El 16 de octubre de 2014, el narcotráfico amparado por políticos y autoridades dio su golpe más impactante al asesinar al periodista Pablo Medina y a Antonia Almada. Aunque se ha logrado capturar al principal acusado de ordenar el crimen y algunos que presuntamente participaron, no hubo avances en desmontar el esquema criminal que sigue dominando parte del territorio y tejiendo redes de corrupción en estructuras del Estado.
#CrónicasDeLaMemoria
Por Andrés Colmán Gutiérrez - @andrescolman
El 16 de octubre de 2014, poco después de las 9 de la mañana, la camioneta Mitsubishi L-200, doble cabina, color blanco, conducida por el periodista Pablo Medina, corresponsal del diario ABC Color en Canindeyú, llegó hasta la humilde vivienda de la familia Almada Chamorro, en el centro urbano de Villa Ygatimí, a 45 kilómetros al norte de Curuguaty.
Con el periodista viajaban J. R. (30) y su hermana Antonia Maribel (19), quienes vivían y estudiaban en Curuguaty, aunque sus padres residían en Ygatimí.
Antonia, estudiante de análisis de sistema, colaboraba con Pablo y lo acompañaba con frecuencia en sus coberturas. Ese día, junto con su hermana J. R., iban a aprovechar el viaje y quedarse una horas en la casa paterna, mientras el periodista realizaba sus coberturas, pero al final decidieron solo pasar a saludar un rato a sus padres y luego acompañar el recorrido, que los llevaría a las colonias Ko'ê Porã, Ára Vera y Crescencio González.
"¡Estaban tan contentas, tan alegres cuando se despidieron!", recuerda en medio de lágrimas la mamá de ambas chicas, María Teresa Chamorro de Almada, una humilde mujer que atiende una despensa en su hogar y pide no ser retratada en fotos, por temor a represalias de los mafiosos.
Tras concluir las entrevistas con dirigentes campesinos de Ko'ê Porã acerca de una plaga de gusano marandova que amenazaba a los cultivos, poco después del mediodía, Pablo y sus acompañantes regresaron en la camioneta por el desolado camino de tierra hacia Ygatimí.
Pablo iba al volante. En el asiento del acompañante iba Antonia, quien se ocupaba de cebar el tereré. Detrás iba la hermana, J. R., con las ventanillas de vidrios polarizados oscuros totalmente cerradas.
Lo que ninguno de ellos sabía era que habían estado siendo vigilados y seguidos desde el mismo momento en que la camioneta salió de Ygatimí.
Según lo estableció luego la investigación realizada por el Ministerio Público, un hombre en motocicleta los seguía a distancia en todo momento e iba informando sobre sus movimientos por llamadas de teléfono celular a otros cómplices.
Disparos en la frontera
El hombre de la moto era Flavio Acosta Riveros, sobrino del entonces intendente municipal de la fronteriza ciudad de Ypehú, Vilmar "Neneco" Acosta, denunciado reiteradas veces como presunto jefe de una banda de narcotraficantes por una serie de publicaciones periodísticas realizadas por Pablo Medina.
Escondidos detrás de los matorrales, al costado del camino, aguardaban Wilson Acosta Márquez, hermano de Neneco, y uno de sus pistoleros más fieles, Arnaldo Javier Cabrera, quien también se desempeñaba como chofer del intendente, siempre según la versión establecida por la Fiscalía.
Aproximadamente a las 14.20, cuando la camioneta de Pablo se aproximó al lugar, los dos hombres armados y vestidos con uniformes de combate tipo camuflaje (para'i), salieron de la espesura y le hicieron señas al conductor para que detenga el vehículo.
El periodista creyó que eran militares o agentes de una tropa de elite de la Policía, ante lo cual detuvo la marcha para conversar.
Wilson Acosta le habría preguntado en guaraní: "¿Nde piko ha'e la Pablo Medina? (¿vos sos Pablo Medina?)", a lo que el periodista contestó afirmativamente.
Wilson entonces lo encañonó con la potente escopeta calibre 12, ante lo cual Medina solo alcanzó a implorar "¡Anina che jukati! (No me mates!)".
El potente disparo le segó la vida casi al instante.
El ataque fue reforzado con disparos de una pistola 9 milímetros, y los balazos alcanzaron a Antonia, quien quedó mal herida y fallecería varios minutos después.
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| La camioneta del periodista en la escena del crimen, minutos después del ataque. |
Testigo en peligro
La joven J. R., quien viajaba detrás, alcanzó a ver a los desconocidos con armas e instintivamente se agachó en el piso, ocultándose detrás del respaldar de los asientos delanteros.
Debido a los vidrios polarizados alzados de la parte trasera del vehículo, aparentemente los asesinos no se dieron cuenta de que había una tercera persona y tras cerciorarse de que Pablo Medina estaba muerto y su acompañante malherida, se alejaron con prisa del lugar.
La joven J. R. si pudo ver sus rostros y reconocerlos luego en fotografías, lo cual la convirtió en testigo principal del caso, actualmente protegida por la Fiscalía.
Ese día, tras el ataque, aún en estado de shock, la mujer pudo tomar el teléfono celular de Pablo y llamar al último contacto con quien este había conversado, uno de los dirigentes campesinos del asentamiento Ko'ê Porã.
Fue así como en pocos minutos la terrible noticia empezó a propagarse a través de los medios electrónicos, de las radioemisoras, de las redes sociales en internet y los canales de televisión: "Periodista del diario ABC color es asesinado por sicarios de la mafia".
Era el golpe criminal más audaz que una banda del narcotráfico asestaba contra un miembro de la prensa, en este caso el corresponsal de uno de los diarios más importantes del país, generando una gran conmoción en la sociedad.
Pablo Medina se convertía en el periodista número 15 asesinado en el Paraguay de la era democrática, pero no iba a ser el último.
La narcopolítica al desnudo
El asesinato de Pablo y Antonia, además de causar un gran shock en toda la sociedad paraguaya, puso en foco la dimensión que habían adquirido en los últimos años las actividades ilícitas del crimen organizado, y en particular del narcotráfico, con sus nexos directos en el mundo de la política y las instituciones del Estado, alcanzando por igual a autoridades del Poder Ejecutivo, Legislativo y Judicial.
El impacto que el crimen provocó en los medios de comunicación y en diversas instancias de la sociedad, generando numerosas movilizaciones de protestas de los gremios periodísticos y reclamos de organizaciones internacionales, obligó a las autoridades a actuar y a responder de modo especial a la crisis.
El Ministerio Público desplegó un esfuerzo investigativo pocas veces visto y pudo individualizar en pocas semanas con mucha precisión que el intendente de Ypehú, Vilmar Neneco Acosta Marques fue quien ordenó el crimen.
También se estableció, principalmente a través del cruce de llamadas telefónicas, que los involucrados realizaron entre sí desde horas antes del asesinato, que los ejecutores del crimen eran Wilson Acosta Marques (hermano de Neneco), Flavio Acosta Riveros (sobrino de Wilson y Neneco) y Arnaldo Javier Cabrera, chofer y sicario.
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| Antonia Almada, también asesinada. |
La gravedad de lo ocurrido motivó además que los principales medios periodísticos -especialmente el diario ABC Color, seguido por Última Hora-, realicen varias investigaciones a fondo sobre la realidad de la narcopolítica, reflotando aún con más fuerza lo que Pablo Medina venía publicando, mostrando cómo Neneco Acosta ejercía desde su cargo de intendente municipal de Ypehú -logrado con apoyo del oficialista Partido Colorado- una doble función paralela como jefe narco, manejando todo el mercado de producción y venta ilegal de marihuana y el tráfico de cocaína en la región, además de ser señalado por supuestamente haber ordenado el asesinato de más de una veintena de personas.
Las investigaciones paralizadas
El resultado más fructífero de la investigación oficial fue lograr la detención del ex intendente Vilmar Neneco Acosta Marques, el 4 de marzo de 2015, en la ciudad de Naviraí, estado de Minas Gerais, Brasil, mediante un seguimiento de agentes policiales paraguayos, en colaboración con la policía brasileña.
La Justicia paraguaya, a través de la Cancillería, ha realizado trámites para lograr la extradición de Neneco al Paraguay, procedimiento que se espera pueda concretarse en las próximas semanas.
También se logró la captura en territorio paraguayo de Arnaldo Javier Cabrera, el chofer y sicario que admite haber participado del ataque, pero los principales ejecutores, Wilson Acosta Marques y Flavio Acosta Riveros, continúan prófugos.
Las investigaciones no han avanzado mucho en dirección a desmontar el resto de la red de organizaciones criminales y sus cómplices políticos, que siguen operando con total impunidad en toda la región de Canindeyú y departamentos aledaños.
Tampoco se ha investigado en serio desde la Justicia a los sindicados como principales protectores o "padrinos políticos" del ex intendente Vilmar Neneco Acosta, entre ellos la diputada colorada y ex gobernadora de Canindeyú, Cristina Villalba, apodada "la reina del Norte", además de su hermano, el actual intendente municipal de La Paloma, Carlos "Cabrito" Villalba, y el actual gobernador departamental, Alfonso Noria Duarte, a quienes varios indicios también ligan con las actividades fronterizas.
Por el contrario, desde las esferas más altas del Poder Ejecutivo y del Partido Colorado, se ha establecido un operativo de blanqueo del llamado "clan Villalba".
El propio presidente de la República, Horacio Cartes, en un acto oficial de inauguración de la estación de energía de Salto del Guairá, el jueves 13 de octubre de 2015, a solo tres días de conmemorarse el primer año del asesinato de Pablo Medina y Antonia Almada, brindó públicamente su respaldo a los cuestionados personajes, dejándose fotografiar abrazado con Villalba y Noria.
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| La movilización de los periodistas, exigiendo justicia para Pablo y Antonia. |
Investigación parlamentaria archivada
Uno de los logros importantes de la presión mediática y ciudadana que siguió al asesinato de Pablo y Antonia, fue que el Congreso Nacional establezca una Comisión Bicameral de Investigación, en octubre de 2014, integrada por tres senadores y tres diputados (Arnoldo Wiens, Miguel Ángel López Perito, Luis Alberto Wagner, Olimpio Rojas, Tomas Rivas y Pablino Rodríguez).
El trabajo de la Comisión permitió, por primera vez en la historia política del Paraguay, exponer en forma pública, desde el pleno del Congreso Nacional, en base a informes e investigaciones en curso de la Secretaría Nacional Antidrogas (Senad), los nombres de varios de los principales legisladores y políticos sospechados de mantener nexos con el narcotráfico. Sin embargo, la mayoría de ellos no han sido sometidos a procesos, ni siquiera se les ha abierto una investigación seria por parte de la Fiscalía y de la Justicia.
El informe final de la CBI sobre el caso Pablo Medina, entregado oficialmente en junio de 2015, afirma que hay "infiltración del crimen organizado" en los tres poderes del Estado; que el país se encuentra " ante un sistema delincuencial de magnitud internacional", y que se está "al borde de ser un Estado fallido".
Además confirma graves situaciones, como "el alto nivel de corrupción policial en la zona" de Canindeyú, "la precariedad con la que funciona el Poder Judicial", y el reconocimiento explícito de autoridades de que el 35% de los pobladores se dedican al cultivo ilegal de la marihuana como medio de subsistencia.
Hay "ausencia de investigaciones serias y responsables sobre personas y situaciones, que son de conocimiento generalizado en las regiones en que gobierna el crimen organizado", reconoce el informe.
También destaca el nulo interés de la Seprelad (Secretaria de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes) y de otros organismos en investigar a los sospechosos de tráfico ilícito y lavado de dinero,
Un punto clave que confirma el trabajo de la comisión parlamentaria fue la actuación del entonces ministro de la Corte Suprema de Justicia, Víctor Núñez, en liberar al entonces político colorado Vilmar Neneco Acosta de un caso en que había estado preso, en el año 2011, junto con su padre, Vidal Acosta, acusados de homicidio, tras hallarse restos humanos de presuntos asesinados en una propiedad de la familia, en Ypehú.
Núñez fue quien facilitó la liberación de Neneco, a pesar del grave delito por el que estaba procesado y detenido, y de todos los indicios de que era un capo criminal, ayudando a que fuera habilitado para presentarse a elecciones, para ganar la intendencia de Ypehú, con el apoyo político del Partido Colorado y en especial del clan Villalba en la región.
"Un clan envuelto en varios casos de asesinatos es el de los Villalba y un caso señalado es el que involucra al esposo y suplente de la diputada colorada Cristina Villalba, Félix Antonio Abente, quien fue señalado en el 2005 por varios testigos como el autor del homicidio de Ramón Concepción Villamayor; sin embargo, el juez Silvio Flores lo sobreseyó del crimen", apunta el informe.
Agrega que "otra víctima de asesinato, que supuestamente involucra al clan Villalba, es el caso de Rosimar dos Santos, quien era candidato a concejal en la localidad de La Paloma (Canindeyú) y era líder de un movimiento contrario a los intereses de la familia".
Con respecto al actual gobernador de Canindeyú, tras enumerar los cuantiosos bienes y propiedades que el político adquirió en tiempo récord, el informe sostiene: "El gobernador Alfonso Noria Duarte, con apoyo de otros actores políticos de Canindeyú, montó una asociación criminal, que llevó finalmente a un esquema de enriquecimiento ilícito, que le permite llevar un estilo de vida en total desacuerdo con sus ingresos".
"Además, permite inferir que, cuanto menos, estaría causando un grave perjuicio al erario público departamental, con el consiguiente daño al bienestar a la población de Canindeyú. A través del esquema explicado, se enriquecen ilícitamente tanto él como sus familiares más cercanos y sus 'asociados' comerciales, lo cual hace absolutamente necesario que los organismos jurisdiccionales correspondientes actúen con celeridad para llevar adelante la investigación solicitada", agrega el informe de la CBI.
Tras las graves acusaciones contenidas, el Ministerio Público dio apertura de una carpeta relacionada al gobernador de Canindeyú, Alfonso Noria, indicando que éste también fue un tema pedido de la CBI y que ameritaba ser investigado. No obstante, no hubo el mismo proceder contra el clan Villalba, ni contra otros políticos acusados de mantener nexos con el narcotráfico.
Una placa en medio de la nada
Cuando se cumplieron dos años del asesinato, los familiares del comunicador, con el apoyo de organizaciones sociales y gremios de periodistas, inauguraron una placa que recuerda a Pablo y Antonia, en el mismo lugar donde fueron asesinados.
"Con este acto queremos exigir un combate serio a la narcopolítica, porque hasta ahora todo queda en discursos de las autoridades. No se ha realizado una investigación seria, quienes son padrinos de los asesinos siguen en el poder", dijo en la oportunidad Dyrsen Medina, hija de Pablo.
La placa de homenaje, sostenida por un monolito de cemento y construida por la Intendencia Municipal de Villa Ygatimí, en medio del desolado camino fronterizo, dice textualmente: "Fueron unas personas muy especiales, mártires de la verdad y acallados por la mafia...".
Los procesados por el crimen del periodista
-Vilmar “Neneco” Acosta Marques, ex intendente de Ypejhú, ordenó y coordinó por teléfono el atentado contra Pablo Medina. Fue capturado en Caarapó, Brasil, el 4 de marzo de 2015, y luego extraditado a Paraguay, el 17 de noviembre del mismo año. Un Tribunal de Sentencia lo condenó a una pena ordinaria de 30 años de cárcel, más otros nueve años como medida de seguridad, en un juicio que terminó el 19 de diciembre de 2017.
-Wilson Acosta Marques, hermano de Vilmar, fue quien abrió fuego con una escopeta calibre 12 que le destrozó la cabeza al corresponsal. Se cree que está oculto en Brasil, donde es buscado por varios crímenes, como el de un agente de la Policía Militar. Es el único involucrado directo aún prófugo.
-Flavio Acosta Riveros, sobrino de Vilmar y de Wilson. Disparó contra la camioneta de Medina con una pistola calibre 9 milímetros, desde el lado de la ventanilla del acompañante. Fue apresado en Pato Branco, Brasil, el 9 de enero de 2016, luego de agredir a su concubina. Está recluido en una cárcel de Foz de Yguazú, donde será sometido a juicio por este asesinato.
-Arnaldo Javier Cabrera López, fue chofer de Vilmar. Su celular fue usado por Neneco para coordinar la ejecución. Fue capturado en un monte de Ypejhú el 8 de diciembre de 2014. Fue condenado a cinco años de cárcel por omisión de dar aviso de un hecho punible.
