rolón), pero con gestos de valentía en tiempos críticos”

También señalamos que “Monseñor Martínez no es un obispo en la línea de la Teología de la Liberación (como lo es, por ejemplo, el obispo emérito de Misiones, monseñor Melanio Medina, o como lo fueron, en su momento, el fallecido obispo de Concepción, Aníbal Maricevich, o el luego renunciante obispo de San Pedro, Fernando Lugo, que llegó a la presidencia del país), pero es un prelado sensible a la situación social. Tampoco es un obispo a quien se pueda considerar conservador, aunque aferrado a la tradición litúrgica y social de la Iglesia, es conocido por su espíritu de apertura y por su buena formación teológica e intelectual”.

De Martínez recordamos su papel relevante y valiente en lo sucesos del Marzo Paraguayo, una trágica y a la vez heroica gesta ciudadana que detuvo el ascenso al poder de un proyecto totalitario encabezado por el entonces general Lino Oviedo. En la noche del 26 de marzo de 1999 y en la madrugada del 27 de marzo, tras la masacre de los jóvenes en la Plaza del Congreso, monseñor Martínez, quien entonces era obispo auxiliar de Asunción, asumió el rol de autoridad de la Iglesia en busca una pacificación y de resultados concretos de Justicia.

No deja de ser significativo que el nuevo cardenal haya decidido realizar su primera misa no en la histórica Catedral Metropolitana, en el microcentro del poder de la capital paraguaya, sino en “la otra ciudad”, en la periferia del Bañado Sur, en la humilde parroquia San Felipe y Santiago, donde el sacerdote dominico Pedro Velazco viene desarrollando desde hace treinta años algunos proyectos pioneros de organización social con los más pobres, como el Centro de Ayuda Mutua Salud para Todos (Camsat), y que a través de luchas, movilizaciones y negociaciones, ha logrado que las actuales obras de la Costanera Sur no expulse a los moradores, contemplando su permanencia en viviendas sociales.

El lugar geográfico y el contexto histórico elegidos para esta primera misa responden a un fuerte símbolo que el nuevo cardenal quiere brindar, en abierta consonancia con el modelo de Iglesia que el papa Francisco está impulsando, dejando paulatinamente atrás —o al menos ayudando a reducir su influencia y poder— al modelo de Iglesia más conservadora, fundamentalista y opuesta a los cambios que exige el tiempo actual.

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Este artículo está publicado originalmente en el medio digital El Otro País, parte de un servicio de análisis de coyuntura distribuido primero a los suscriptores.

 

 

A 15 años del asesinato de Tito Palma: el testimonio de su hermana Marcela

Alberto Tito Palma Godoy era un periodista chileno radicado en Paraguay con su familia, que ejercía su labor en una emisora comunitaria de Mayor Otaño, Itapúa, en la frontera con Argentina, y se desempeñaba además como corresponsal de Radio Chaco Boreal, de Asunción. Denunciaba con frecuencia en sus programas el crimen organizado, el tráfico de combustible y la corrupción. Recibía amenazas de muerte y fue asesinado a balazos el 22 de agosto de 2007. Es uno de los 19 periodistas asesinados en Paraguay desde la caída de la dictadura, la mayoría de ellos siguen sin esclarecimiento judicial. A quince años, su hermana Marcela Palma nos envía una carta desde Coyhaique, Chile, lamentando la impunidad en que sigue el caso.

Reproducimos la carta:

Coyhaique, agosto de 2022

Les escribe Marcela Palma Godoy, desde Coyhaique, Chile. Un 22 de agosto más de impunidad: hoy se cumplen 15 años del asesinato de mi hermano Tito Alberto Palma en Mayor Otaño, en el año 2007.

En el año 2010, fui a Paraguay para reclamar justicia. Una autoridad me recibió, el entonces ministro del Interior, Rafael Filizzola. Otras autoridades solo permitieron que les deje una carta explicativa, como el fiscal General del Estado, Rubén Candia Amarilla (nunca supe que sucedió con los fiscales que actuaron al principio, Daniel Vergara y Nelson Ramos) y los ministros de la Corte Suprema de Justicia. Fui atendida también por la organización de la sociedad civil Comité de Iglesias.

Todos me prometieron dar seguimiento al proceso de legal de búsqueda de los autores materiales e intelectuales. Sin embargo, el silencio y la impunidad es la única respuesta obtenida hasta el día de hoy.

En estos años de acercamiento al Paraguay, país que mi hermano eligió como “su segunda patria”, supe que, cuando una adolescente cumple 15 años, es motivo de celebraciones especiales y festejo familiar.

Entonces, pienso que, en mi familia, estos 15 años sin Tito han sido un velorio eterno. Que nuestra madre pronto cumplirá 85 y los últimos 15 años fueron de intenso dolor y sufrimiento, sin explicarse porqué mataron a su hijo.

No se avanzó en la búsqueda de los autores materiales e intelectuales del crimen cobarde. Pareciera que gran parte de la sociedad paraguaya olvidó este crimen y por eso cada año sigo escribiendo, para ayudar a recordar. Es también cierto que, entre los escasos recuerdos, son algunos humildes vecinos de Mayor Otaño, oyentes de su radio, quienes me escriben palabras sobre la vida de Tito, cuando se acerca la fecha de aquella fatídica noche de 22 de agosto.

No podemos olvidar a Tito, su amor a la justicia, a la verdad, a involucrarse con valentía en su país de adopción, denunciando el contrabando y la corrupción.

La vida ha hecho que nos vayamos resignando a su ausencia física, pero no así al silencio, al ocultamiento de la verdad. No vamos a descansar mientras no sepamos quienes fueron los autores materiales e intelectuales de su asesinato. Ante tanta oscuridad, en los últimos meses descubrimos una lucecita de esperanza, gracias al avance de la familia de Santiago Leguizamón (asesinado en 1991), quienes lograron llegar a la Corte Interamericana de Derechos Humanos en la búsqueda de verdad y justicia. El estado paraguayo, en este caso, se allanó a reconocer su responsabilidad por lo que, aunque sea tarde, deberán crear una Comisión de Verdad que investigue los asesinatos de los periodistas durante el periodo mencionado. Quizás ahí podamos saber que pasó.

Quizás es una tenue luz de esperanza que se asoma, en estos largos años de dolor y transcurridos en la absoluta impunidad. Sin embargo, queremos confiar que lograremos conocer a los sicarios y a los autores intelectuales del cobarde asesinato, por eso seguiremos reclamando verdad y justicia para Tito.

Marcela Palma Godoy - Coyhaique, Chile.

Marcela Palma, junto al entonces ministro del Interior, Rafael Filizzola, durante un viaje al Paraguay en 2010, reclamando justicia por el asesinato de su hermano periodista.

El regreso de Horacio Cartes y qué posibilidades hay de impedirlo

Aunque hace tiempo que el magnate político Horacio Cartes es investigado por presuntas actividades ilícitas, con procesos que hasta ahora no arrojaron resultados concretos, esta es la primera vez que, desde la propia presidencia de la República, un jefe de Estado que es a la vez su correligionario, principal contricante -y, por momentos, dizque aliado- impulsa acciones judiciales, buscando que se produzca alguna acción penal. La intención es principalmente política: se trata de evitar a toda costa que HC vuelva a controlar el Ejecutivo desde las elecciones del 2023, imponiendo a su delfín Santi Peña. ¿Hay posibilidades de detener su arrolladora ofensiva política y económica? Es la pregunta que tratamos de responder en este artículo.

Andrés Colmán Gutiérrez

La posibilidad concreta de que el controvertido millonario Horacio Cartes —quien fuera presidente de la República del Paraguay en el periodo 2013-2018—, regrese otra vez a controlar totalmente el Poder Ejecutivo, a través de su delfín y precandidato presidencial, el ex ministro de Hacienda, Santiago Peña, genera preocupación en un importante sector de la sociedad, por considerar que el poderoso empresario constituye una amenaza para el proceso democrático, por las actitudes de poco respeto a la institucionalidad republicana que demostró durante su gobierno, así como por los presuntos nexos con actividades ilícitas (producción masiva de cigarrillos para el contrabando internacional y lavado de dinero, principalmente), investigados en diversas instancias.

A través de una osada y costosa campaña política y mediática, Cartes busca lograr la victoria del presidenciable de su movimiento Honor Colorado (HC). Para ello, se propone liderar personalmente la mayor fuerza política del país, la Asociación Nacional Republicana, Partido Colorado, postulándose él mismo como candidato a presidente del partido para las elecciones que se harán el 18 de diciembre (donde, además de los candidatos a las elecciones generales, también se elegirán a las autoridades partidarias).

Para intentar impedirlo, su principal contendiente, el presidente de la República, Mario Abdo Benítez, también se propone competir él mismo por la presidencia del partido, para enfrentar a su némesis, decisión que ya ha anunciado, pero que deberá confirmar oficialmente en las próximas semanas. Algunos juristas creen que la posible candidatura de Marito riñe con la Constitución, ya que no se pueden ejercer ambos cargos (presidencia del país y presidencia de la ANR) a la vez. Sin embargo, la mayoría de los observadores sostienen que el único que puede frenar realmente a Cartes en la carrera electoral interna colorada es precisamente el actual jefe de Estado.

En caso de que se confirme la postulación, el round Cartes-Marito será el mayor choque de dos pesos pesados dentro del coloradismo.

El largo historial de Horacio Cartes

Nacido en Asunción, el 5 de julio de 1956, hijo de Ramón Telmo Cartes Lind, un empresario que a inicios de los años 60 trajo al Paraguay la representación de las avionetas Cessna, Horacio Cartes conoció desde niño la pasión por los negocios. Cursó sus estudios primarios y secundarios en los colegios Goethe, Internacional y Cristo Rey, mientras aprendía el oficio de vendedor en la empresa de su padre, Aerocentro SA, y en plena adolescencia ya asumía el gerenciamiento de la importación de repuestos para aviones.

Esta temprana vocación empresarial lo llevó a los Estados Unidos, donde buscó especializarse en motores de aviación, en el Spartan School of Aeronautics, de Tulsa, Oklahoma. Además, realizó una pasantía en la propia fábrica de aviones Cessna, en Wichita, Kansas.

A su regreso, junto a su hermana Sarah, desarrolló una intensa labor de inversiones en varios negocios, que en poco más de dos décadas lo posicionaría como principal directivo y accionista de actualmente más de 70 empresas, que conforman el llamado Grupo Cartes.

Uno de los aspectos mencionados con frecuencia sobre los orígenes de la fortuna de HC es su incursión en los negocios financieros, en los años 80, cuando –entre otras empresas- creó la firma Cambios Amambay, que en 1992 se convirtió en el Banco Amambay (actual BASA). El entonces joven inversor también realizó incursiones en adquisiones de tierras, punto en el que se lo vincula con el controvertido empresario de frontera, Fadh Yamil Georges, actualmente preso en Brasil por narcotráfico y otras actividades criminales.

En una serie de publicaciones realizadas en 2002 por el diario La Nación, en ese momento propiedad del también empresario tabacalero y dirigente deportivo Osvaldo Domínguez Dibb (actualmente el diario es del Grupo Cartes), se expusieron fotocopias de documentos, acusando a HC de haber mantenido negocios con Fadh Yamil, de quien supuestamente adquirió seis estancias y establecimientos agrícolas, totalizando 12.000 hectáreas en Amambay, a cambio de deudas por préstamos realizados para campañas políticas del hermano de Fadh, Gandhi Yamil.

El senador liberal Miguel Abdón “Tito” Saguier recordó que Cartes fue procesado a mediados de los 80, junto con otros empresarios, por presunta evasión de divisas, operación consistente en adquirir divisas preferenciales del Banco Central del Paraguay, al cambio de 240 guaraníes por dólar, destinados a la importación de insumos agrícolas, pero que volvían a ser colocadas en el mercado financiero al cambio oficial de 400 guaraníes por dólar. Fue el famoso caso conocido como “el escándalo de la evasión de divisas” durante la dictadura del general Alfredo Stroessner, que provocó la caída de varios jerarcas del régimen.

“Vinculada a esas operaciones estaba la casa de cambios Humaitá, cuyo socio principal era Horacio Cartes. A él lo procesaron y se fugó de la Justicia, se fue a Punta Porá (Brasil). Estuvo prófugo por más de cuatro años, volvió y luego la justicia lo puso en libertad”, aseguró Saguier, quien sostuvo que uno de los socios del empresario era el hijo del entonces jefe de Policía del stronismo, el general Alcibíades Brítez Borges.

En posteriores investigaciones periodísticas pudimos recabar más datos sobre el lugar en el que se refugió Cartes en Ponta Porá, mientras era requerido por la Justicia paraguaya, y sobre los contactos de negocios que mantuvo no solo con la familia de Fadh Yamil, sino también con el empresario judío Morko Messer, cuyo hijo Darío Messer (de quien dijo que era su “hermano del alma”) luego fue involucrado en el gigantesco operativo de lavado de dinero conocido como Lava Jato en Brasil, siendo involucrado también Horacio Cartes por la Justicia federal brasileña en el llamado Operativo Patrao. Los datos sobre el historial fronterizo de HC se pueden acceder en este enlace.

Cartes tuvo que esperar hasta que el régimen stronista sea derrocado, en febrero de 1989, para someterse a la Justicia. El caso por el que estuvo procesado se denominó “Acumulación de Autos en la Evasión de Divisas”, y los involucrados recibieron condenas en primera y segunda instancia, entre 1987 y 1996, ratificadas por la Corte Suprema de Justicia. Cartes pasó dos meses en prisión y resultó sobreseído en tres instancias, en la última por la Corte Suprema de Justicia, en agosto de 2000.

«Imperio das cinzas», el premiado reportaje investigativo que en Brasil publicó Mauri Konig, por entonces en el diario Gazeta do Povo, de Curitiba. / GENTILEZA

La sombra de los cigarrillos

Otra de las primeras inversiones de Cartes fue en el rubro pecuario, al crear en 1996 la empresa Ganadera Sofía SA, que actualmente es uno de los más modernos establecimientos dedicados a la producción de carne en el país.

Pero su gran salto empresarial se dio en el rubro de la fabricación de cigarrillos, al asociarse en 1994 con el empresario César Cabral, adquiriendo la firma Tabacalera del Este SA (Tabesa), que opera en Hernandarias, Alto Paraná, que finalmente quedó mayoritariamente en poder del Grupo Cartes.

En 1996 nació Tabacos del Paraguay SA, como distribuidora de los productos de Tabesa. En 2002 se creó la Compañía Agrotabacalera del Paraguay SA en Choré, San Pedro, donde se promueve el cultivo de tabaco Virginia entre unas 1.250 familias, a quienes adquiere la producción como materia prima. El 27 de diciembre de 2007 surge la firma Tabacos USA Inc., en los Estados Unidos, que se ocupa de exportar los cigarrillos paraguayos al país del Norte.

Sin embargo, toda la positiva imagen de la gran industria tabacalera se vio empañada por otras versiones, como las investigaciones que llevó adelante el Poder Legislativo brasileño sobre piratería y contrabando.

En el informe final de la Comisión Parlamentaria de Investigación sobre Piratería (“CPI da Pirataría”), dada a conocer en 2004 por el Congreso en Brasilia, se acusa que “Tabacalera del Este SA es considerada la empresa más profesionalizada del Paraguay y sus productos tienen como destino principal las regiones sur y sudeste del Brasil. Todos los días, incontables cajas de cigarrillo cruzan las fronteras, siendo provenientes, en su mayor parte, del Paraguay, sin pagar impuestos, abasteciendo a un próspero mercado paralelo”.

El informe refiere que «sus propietarios son de la familia paraguaya Cartes, en la que se destacan Horacio y Sarah”. Se puede acceder a la del informe final de la CPI de la Piratería en este enlace.

Igualmente, en junio de 2012, la Justicia paraguaya recibió vía Cancillería una demanda de la empresa tabacalera brasileña Souza Cruz, acusando a Tabacalera del Este de inundar el mercado brasileño con cigarrillos ilegales.  

«La participación de los productos de la empresa Tabesa corresponde al 41,9% del mercado total de contrabando brasileño, y a 7,9% del mercado total de cigarrillos en el Brasil», sostiene el escrito de la demanda internacional, que se remitió al juez penal de Garantías de Hernandarias, Wilfrido Velázquez Ferreira, pero no encontró mayor seguimiento en tribunales locales.

Investigaciones periodísticas sobre el imperio Cartes

En 2009, el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ) publicó una serie de reportajes realizados por Marina Walker (Estados Unidos), Mabel Rehnfeldt (Paraguay), Marcelo Soares (Brasil) y Daniel Santoro (Argentina), revelando que El Paraguay producía el 10% de todo el cigarrillo contrabandeado en el mundo y que el 60% de ese volumen era fabricado por Tabacalera del Este SA (Tabesa), vinculada a quien luego sería presidente del Paraguay, el empresario Horacio Cartes (2013-2018).

Dichos reportajes los pueden leer aquí y también aquí.

En 2014, otra premiada investigación de Mauri Konig (Gazeta do Povo, Brasil), Elvira Soto (El Tiempo, Colombia) y Ronny Rojas (La Nación, Costa Rica) presentó a Cartes como “el Patrón del Tabaco” y aseguró que el contrabando de cigarrillos desde el Paraguay superaba al de la marihuana y la cocaína entre los negocios ilícitos más rentables, con un activo de 200 mil millones de dólares al año.

Algunos de los reportajes, en idioma portugués, se pueden leer (y también ver videos) aquí. Y el tema Cartes, más concretamente, aquí.

La millonaria incursión en política

Horacio Cartes se afilió al Partido Colorado recién el 23 de setiembre de 2009, año en que también se inscribió en el Registro Cívico Electoral, lo cual significa que nunca antes había votado en las elecciones del país.

El principal impedimento que encontró para su proyecto político es que el estatuto de la ANR, en su artículo 110, establecía que, para ser candidato a presidente y vicepresidente de la República por el Partido Colorado, se requería contar con una antigüedad de 10 años como afiliado. El empresario puso en marcha una amplia campaña para que se convoque a una convención y se modifique el estatuto que impedía su candidatura.

En noviembre de 2010 fundó el Movimiento Honor Colorado, haciendo coincidir las siglas HC con las de su propio nombre y apellido, Horacio Cartes, a las que fue sumando a varios líderes históricos y dirigentes de base del coloradismo.

Para el 15 de enero de 2011 se programó la convención extraordinaria de la ANR, con fuerte oposición de algunos dirigentes del partido, como el ex presidente Nicanor Duarte Frutos, el exvicepresidente Luis Castiglioni y el polémico senador Juan Carlos Galaverna, quien en principio fue el principal impulsor de la candidatura de Cartes, pero luego se distanció y pasó a criticarlo.

La asamblea aprobó por 569 votos contra 218 la modificación del artículo que impedía la candidatura de Cartes, exigiendo apenas un año de militancia previa (en lugar de los 10 años exigidos originalmente). En la convención del 21 de enero se consagró la hegemonía del movimiento de Cartes en la ANR.

Uno de los principales críticos a la incursión de Cartes a la ANR, el ex presidente Nicanor Duarte Frutos, declaró en esa ocasión: “Con Horacio Cartes comienza la era de la obscenidad, de la pornografía política, donde todos los vicios se vuelven explícitos, donde todas las perversidades se revelan sin ninguna vergüenza”.  Sin embargo, pocos meses después, el Movimiento Progresista Colorado, liderado por Duarte Frutos, decidió sumarse a Honor Colorado, al igual que otros grupos disidentes.

La entonces presidenta de la ANR, Lilian Samaniego, en julio de 2012 llegó a reclamar públicamente que “el señor Horacio Cartes tiene la responsabilidad, como precandidato del Partido Colorado, de aclarar las dudas que existen sobre su presunta vinculación con el narcotráfico”. Posteriormente hizo las paces con el empresario y pasó a defenderlo y a trabajar por su candidatura. 

El 9 de diciembre de 2012 se realizaron las elecciones internas coloradas, en las que el precandidato Horacio Cartes derrotó a su principal opositor, Javier Zacarías Irún, por más de 200 mil votos, convirtiéndose en el candidato oficial del partido. Tras los comicios, mantuvo reuniones con la mayoría de sus adversarios, logrando sumarlos a su campaña, buscando mantener una constante imagen de unidad interna del coloradismo, para las elecciones generales de abril de 2013, del cual resultó ganador, accediendo a la presidencia de la República.

Narcotráfico, lavado y WikiLeaks 

Entre los temas recurrentes empleados contra Horacio Cartes, se menciona con frecuencia su presunta participación en el tráfico ilegal de drogas, aunque en este caso no se han exhibido documentaciones que puedan sustentar la acusación.

El hecho más patente que siempre se recuerda es la aprehensión de una avioneta con matrícula PT-EUA Seneca II Piper, por parte de la Secretaria Nacional Antidroga (Senad), ocurrida el 29 de febrero de 2ooo, en la estancia Nueva Esperanza, de Horacio Cartes, en la zona de Kurusu Kuatiá, Amambay, con 20.100 kilos de cocaína y 343.850 kilos de marihuana prensada. El empresario aseguró que no tenía nada que ver con la aeronave que aterrizó en su establecimiento.

En octubre de 2011, ya con Cartes en plena campaña política, la organización internacional WikiLeaks dio a conocer un cable diplomático originado en Buenos Aires, en enero de 2010, en el que se informaba sobre la operación “Corazón de Piedra”, de la Administración de Cumplimiento de Leyes sobre las Drogas (DEA) y la Oficina de Alcohol, Tabaco y Armas de Fuego (ATF), de Estados Unidos, que investigaba a una organización de tráfico de drogas y lavado de dinero que opera en Argentina, Brasil y Paraguay.

«Empleando un acercamiento estratégico para apuntar a los centros internacionales de control y comando de estas organizaciones criminales basadas en la triple frontera, los agentes se concentraron en las actividades investigativas, en un esfuerzo por llevar a cabo esta investigación de cara a presentar a la DEA UC al designado del CPOT (objeto de observación), Horacio Cartes», sostiene el cable diplomático, divulgado por WikiLeaks.

“Agentes se infiltraron en la empresa de lavado de dinero de Cartes, una organización que se cree lava grandes cantidades de la moneda estadounidense generadas a través de medios ilícitos, incluyendo la venta de narcóticos desde la TBA (Triple Frontera) a los Estados Unidos”, precisa en otro párrafo.

Se puede acceder a los cables divulgado por WikiLeaks en esta publicación. También aquí.

Un intento de reelección devorado por el fuego

Cuando logró cambiar los estatutos del Partido Colorado para imponer su candidatura y llegar a la presidencia de la República en el 2013, todos creían que el poder financiero de Horacio Cartes iba a resultar imparable.

Lo demostró de nuevo en julio de 2015, cuando su ahijado político Pedro Alliana le ganó la presidencia del Partido Colorado a su contrincante, Mario Abdo Benítez. En esa oportunidad, Cartes se jactó públicamente de que había financiado la victoria de su protegido con su propio dinero.

Su plan era quedarse en la presidencia por otros cinco años. Para ello, Cartes planificó un maquiavélico operativo para violar la Constitución, con respaldo del Frente Guasú y el grupo de liberales llanistas, forzando una enmienda para imponer la reelección (la Carta Magna no permite la reelección presidencial “en ningún caso”), pero una fuerte oposición ciudadana, que derivó en la violenta crisis del 31M (31 de marzo de 2017) con la quema del edificio de Congreso y el asesinato de un joven liberal por parte de la policía, lo obligó a renunciar a todo intento de conseguir la reelección.

La siguiente acción fue imponer a un sucesor, eligiendo esta vez como ahijado político al entonces ministro de Hacienda, Santiago Peña, pero su candidato perdió las elecciones internas del coloradismo ante su contrincante, Mario Abdo Benítez. Esta vez, todo el dinero invertido en la campaña no resultó suficiente.

Su última jugada fue presentarse como primer candidato a senador, a pesar de que la Constitución establece que todos los ex presidentes solo pueden ser senadores vitalicios, con voz, pero sin voto y sin dieta. Resultó electo, al igual que el ex presidente Nicanor Duarte Frutos, y a pesar de que la Justicia Electoral y la Corte Suprema los habilitó a ambos, sus pares legisladores no los dejaron jurar, aceptando a otros en su lugar.

La relación de amor-odio entre Cartes y Marito

Desde la llanura (por decirlo así), Cartes mantuvo una relación de amor-odio con su correligionario y a la vez contrincante, el presidente Marito Abdo, que en algunos momentos fue de alianza estratégica oportunista y en otros de abierto enfrentamiento.

El instante de mayor tensión ocurrió en julio de 2019, cuando se reveló que el Gobierno había firmado con el gobierno de Brasil un acta secreta sobre la compra de energía de la represa de Itaipú para la ANDE, que resultaba perjudicial para el Paraguay y beneficiosa para el país vecino. La acusación de “traición a la patria” se volvió generalizada y se planteó iniciar un juicio político al presidente Abdo en el Congreso.

La decisión del movimiento de Horacio Cartes de acompañar el proceso de impeachment, comunicada en la noche del 31 de julio, resultó impactante, ya que con ello se reunían los votos necesarios para destituir al mandatario. “¡Acepto la pelea! ¡Por un Paraguay sin mafias!”, respondió Marito en un recordado tuit. Tras una noche de intensa negociación, el cartismo comunicó a la mañana siguiente que no apoyaría el juicio político, salvando de este modo al presidente. La lectura fue que, desde ese momento, Marito se volvería un títere manejado por Cartes para responder a sus intereses.

En casi cuatro años del gobierno de Abdo Benítez, aparte de influenciar en el presidente de la República y en áreas del Poder Ejecutivo, Cartes fue aumentando el control y el manejo de varios estamentos del Estado Paraguayo, incluyendo tener una mayoría colorada en la Cámara de Diputados, controlar el Jurado de la Magistratura y principalmente la Fiscalía, en donde su titular, la fiscala general del Estado, Sandra Quiñonez, es acusada de responder directamente a sus intereses y de paralizar o encajonar cualquier investigación judicial en su contra. En retribución, el cartismo la salvó reiteradas veces de ser sometida a juicio político en el Congreso y de una posible destitución por mal desempeño en sus funciones.

Aunque los legisladores del cartismo y el abdismo actuaron en alianza en la mayoría de los casos en el Congreso, no faltaron las fricciones constantes, principalmente cuando la Justicia federal brasileña decidió procesar a Cartes por complicidad con el prófugo Darío Messer, acusado de haber montado un gigantesco esquema de lavado de dinero en Brasil, como parte del operativo Lava Jato. Cartes fue acusado de proteger y ocultar a Messer en el Paraguay, de hacer negocios con él y de proveerle ayuda económica, pero con una fuerte ofensiva de sus abogados en el vecino país logró levantar la órdene de detención que pesaba en su contra. Sin embargo, la vinculación de Cartes con el proceso judicial no ha desaparecido y este sería el principal motivo de que el expresidente permanezca sin viajar fuera del país.

Las acusaciones que originalmente fueron presentadas por los fiscales brasileños al juzgado federal de Río de Janeiro, fundamentando el pedido de prisión contra Horacio Cartes y contra otras 19 personas por el Operativo Patrao – Lava Jato, se pueden leer en este expediente en portugués (que incluso se puede bajar en pdf). Llamativamente, el operativo se denomina “Patrao” (patrón, en español) y según los propios investigadores, el patrón al que aluden no es otro que Horacio Cartes.

Paralelamente, el Gobierno asestó varios golpes dirigidos por la Secretaría Nacional Antidrogas (Senad) y la Unidad Interinstitucional de Prevención y Combate al Contrabando, dirigida por el ex fiscal Emilio Fúster, contra operaciones ilícitas de embarques de cigarrillos de Tabesa en varios puertos clandestinos en la frontera con Brasil, principalmente en Canindeyú, ocasionando fuertes pérdidas económicas al esquema. Lo de “puertos clandestinos” es un decir, ya que todos en la región conocen en donde se encuentran y cómo operan, pero nunca antes eran molestados, lo cual hace suponer que fueron acciones ordenadas por Marito, principalmente para molestar a Cartes y demostrar que, cuando quiere le puede joder la vida, en una evidente pulseada de poder, como en esta incautación ocurrida en mayo de 2022, en la zona del lago de Itaipú.

Mientras tanto, Cartes ordenó una fuerte campaña de desprestigio contra el Gobierno de Marito a través de su monopolio de medios periodísticos (actualmente es propietario de casi una veintena de medios, entre los que están a nombre de su grupo y los que se manejan con testaferros), criticando y atacando principalmente a quienes no se prestaban a sus intereses.

Entre ellos, el más atacado fue el hasta hace poco ministro del Interior, el ex fiscal anticorrupción y ex senador Arnaldo Giuzzio, quien en enero de este año presentó ante la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (Seprelad) una denuncia contra HC por los supuestos delitos de lavado de dinero, declaración falsa y enriquecimiento ilícito.

Aunque no se admitió expresamente, era evidente que la fuerte movida tenía el visto bueno y el respaldo del presidente Abdo Benítez, embarcado también en truncar el posible retorno electoral de Cartes a la presidencia a través de su delfín Santi Peña. Como una clara señal de que no confiaba en el Ministerio Público, debido a que está controlado por Cartes, Giuzzio llevó el expediente a otra instancia, la Seprelad.

Pocas semanas después, el 22 de febrero, Cartes contratacó con una sonada publicación en el diario La Nación, de su propiedad, en donde se demostró que Giuzzio había viajado de vacaciones al Brasil con su familia, a finales de diciembre, utilizando una lujosa camioneta blindada, que le fue prestada por Marcus Vinicius Espíndola Marqués de Padua, un presunto capo narco brasileño detenido en Brasil. El reportaje mostró fotos de Giuzzio en compañía del presunto narco, con imágenes de la camioneta utilizada y otros documentos. El escándalo hizo que el ministro del Interior se vea obligado a renunciar a su cargo ese mismo día, lo cual fue interpretado como una victoria de Cartes en su guerra político-mediática con Marito.

Las acusaciones de contrabando de cigarrillos paraguayos a Brasil es el principal signo que persigue a HC. / GENTILEZA.

Los #PatrónPapers, el último dolor de cabeza

Pero la batalla no quedó allí. Ese mismo día, el Gobierno ponía en marcha el Operativo #AultranzaPY, presentado como “la mayor operación contra el crimen organizado y el lavado de dinero”, a cargo de la Senad, con la colaboración de la DEA de Estados Unidos, la Europol, la Dirección General de Represión del Tráfico Ilícito de Drogas de Uruguay y el Ministerio Público. Durante la primera semana, se realizaron más de 40 allanamientos a propiedades presuntamente utilizadas para la logística de tráfico y lavado de dinero, con el fin de ejecutar un centenar de órdenes de allanamiento e incautación y dar cumplimiento a 43 órdenes de captura. En este proceso se han incautado bienes por valor de más de 100 millones de dólares y se han detenido a 24 personas acusadas de delitos como narcotráfico, asociación para delinquir y lavado de dinero.

Si bien Horacio Cartes no apareció conectado directamente con el operativo #AUltranzaPY, pronto se lo involucró en una guerra más general, cuando el 29 de mayo los medios periodísticos ABC Color, Última Hora, Telefuturo y Monumental, dieron a conocer los datos más resaltantes de un informe oficial que la Seprelad había enviado al Ministerio Público, revelando un complejo y enorme esquema de lavado de dinero que involucra a las empresas del Grupo Cartes.

Aunque los medios periodísticos no dijeron de donde habrían obtenido el documento, que tiene un carácter confidencial, resultaba evidente que provenía de algún círculo del Poder Ejecutivo. Más aun, cuando el propio presidente de la República, Mario Abdo Benítez, había anunciado días antes, durante un discurso pronunciado en un acto político en Coronel Oviedo, que “iban a aparecer muchas cosas” durante la campaña electoral para el 2023.

“Voy a contar una por una y nada de lo que diga va a ser mentira, va a ser con pruebas y con papeles (…). Mi Gobierno hizo lo que tenía que hacer y dejamos que las instituciones hagan su parte. Yo no soy la Justicia, no soy la Fiscalía, yo soy el Poder Ejecutivo. Pero antes de terminar mi Gobierno, si los otros estamentos no actúan, yo voy a contarle al pueblo toda la complicidad de los otros poderes que hoy favorecen al crimen organizado en el Paraguay”, señaló.

Al parecer, tras el envío del informe de la Seprelad a la Fiscalía, al ver que esta no acusaba recibo y se hacía la ñembotavy, en el círculo gubernamental decidieron destapar la olla y filtrar a la prensa unas 43 páginas del informe Cartes, que tiene en total 161 páginas. Allí, en los informes que los medios de prensa bautizaron #PatrónPapers, se describe que la empresa Tabacalera del Este (Tabesa), del Grupo Cartes, comercializa cigarrillos para el contrabando en la frontera con Brasil, Centroamérica, El Caribe y a otros países del mundo. El dinero ingresa a través de casas de cambio de Brasil y Paraguay, por medio de pagos recibidos y remitidos desde el exterior a través de cuentas bancarias que operan con bancos de Estados Unidos, de Brasil y España.

Lo más llamativo, según el informe, es que los principales presuntos compradores de los cigarrillos de Tabesa son las propias empresas del Grupo Cartes y sus principales directivos. Por ejemplo, se señala que María Sarah Cartes Jara, hermana de Horacio y principal accionista del Banco Basa, además de gerente general, socia y representante legal de varias empresas del Grupo Cartes, habría adquirido entre 2017 y 2021 cigarrillos por 4,7 millones de dólares. ¿Será que fuma tanto esta señora?

Además, el informe señala que la Fundación Ramón T. Cartes adquirió cigarrillos por 217.000 dólares; la empresa Cecon SAE por 2,3 millones y Unicanal Sociedad Anónima —medio televisivo del grupo del empresario Javier Bernardes, aunque todos dicen que en realidad es de Cartes— por 266.000 dólares. Del mismo modo, realizaron compras de Tabesa la Compañía Agrotabacalera del Paraguay SA y Agrocitrus de Paraguay, por 201.000 y 166.000 dólares, respectivamente. Y eso no es todo: se registran transferencias a personas investigadas en casos de lavado de dinero y narcotráfico, y a 15 fallecidos entre 2002 y 2011.

Desde el Grupo Cartes, los abogados y voceros sostienen que todo es falso, que Tabesa no vendió cigarrillos, sino que otorgó préstamos a las demás empresas del grupo (lo cual también es muy llamativo e irregular), y que todo es parte de una operación política. Desde la Fiscalía confirmaron que sí recibieron el informe, pero que aun no tuvieron tiempo de revisarlo, y que lo harán oportunamente. Mientras, desde la Seprelad se confirmó que una copia del informe se ha enviado a la Justicia de Estados Unidos, porque hay empresas y personas de ese país que aparecen involucradas, aunque al parecer la principal razón es que se espera más acción del Tío Sam que de la Fiscalía y la Justicia paraguaya.

Lo que puede ocurrir en estos meses

Con todos estos antecedentes, la gran pregunta que recorre actualmente el ámbito político es si Horacio Cartes podrá cumplir su plan de ganar la presidencia del Partido Colorado, y de que su delfín Santi Peña pueda ganar primero las elecciones internas y luego las generales, para convertirse en el próximo presidente de la República.

Nadie pone en dudas que Cartes tiene mucha plata y que invertirá todo lo que sea necesario para allanar todos los obstáculos. Su candidato, Santi Peña, a pesar de demostrar en todo momento ser muy dócil a los intereses de su mentor y de haber pertenecido antes al partido Liberal (algo que sigue siendo imperdonable para muchos colorados), despierta simpatía en un buen sector del electorado por su formación técnica en el manejo de la economía, por su juventud, por su mentalidad moderna y su buena presencia. Pero también queda la duda de si acaso todo el dinero que Cartes pueda invertir en esta campaña resultará suficiente para imponer a su candidato, ante tanta imagen negativa. Está demostrado que no lo fue en las elecciones de diciembre de 2017, cuando Marito le ganó las internas a Santi Peña y se convirtió en el candidato oficial del coloradismo.

También existen muchas incógnitas acerca de lo que sucederá con esta nueva denuncia de la Seprelad ante el Ministerio Público. Puede ser que la presión internacional (especialmente del gobierno de Estados Unidos), sumado a cierta presión interna ciudadana y a los movimientos del ajedrez político local, logren que la hasta ahora inmóvil y complaciente Fiscalía paraguaya decida romper su dependencia del cartismo y acabe procesando al hasta ahora improcesable.

Igualmente, hay muchas interrogantes sobre lo que hará esta vez el tío Sam. Como lo demostró WikiLeaks, hace más de una década, la DEA y la ATF tenían en la mira al Pattern (patrón, en inglés), pero, al parecer, ante su entonces ascendente carrera hacia la presidencia, concluyeron que el corazón no era tan de piedra y decidieron retirar las sospechas secretas, tal como en 1989 lo hicieron con cierto general narcotraficante que derrocó a balazos a su consuegro y nos trajo de regalo la democracia. Pero también puede ser que esta vez se decidan a dar “una ayudita a los amigos” y decidan sacar de la escena política a un personaje actualmente ya incómodo para sus intereses, tal como recientemente hicieron en Honduras con otro expresidente acusado de actividades ilícitas.

En fin, veremos qué pasa muy pronto. Mientras tanto, el propio abogado de Horacio Cartes, Pedro Ovelar, admitió ante los periodistas que el controvertido millonario hace rato no sale fuera del país por consejo de sus propios asesores jurídicos. No es porque tenga miedo de que lo detengan en cualquier aeropuerto, dice, nomás como prevención.

“Yo no le aconsejo (el viaje), porque solamente basta que un fiscal, el Ministerio Público y un juez, acorde a lo que ellos quieren, pueden sacar una orden de aprehensión cuando él esté aterrizando en Miami, no hay garantías en este momento”, declaró el abogado Pedro Ovelar.

Como está visto, patrón prevenido vale por dos.

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(Publicado originalmente en El Otro País)